El Gobierno quiere impulsar la implantación de nuevas energías renovables en España. Sus objetivos pasan por llegar a 2030 con un 35% de renovables en el consumo de energía final y un 70% de generación renovable en el sector eléctrico, y con la meta final de un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.

Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, confirma en el nuevo anteproyecto de Ley de Cambio Climático contempla la convocatoria de subastas de nueva potencia renovable cada año hasta 2030, con un mínimo de 3.000 megavatios (MW) anuales en licitación.

El Gobierno desbloquea así el lanzamiento de nuevas subastas, que no se celebran en España desde 2017, pero quiere cambiar por completo el mecanismo de las pujas utilizado hasta entonces y es más que improbable que dé tiempo a inaugurar el nuevo tipo de subastas este año y que se deje para 2021.

Pero el Gobierno se está encontrando con el rechazo de algunas de las grandes compañías energéticas porque consideran que las subastas ya no son necesarias en un momento en que proliferan los proyectos de energías verdes hasta el punto de que las solicitudes de acceso a la red eléctrica –entre las que ya tienen el permiso y las que están en estudio- acumulan una potencia conjunta que duplica todo el objetivo del Ministerio hasta 2030.

Una de las compañías que más expresamente pone en duda el plan de subastas del Gobierno es Endesa, la mayor eléctrica española por número de clientes y una de los grupos que se adjudicó una importante cantidad de potencia en las subastas de 2017. “Yo no las haría”, ha apuntado el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que ve en los procesos de puja de nueva potencia verde el origen de la especulación que ha estallado en el sector para enchufarse a la red de alta tensión.

“Las subastas son la razón principal de la burbuja que hay en España con los puntos de conexión a la red eléctrica. Si no hubiera habido subastas no habría tanta gente pidiendo conexión a la red solo para luego vender el permiso”, ha sentenciado este martes Bogas. “Se ha creado un negocio paralelo muy rentable de facilitador de acceso a la red. Se están pidiendo auténticas barbaridades en la reventa de accesos a la red”. Fuentes del sector apuntan a que se están pidiendo ya más de 200.000 euros por megavatio de potencia de conexión en este mercado de reventa.

Aluvión de solicitudes de nuevas renovables

España registra un auténtico aluvión de solicitudes de nuevos proyectos de energías renovables. Las peticiones de la autorización para engancharse a la red eléctrica desbordan todas las previsiones. Red Eléctrica de España (REE), encargada de gestionar las solicitudes para conectarse a la red de alta tensión, acumuló el año pasado peticiones de nuevas renovables con más de 203.000 megavatios (MW) de potencia conjunta.

Sin embargo, el plan del Gobierno para reducir las emisiones de efecto invernadero contempla la construcción de unos 56.000 MW de plantas verdes hasta 2030, casi cuatro veces menos. Las solicitudes que ya cuentan con el permiso para engancharse a la red ya casi duplican ese objetivo. Red Eléctrica ha concedido el permiso de acceso preliminar a proyectos con 102.000 MW y aún tiene estudio el permiso de otros 24.100 MW.

REE se lanzó el año pasado a pinchar la burbuja en el sector de las renovables y puso en marcha una criba masiva de proyectos verdes.  El grupo había denegado ya la solicitud de acceso a la red de proyectos con una potencia total de 77.500 MW al cierre de 2019, el 38% de todas las peticiones.  El gran problema -aunque desde REE se evita utilizar públicamente ese término para describir la situación del sector renovable- es que una parte sustancial de las solicitudes no cuentan con un proyecto real para construir una planta energética.

Revolución con un nuevo tipo de subastas

La pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica pasa por revolucionar la fórmula que regía hasta ahora las subastas para que las empresas compitan por los nuevos proyectos ofreciendo un precio fijo de la electricidad que se mantendría durante un periodo largo de tiempo (10, 15 o 20 años). Quien ofrezca la electricidad más barata gana.

Las compañías calculan con qué precio de venta de la electricidad su inversión en las nuevas plantas ya les resulta rentable y ofrecen mantenerlo a largo plazo. El Gobierno, en principio, fijaría un precio máximo  permitido (que se mantendría en secreto para no condicionar las ofertas de las empresas) y así asegurarse una rebaja en relación al precio de mercado.

A la espera de que se concreten de manera detallada las condiciones, el máximo ejecutivo de Endesa alerta de que establecer un precio fijo hace que una parte importante del sector (esos 3.000 MW de las subastas representan cerca de la mitad de la nueva potencia anual prevista por el Gobierno) pierda “la señal del mercado” sobre el precio de la electricidad. “Yo defiendo un modelo de libertad absoluta”.