El Gobierno tenía que haber aprobado antes del 4 de octubre la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, más conocida como Ley de Ciencia. Aprobada en 2011, debió haber entrado en vigor el 1 de enero de 2014: la ley establecía una actualización salarial para «todo personal investigador funcionario al servicio de los Organismos Públicos de Investigación», (los OPIs), que son «aproximadamente 3.624 investigadores» según las estimaciones del ministerio que dirige el astronauta Pedro Duque. El Ejecutivo de Mariano Rajoy nunca desarrolló la norma, hasta que en abril de 2018 el Tribunal Supremo, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, le ordenó aprobarla en un plazo de seis meses. Plazo que venció el pasado 4 de octubre sin que la legislación haya sido aprobada.

La moción de censura del 31 de mayo y el 1 de junio cambió el color del Gobierno, del PP al PSOE. Y el Gobierno actual sigue sin pasar la norma por la oposición del Ministerio de Hacienda, cuya ministra es María Jesús Montero. Así lo confirma la Secretaría General de Coordinación de Política Científica, dependiente de Ciencia, en un informe remitido al Supremo y obtenido por El Independiente.

Hacienda confirmó una reunión clave para actualizar los salarios con dos meses de retraso

El documento, fechado el 29 de marzo y de 6 páginas, relata los obstáculos decretados por Hacienda, empezando por la solicitud «urgente» de crear un «grupo de carácter técnico» dentro de la Mesa general de Negociación de la «Administración General del Estado» para abordar el asunto. «La Secretaría General (…) puso de manifiesto en reiteradas ocasiones a los citados Ministerios de Política Territorial y Función Pública y Hacienda la urgencia de la celebración de la nueva reunión con los representantes sindicales, ante la necesidad de aprobar la norma proyectada», señala el texto.

«A estos efectos», indica el informe, «el Ministerio de Política Territorial y Función Pública no obtuvo la confirmación del Ministerio de Hacienda para la convocatoria de ese Grupo Técnico hasta transcurridos más de dos meses». El grupo técnico fue convocado finalmente el pasado 11 de marzo bajo la presidencia del secretario general de Coordinación de Política Científica, en el que se alcanzó un acuerdo «que deberá ser ratificado por la citada Mesa General», algo que no se ha producido. En consecuencia, los 3.624 investigadores funcionarios siguen sin la subida salarial concebida en una ley de hace ocho años.

No hay conformidad de Hacienda a pesar de la urgencia requerida por el tema»

Sin embargo y a tenor de lo recogido en el informe, la problemática no ha sido ni mucho menos resuelta, principalmente por culpa de la burocracia. «Desde la Secretaría General [del Ministerio de Ciencia] se envió el nuevo texto al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y se requirió la reunión urgente de la Mesa General», detalla. Pero ésta no se ha producido: «En estos momentos todavía se está pendiente de que la Mesa General sea convocada y ratifique las decisiones adoptadas por el grupo de trabajo. Función Pública no puede llevar a la mesa el texto acordado y previamente informado por todos los ministerios hasta tener de nuevo la conformidad del Ministerio de Hacienda, que hasta la fecha no se ha producido a pesar de la urgencia requerida por el tema».

Para agravar la demora, Ciencia afirma que «Hacienda ha solicitado de nuevo el texto resultante, que no ha sufrido cambio alguno en sus aspectos esenciales ni altera el contenido económico del Real Decreto», aprobado con los últimos Presupuestos Generales. Hacienda ha «requerido además información sobre el coste económico de la aplicación del nuevo sistema retributivo y ha instado a las OPIs que no dispongan de crédito suficiente en el capítulo 1 (de la Ley de Presupuestos titulado Créditos iniciales y financiación de los mismos) para hacer frente a la parte correspondiente del coste económico de la medida a que tramiten una modificación presupuestaria de los créditos de los capítulos 2 a 7″.

La mejora de salarios no ocurrirá antes del 28-A. El último paso es el Consejo de Estado

Con seguridad la ley no se desarrollará antes de las elecciones del próximo día 28 de abril, porque Ciencia advierte de más trámites «una vez se disponga del informe favorable del Ministerio de Hacienda y tras la ratificación del Real Decreto en Mesa General». Concretamente, quedaría «solicitar el dictamen del Consejo de Estado», dice el informe.

Cuando saltó la sentencia del Supremo hace exactamente de un año, los funcionarios investigadores afectados, de acuerdo con lo entonces publicado, eran 877; ahora el ministerio de Pedro Duque los eleva a 3.24 científicos. Los recurrentes son funcionarios de carrera que argumentaban que si no se aprobaba la nueva ley perderían los complementos por méritos investigadores (esto es, quinquenios) y de excelencia científica del complemento específico (sexenios). El ministerio que dirigía Cristóbal Montoro reconoció los retrasos, pero lo justificó que no podía porque la ley suponía un incremento de gasto que chocaba con las limitaciones presupuestarias de 2014 y 2015.