El Ayuntamiento de Madrid comandado por Manuela Carmena aprobó el pasado marzo una nueva normativa para poner freno al boom de pisos turísticos en la capital. La nueva regulación obligaba a los propietarios a obtener una licencia municipal para poder operar como vivienda de uso turístico y se impuso como requisito para conseguirla tener una entrada independiente desde la calle, diferente a la del resto de vecinos.

Un requisito que en la práctica hacía imposible que cerca del 95% de los pisos turísticos de la capital pudieran seguir siéndolo y provocaba una “ilegalización masiva” de los mismos. Los propietarios de pisos turísticos, desde asociaciones de dueños a empresas gestoras de alquileres de corta estancia, lanzaron una batalla legal para tumbar el plan de Carmena con una batería de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La normativa del anterior equipo de gobierno municipal ha salvado el primer asalto de ese combate legal. El TSJM ha desestimado suspender de manera cautelar la aplicación del Plan Especial de Hospedaje aprobado por Carmena, como reclamaban dos de los recurrentes (la asociación de dueños de viviendas turísticas Madrid Aloja y la compañía Like Home Madrid), según adelantó Europa Press. Ahora el Tribunal deberá decidir sobre el fondo de la cuestión y determinar si anula o no la regulación.

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento, con José Luis Martínez-Almeida (PP) al frente, no oculta que su intención es reformar la regulación de viviendas de uso turístico heredada. Hasta ahora, desde el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano se apuntaba que no se tomaría una decisión sobre la reforma hasta que el TSJM decidiera sobre la suspensión cautelar del plan de Carmena.

Ahora que el tribunal ha decidido desechar las medidas cautelares, el Ayuntamiento aplaza la reforma hasta que haya una sentencia firme sobre todos los recursos presentados contra la norma, hasta un total de siete. “Vamos a esperar a que haya una decisión en firme del TSJM. No queremos modificar el plan vigente y luego tener que empezar de cero un nuevo plan si el Tribunal decide anular la regulación actual”, explican fuentes oficiales del Área de Desarrollo Urbano del consistorio, comandada por Mariano Fuentes (Ciudadanos). “Hasta que haya una decisión en firme el plan no se va a tocar”.

La sentencia, dentro de más de un año

La sentencia del Tribunal Superior de Madrid no llegará -según los tiempos habituales que confirman fuentes jurídicas- previsiblemente hasta dentro de más de un año, así que en principio ése es el periodo de gracia que pretende darle el equipo de Almeida al plan de su antecesora. Además, eventuales recursos a la sentencia, tanto en el propio TSJM y posteriormente en el Tribunal Supremo alargarían de facto todo el proceso durante cinco o seis años hasta tener realmente una sentencia firme.

Desde el Ayuntamiento se reconoce que se aspira a una reforma de la normativa –en el futuro, ahora sin fecha concreta- para hacerla “realista, porque la actual no lo es” y en la que, más que previsiblemente, se suspenderá la obligación de que los pisos turísticos tengan acceso diferenciado desde la calle. “Un plan que no prohíba de facto el alquiler turístico”, subrayan.

De momento, el nuevo equipo de Desarrollo Urbano de haber reforzado durante su mandato la labor de inspección con visitas a 365 edificios y 6.363 viviendas, de entre las que han detectado 1.202 viviendas de uso turístico. El nuevo Ayuntamiento subraya que ha dictado 358 órdenes de cese de actividad de pisos turísticos por incumplir la legislación.

Hasta ahora el consistorio no ha cerrado ningún piso turístico pese a la multitud de órdenes de cese. Y es que el procedimiento legal para conseguirlo es muy largo: tras la orden de cese de actividad el propietario del piso debe presentar alegaciones; si el Ayuntamiento las rechaza, el dueño puede presentar un recurso reposición; una vez resuelto, el consistorio ya puede ordenar el cierre del piso; pero entonces el titular de la vivienda puede ir a los tribunales por la vía de lo contencioso administrativo. Entre el actual equipo consistorial y el anterior acumulan un total de 800 órdenes de cese de actividad, de las que 450 ya han sido recurridas. El resultado: no se ha cerrado ningún piso en Madrid.

Más de 14.000 pisos y todos ilegales

Pese a la nueva normativa y sus restricciones, la oferta de pisos turísticos de la Madrid no ha dejado de crecer. Así lo confirma el contenido de las webs de los gigantes Airbnb y HomeAway, las dos mayores plataformas de alquiler y que controlan más del 90% del negocio de intermediación.

Ambos portales contaban con casi 21.500 anuncios de alojamientos en la ciudad de Madrid (14.550 eran de viviendas completas y más de 6.900 eran de habitaciones) el pasado agosto, un 10% más que un año antes, unos 2.000 alojamientos más, según los registros detallados de la web especializada Airdna a los que ha tenido acceso El Independiente, que confirman que se trata de un nuevo máximo histórico para ese mes.

Y ninguno, ninguno de esos miles de pisos turísticos, tiene la licencia obligatoria para ser legal. Cuando se puso en marcha el plan municipal de Carmena la licencia era exigible sólo a las viviendas que se alquilaran más de 90 días al año. Pero un decreto aprobado por la Comunidad de Madrid inmediatamente después tumbó ese plazo y pasó a considerarse viviendas de uso turístico cualquiera que ejerza esa actividad desde el primer día.

Así que ahora todos los pisos turísticos de Madrid, según la normativa, deben contar con una licencia de uso terciario desde el primer momento. Pero hoy por hoy el Ayuntamiento de Madrid (ni con el equipo de gobierno de Carmena ni por el capitaneado ahora por José Luis Martínez-Almeida) ha concedido ninguna licencia. Ninguna. A ningún piso turístico. Y consiguientemente el parque de viviendas turísticas de Madrid al completo es ilegal.