Economía

Bruselas da por perdido el Presupuesto de España para 2019

Pide un ajuste de 7.800 millones ya en 2020 consciente de que no habrá reducción del déficit estructural este año

El secretario del PSOE, Pedro Sánchez, junto al comisario europeo, el socialista Pierre Moscovici.

El secretario del PSOE, Pedro Sánchez, junto al comisario europeo, el socialista Pierre Moscovici. EUROPA PRESS

Pedro Sánchez necesita un Gobierno para dirigir la política del país, pero también un Presupuesto. Y el problema es que, sobre el papel, no solo se tarda menos en dar forma a un Consejo de Ministros que a tramitar la principal Ley económica del año, sino que además una cosa va detrás de la otra.

Este año la parálisis política hará que no sea posible comenzar a tramitar unas nuevas cuentas públicas dentro de los plazos habituales, antes del 30 de junio, pero queda la duda de si serán los Presupuestos de 2019 o ya los de 2020. Dicho de otro modo, la cuestión es si 2019 será un año perdido en términos presupuestarios o no.

La lógica parlamentaria hace pensar que así será, pese a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aún no cierra la puerta. La versión oficial es que todo depende de cuándo se conforme el Gobierno.  En un acto organizado por UGT-Madrid, la ministra ha asegurado que si se dispone de un tiempo «razonable» se podrán presentar los Presupuestos de 2019, pero que si esos tiempos se alargan, «probablemente haya que trabajar ya en los de 2020». El Gobierno está «preparado para ambas opciones».

Al  menos, el Presupuesto debería tener capacidad de implementación durante un tiempo superior a un trimestre para que tuviera sentido. Además, leyes que decayeron con la convocatoria anticipada de las elecciones, como las que iban a poner en marcha la tasa a las transacciones financieras (‘tasa Tobin’) y a determinados servicios digitales (‘tasa Gooble’) tendrán que volver a tramitarse a la espera de una aprobación definitiva.

De puertas para dentro, fuentes de Hacienda se remiten al Programa de Estabilidad remitido a Bruselas este año, en el que ya se contemplaba un escenario presupuestario para 2019 a políticas constantes y se aplaza la mayor recaudación derivada de los nuevos impuestos y de las subidas impositivas al año 2020.

¿Y qué espera Bruselas?

Este momento de indefinición se produce en un momento clave. La Comisión Europea ha cerrado por fin el expediente a España por déficit excesivo después de 10 años. Una buena noticia sin duda, pero que acarrea otras responsabilidades.

La UE someterá ahora al país a un procedimiento de vigilancia en el que lo que controlará es el ritmo de reducción de la deuda pública, el cumplimiento de la regla de gasto europea –que incluye el gasto en pensiones– y el déficit estructural, el que se calcula a partir de los gastos e ingresos permanentes de las Administraciones.

Pues bien, en las recomendaciones publicadas por la Comisión Europea este miércoles se constata que España no empieza con buen pie. De entrada, Bruselas recuerda que en julio de 2018 instó al Gobierno a no incrementar el gasto por encima de un 0,6% en 2019 junto a un ajuste estructural del 0,65% del PIB, el equivalente a unos 7.800 millones de euros.

En la práctica, España tenía un margen de 0,5 puntos del PIB de desviación sobre esta meta a repartir entre los ejercicios 2019 y 2020. Sin embargo, ni con este ‘extra’ será posible cumplir en 2019, como ya lo reconoce el propio Programa de Estabilidad.

No obstante, se contemplaba en este primer toque de atención que si no había nuevas cuentas públicas en 2019 y, por tanto, tampoco reducción del déficit estructural, el esfuerzo recomendado se retrasaría a 2020. Pues bien, Bruselas anticipa que, de acuerdo con la información disponible hasta esta primavera, existe el riesgo de una «desviación significativa» de la
senda de ajuste en 2019.

A continuación, señala que, en 2020, un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB, en línea con un límite de crecimiento del gasto primera neto –el que se emplea para calcular el déficit estructural– del 0,9%, «parece adecuado».

Por tanto, Bruselas se centra ya en trasladar el ajuste exigido en 2019 a 2020 y añade también que existe el riesgo de una desviación significativa del ajuste fiscal requerido en 2020 si no se toman nuevas medidas presupuestarias. «En general, deben tomarse las medidas necesarias a partir de 2019 para cumplir con las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», concluye.

¿España está en disposición de cumplir?

Lo cierto es que la senda de reducción que contempla el último Programa de Estabilidad es ligeramente menos exigente que la que plantea de nuevo Bruselas. Según explica el Gobierno en el documento, la ausencia de nuevos presupuestos llevará, si no hay cambios de última hora, a que los límites recomendados por Bruselas de déficit estructural y regla de gasto par este año se superen con creces.

De acuerdo con la metodología de la Comisión Europea, el gasto se dispararía un 3,9%, más de cinco veces más, y el ajuste estructural apenas sería de una décima del PIB. En este sentido, el documento remitido a Bruselas explica que “la aprobación de los Presupuestos para 2019 habría permitido poner en marcha las medias de ingresos previstas por el Gobierno y realizar un esfuerzo estructural de alrededor de cinco décimas del PIB”.

Además, el Gobierno reconoce en ese texto que dentro de tres años, el déficit estructural de España duplicará la tasa fijada como objetivo a medio plazo por la UE, del 0,5% del PIB.

En el corto plazo, la previsión es que el déficit estructural aumente incluso al 2,7% del PIB en 2019, una décimas más, y que se reduzca al 2,2% en 2020, medio punto, en lugar del 0,65% que demanda Bruselas.

Es por eso que la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha llamado a «centrarse más en ajustes estructurales y no tanto en los déficits nominales» y ha precisado que  el ajuste del 0,65% del PIB que pide Bruselas se encuentra «en línea» con lo recogido en el Programa de Estabilidad.

 

 


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