Economía

BASE DE DATOS DE PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA

Los notarios vigilan los negocios de 39.400 políticos y allegados para evitar la corrupción

El Consejo General del Notariado dispara el número de personas identificadas en una base de datos de cargos públicos a la que tienen acceso jueces y fiscales para luchar contra la malversación y el blanqueo.

Los notarios españoles refuerzan su gran instrumento para prevenir la corrupción política. El Consejo General del Notariado no deja de ampliar su base de datos para identificar a miles de personas con responsabilidad política con el objetivo de luchar contra la malversación de capitales públicos, la prevaricación y el blanqueo de dinero.

El Consejo de Notarios, a través de su órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales (OCP), tiene identificadas a un total de 39.437 personas con responsabilidad pública y a sus socios empresariales, según confirman a El Independiente fuentes de la organización.

Una gran base de datos con la que los notarios facilitan la especial vigilancia que la legislación obliga a tener sobre ellos para combatir la corrupción. El registro fue creado hace dos años esta base de datos y desde entonces no ha dejado de crecer. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, la Fiscalía y los jueces tienen acceso directo a la información de este registro sobre la identidad de las personas con responsabilidad política y de las empresas que controlan directamente o a través de intermediarios.

La legislación obliga a las entidades y cuerpos que trabajan contra el blanqueo de capitales a hacer una vigilancia especial y específica a las personas físicas con responsabilidades políticas. En la base están identificadas actualmente un total de 22.467 personas con responsabilidad pública por elección o por designación.

Se considera persona con responsabilidad política a todos los parlamentarios estatales, autonómicos o municipales, las altas instituciones del Estado (Jefatura del Estado, fiscal general del Estado, el jefe del Estado Mayor…), miembros de los gobiernos central, regionales y locales (en municipios de más de 50.000 habitantes), altos cargos de las diferentes administraciones hasta el nivel de director general, directivos de sociedades públicas… Y lo seguirán siendo hasta dos años después de dejar el cargo.

Para luchar contra la figura de los testaferros, también se incluyen en la base de datos de los notarios los allegados de estos cargos públicos, considerándose allegados aquellos que tienen una relación empresarial estrecha. La base de datos de los notarios tiene identificadas en este ámbito a 16.970 personas allegadas a los políticos o altos cargos (14.882 lo son por relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública y otras 2.088 por ser titulares reales de una sociedad en la que también participa un político).

El Consejo General del Notariado ya gestiona desde 2012 la Base de Datos de Titular Real, un gigantesco centro de datos en que se identifica a los dueños reales de más de 2,5 millones de empresas y organizaciones, aunque se utilicen sociedades pantalla o testaferros para ocultarla o para enmascararla.

Actualmente se considera “titular real” de una sociedad a personas o sociedades que gestionan una compañía o que de manera directa o indirecta tienen más de un 25% del capital o los derechos de voto.  Y es a partir de esta base de datos de titularidad real de empresas como los notarios conformaron la nueva base de datos de políticos y sus socios empresariales hace dos años.

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