La toma de las grandes decisiones del Estado se encuentra condicionada por la incertidumbre política, una nebulosa que no parece que vaya a disiparse en el corto plazo. Con el Consejo de Ministros y el Parlamento en situación de interinidad, a expensas de un acuerdo para formar gobierno que, a día de hoy, parece lejano, existen una serie de cuestiones que exigirían una solución más rápida de la que el Ejecutivo y el legislativo están en condiciones de ofrecer. Una de ellas es la renovación de la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es decir, del árbitro de la competencia y el supervisor de algunos de los antiguos mercados monopolísticos, que tiene sobre la mesa varios de los asuntos más relevantes de su historia.

El próximo 9 de septiembre finaliza el mandato de su presidente, José María Marín Quemada, de la vicepresidenta y responsable de la Sala de Supervisión Regulatoria, María Fernández; y de tres de sus consejeros: José María Guinart, Benigno Valdés y Clotilde de la Higuera. Son cinco de los diez miembros de su Consejo, quienes han ostentado el cargo desde la conformación del organismo, en 2013.

Su sustitución ha quedado aplazada como consecuencia de la situación de provisionalidad del Gobierno de España, que es el que nombra a sus miembros a través de un Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Economía. La designación de los vocales debe pasar también el trámite de la correspondiente comisión parlamentaria, por lo que sus nombres son negociados previamente por las formaciones políticas.

La factura de la luz

Dentro de la CNMC son conscientes de que la sustitución del ‘alto mando’ del regulador de la competencia no se realizará hasta la conformación del nuevo Gobierno, lo que obligará a sus miembros a tomar algunas de las decisiones más importantes de los últimos seis años con su mandato expirado.

Las resoluciones de la CNMC afectarán a aspectos importantes para el precio de la luz como los peajes de transporte y distribución

Entre ellas, se encuentra la aprobación de las circulares del sector eléctrico, es decir, de los documentos que definirán el marco regulatorio de la retribución de la electricidad y del gas en los próximos años. El asunto no es baladí, entre otras cosas, porque fijará y modificará algunas de las condiciones del mercado –hasta 2025 en el mercado eléctrico y 2026 en el gasístico- en un momento en el que las empresas viven pendientes de los fantasmas de la desaceleración económica y de la guerra comercial mundial.

El Pleno del regulador deberá aprobar las circulares antes del 31 de diciembre y, a partir de ahí, sacar adelante las resoluciones que pondrán en marcha esta nueva metodología, que afectará a aspectos importantes para la factura de la luz, como los peajes de transporte y distribución de la electricidad.

En la CNMC trabajan a sabiendas de que será muy difícil que la renovación del Consejo se produzca antes de final de año. Primero, por la posibilidad de que PSOE y Podemos no alcancen un acuerdo para gobernar en coalición y haya que convocar nuevas elecciones generales. Y, segundo, por lo complicado que resulta alcanzar cualquier pacto parlamentario, dada la actual distribución de los escaños. Esto último podría complicar la elección de los sustitutos de los cinco consejeros salientes. También, abre la puerta a que en el próximo consejo esté garantizada la ‘cuota catalana’ que durante los últimos años ha garantizado Guinart.

Sanción a Atresmedia y Mediaset

Pase lo que pase, la ley deja claro que los cinco consejeros con el mandato caducado podrán ejercer sus funciones sin ninguna limitación hasta que sean relevados. Eso les faculta para tomar las relevantes decisiones sobre el sector eléctrico que tienen sobre la mesa, pero también para cerrar otros asuntos que levantarán polvareda, como el expediente sancionador a Atresmedia y Mediaset, que se prevé que culmine con una sanción conjunta de alrededor de 100 millones de euros por unos hechos «graves».

La sanción podría implicar una reacción a la defensiva de estas empresas, que cuentan con algunos de los medios de comunicación más influyentes del país

Las dos grandes compañías de televisión fueron expedientadas en febrero de 2018 por las presuntas prácticas ilegales que habían desarrollado para acaparar el mercado publicitario. Entre otras cosas, por los acuerdos que mantenían con las centrales de medios, que supuestamente impedían que el resto de las empresas del sector compitieran en las mismas condiciones.

El asunto es mucho menos relevante para la economía española que el relativo a las circulares de las eléctricas, pero no tiene poca importancia -estiman estas fuentes-, entre otras cosas, porque concluirá con dos de las multas más elevadas de los últimos años -que las televisiones ya han anunciado que recurrirán- y porque modificará la relación que mantienen estas empresas con los anunciantes, entre los que se encuentra una gran parte de las principales compañías del país.

Por otra parte, en el organismo son conscientes de que la sanción podría implicar una reacción a la defensiva de estas empresas, que cuentan con algunos de los medios de comunicación más influyentes del país, como Antena 3, La Sexta y Telecinco; lo cual supone una complicación añadida para su Consejo.

Contratación pública

En las entrañas del regulador también se instruyen estos días expedientes complejos, como el que implica a más de una treintena de compañías -entre ellas, Deloitte, KPMG, PwC e Indra- por el presunto reparto de servicios de consultoría licitados en los últimos años por la Administración autonómica del País Vasco. Este asunto podría volver a probar la existencia de graves irregularidades en la contratación pública, al igual que ocurrió hace unos meses, cuando la CNMC impuso multas por valor de 118 millones de euros a varios de los principales contratistas del Estado, como OHL, Sacyr, ACS, Isolux y Abengoa, por conformar el denominado ‘cártel del AVE’, que alteró decenas de concursos públicos para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

Este asunto, por cierto, podría implicar que estas empresas tengan vetado durante un tiempo determinado el acceso a las licitaciones del sector público. La decisión está en manos desde el pasado marzo de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, la cual tiene sobre la mesa la resolución de la CNMC. Sin embargo, la incertidumbre política también ha paralizado este procedimiento, ante la falta de voluntad del Ejecutivo para tomar una decisión de este calado con el Consejo de Ministros en situación de provisionalidad.