Economía

Iglesias paga la factura de las pensiones: Sánchez no olvida que dinamitó el Pacto de Toledo

Unidos Podemos evitó el pasado mes de febrero un acuerdo en el Pacto de Toledo que habría supuesto una baza electoral clave para Sánchez de cara a las elecciones generales de abril

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, este martes en Moncloa.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante una de sus reuniones en la Moncloa. EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recela de Unidas Podemos. Lo hace en público y también en privado. Y no solo por su posición en el conflicto de Cataluña o la consulta sorpresa a las bases sobre la posibilidad de entrar en un Gobierno de coalición con el PSOE.

A Sánchez no se le olvida que, después de más de un año madurando un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo para volver a revalorizar las pensiones con el IPC y consensuar nuevas fuentes de financiación del sistema de pensiones para hacerlo posible; cuando el acuerdo se daba por hecho y los socialistas veían ya la ventaja electoral que les daría semejante victoria ante un colectivo de más de ocho millones pensionistas, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea dinamitó el pacto de forma inesperada el pasado mes de febrero  y sumió a la comisión permanente en la inestabilidad.

Dentro de un nuevo periodo electoral, Sánchez siempre se ha mostrado confiado en que el Pacto de Toledo resurgirá de sus cenizas y logrará cerrar aquel acuerdo que no fue. Ha dado por hecho que será capaz (lo incluyó en su último programa electoral) de encontrar la forma de volver a revalorizar las pensiones con el IPC y establecer un contingente de medidas para absorber el déficit de la Seguridad Social, que supera los 18.000 millones de euros, en un tiempo récord de cuatro años.

Sin embargo, aguas abajo, fuentes del PSOE admiten que el futuro del Pacto de Toledo es incierto tras la irrupción de Vox o la salida de su miembro más respetado, el ex diputado de PDeCAT, Carles Campuzano. Y, sobre todo, siguen sintiendo el escozor de aquel acuerdo frustrado en pensiones.

Como un boomerang, esa decisión de Unidos Podemos sale ahora a colación en el PSOE a la hora de valorar un posible pacto de Gobierno con la formación morada, según fuentes próximas al presidente del Gobierno.

De forma que, si el Ejecutivo reconoce ahora dificultades para financiar la subida de las pensiones con el IPC aprobada para los años 2018 y 2019, sin la posibilidad de llevar a cabo medidas para mejorar los ingresos por la vía de los Presupuestos, que tumbaron PP y Ciudadanos y que no se aprobarán en 2019, esa factura la va a pagar en último término la formación de Pablo Iglesias, que sigue teniendo la mano a Sánchez para formar Gobierno.

La punta y el iceberg de la desconfianza

Mientras el líder de lo que ahora se conoce como Unidas Podemos asegura que el presidente del Gobierno habría dado por rotas las negociaciones para un posible Gobierno de coalición progresista por las presiones de las empresas del Ibex o los propios medios de comunicación, el relato público de Sánchez es que no es de recibo la convocatoria el pasado viernes por sorpresa de una consulta a las bases de Podemos sobre su investidura.

La consulta a los inscritos viene a preguntar si quieren que Podemos entre en el Gobierno o se quede fuera, lo que “hace imposible” el acuerdo, según aseguraron fuentes de Moncloa.

En Moncloa consideran que la consulta está “manipulada” para torpedear las negociaciones con el objetivo de impedir cualquier acuerdo que no pase por la entrada del líder de Podemos en el Ejecutivo. Sin embargo, fuentes próximas a Sánchez añaden que la cuestión viene de atrás.

El Pacto de Toledo sin Podemos

De una parte, Podemos llevaba amenazando con levantarse del Pacto de Toledo desde mayo de 2018, como adelantó entonces El Independiente. Desde el primer momento se opuso a secundar el acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV para subir las pensiones un 1,6% en 2018 y 2019. La portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, insistía entonces en que eso no significaba que las pensiones se fueran a vincular con carácter estructural a la inflación.

Poco después, Pedro Sánchez desembarcaba en La Moncloa en junio de ese año con el firme propósito de derogar la última reforma, que había condenado a los pensionistas a exiguas subidas del 0,25% al año, y consolidar la vuelta a la indexación de las pensiones con el IPC más allá de 2019.

La negociación fue dura en el Pacto de Toledo y se desenvolvió entre una creciente oleada de protestas de los pensionistas en la calle, que llegaron literalmente a las puertas de la comisión. Protestas que no habían cesado pese a la caída del Gobierno de Mariano Rajoy y que se hicieron tan evidentes en el último tramo de 2018 que ni PP ni Ciudadanos, principales defensores de la reforma de las pensiones de 2013, no pudieron por más que rendirse: la última reforma de las pensiones no gozaba de un consenso social.

En ese clima, el Pacto de Toledo cerró un acuerdo en octubre de 2018, al que no se sumó ERC, en torno a la recomendación dos, la relativa a la revalorización de las pensiones, que desembocó en una redacción en la que se vinculaban las pensiones al IPC real, aunque dejando la puerta abierta a que cualquier Gobierno, de acuerdo con la comisión y el diálogo social, desactivara esta posibilidad. La pregunta en ese momento era si el Gobierno sería capaz de llevar una recomendación así a la legislación.

Sánchez, el confiado

Era otro tiempo político, prometedor para Sánchez, y todo apuntaba a que, con el acuerdo en el Pacto de Toledo, así sería. Sánchez dejaba que las conversaciones en el diálogo social y en el Pacto de Toledo se sucedieran en paralelo. Hay que recordar que la comisión debía cerrar otra veintena de recomendaciones para suscribir un pacto global que incluyera también iniciativas para reforzar los ingresos del sistema de pensiones.

Un acuerdo en alguno de los dos foros le daría la suficiente legitimidad al Gobierno para aprobar un decreto o presentar cualquier otra iniciativa legislativa para volver a vincular las pensiones con el IPC. Además, los años 2018 y 2019 estaban salvados con las subidas comprometidas por el Gobierno del PP. Había tiempo.

Pasaron los meses y llegó el momento de la verdad. La maquinaria legislativa de Pedro Sánchez estaba en marcha y la necesidad de actuar en materia de pensiones, mientras se tramitaban los Presupuestos de 2019, en los que se consignaba una previsión de gasto en prestaciones récord, dio lugar a un decreto-Ley que fue aprobado el 28 de diciembre, en el que se incluía un amplio abanico de medidas para incrementar los gastos del sistema. Y ahí pudo cambiar todo.

En el borrador de aquel decreto se incluía la modificación del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social “con la finalidad de que la fórmula de revalorización utilizada sea la que se aplique indefinidamente, y no solo para 2019, recuperando en la nueva redacción, para las pensiones del sistema de la Seguridad Social, incluidas las del Régimen Especial de las Clases Pasivas del Estado, la fórmula de revalorización vigente antes de la reforma operada en 2013”. Dicho de otro modo, el decreto era la esperada voladura de la reforma de pensiones de 2013.

Sin embargo, el mismo día de la aprobación del decreto, esta cuestión desapareció del articulado y, en su lugar, la versión definitiva dispuso que, “en el plazo de seis meses, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para modificar los artículos citados y establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social”.

Sánchez, recula y espera

Esta disposición no se ha materializado porque, transcurridos esos seis meses, el Gobierno sigue en funciones. Pero lo más importantes que, según fuentes conocedoras de las deliberaciones del Gobierno en aquellos días, el Ejecutivo habló con todos los grupos parlamentarios, que aún estaban ultimando las recomendaciones en el Pacto de Toledo, y optó por no adentrarse en la derogación de la reforma de las pensiones a la vista de que el acuerdo en la comisión estaba muy próximo.

Con un pacto en ese foro, la patronal se vería impelida a firmar un acuerdo en el diálogo social también. Por eso se decidió esperar y darse un plazo de seis meses más.

Otras fuentes relatan que la patronal afeó al Gobierno que incluyera en el decreto del 28 de diciembre algo que aún no se había firmado en diálogo social. De hecho, era tal la envergadura del acuerdo que incluso se barajó firmarlo en presencia del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguran, a mediados del mes de enero.

Sea como fuere, ya en el mes de febrero todo saltó por los aires cuando Sánchez convocó elecciones anticipadas. En ese momento, la nueva situación política se coló en el Pacto de Toledo, donde Unidos Podemos presentaron una enmienda a la totalidad de las recomendaciones que ya se daban por acordadas.

Era la última baza del Gobierno para presionar a la CEOE para que firmara un pacto en el marco del diálogo social que le permitiera remitir con toda legitimidad un decreto sobre pensiones que ningún grupo se negaría a convalidar.

En conclusión, según la versión del Gobierno, por jugar con los tiempos y buscar consensos, todo se demoró y el 28-A acabó de apuntillar un decreto fallido que habría sido convalidado sin ninguna duda en un contexto político sin elecciones a la vista. Y al final de la cadena está Unidas Podemos.

Más aún, fuentes conocedoras de lo ocurrido aquel día en el Pacto de Toledo aseguran que la persona que se encargó de presentar esa batería de enmiendas a las recomendaciones no fue la portavoz habitual de la formación morada, Aína Vidal, sino la diputada de En Marea Yolanda Díaz, la misma persona que ha sonado en las últimas semanas como candidata de Unidas Podemos para encabezar el Ministerio de Trabajo en caso de que Sánchez diera entrada a la formación de Pablo Iglesias en su Gobierno.

Ya el pasado 1 de marzo, con el Pacto de Toledo completamente roto, en una reunión del diálogo social, los sindicatos presionaron al Gobierno para que legislara. En efecto, el Gobierno barajó la opción de legislar unilateralmente mediante un decretazo. La redacción estaba disponible en aquel párrafo que no se llegó a incluir en el decreto de diciembre.

Sin embargo, el Gobierno no ha visto claro en ningún momento que el Congreso le fuera a dar la opción de apuntarse el gran tanto ante los pensionistas, nada menos que casi nueve millones de votantes. Además, parecía un suicidio político acudir a al Congreso con un decreto de pensiones cuya urgencia tenía difícil justificación, puesto que la siguiente revalorización sería en enero de 2020, y sin ir acompañado de un plan creíble de ingresos -el Pacto de Toledo no llegó a acordar nada al respecto-.

En estos momentos el panorama no es mucho más favorable, con un Parlamento si cabe más dividido y unas derechas más radicalizadas. Las pensiones subiendo con el IPC están más en el aire que nunca. Al menos, si se tienen que prorrogar los Presupuestos de 2018 un año más, subirían un 1,6%, lo que asegurará una ganancia de poder adquisitivo a los pensionistas dado que el IPC ronda en estos momentos el 0,4%.

 

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