Por fin se han dado a conocer los detalles de la línea de avales de 100.000 millones de euros que el Gobierno va a poner en circulación para que ninguna empresa se quede en la estacada por la crisis del Covid-19. Aunque ha cedido en algunos términos a las pretensiones de la banca, el Ejecutivo ha decidido cargar a las entidades financieras el coste de los avales, que será de entre el 0,2% y el 1,2%, dependiendo del plazo del crédito avalado, de su importe y del tamaño de la empresa.

A pesar de que ha conseguido esquivar el riesgo de aumentar su morosidad, la banca va a tener que asumir un coste con la línea de avales prometida por el Gobierno. Concretamente, tendrá que hacerse cargo del coste de los avales, que será diferente dependiendo de varias condiciones. En primer lugar, se mirará el plazo del crédito y después el volumen del mismo y el tamaño de la empresa.

Sin embargo, será un pequeño coste en comparación con el que podrían haber asumido de haber seguido adelante la pretensión inicial del Gobierno de respaldar solamente el 50% del crédito. La banca ha conseguido que el Ejecutivo se comprometa a garantizar entre el 60% y el 80% de los créditos que pidan las empresas afectadas por las consecuencias de la crisis sanitaria, de forma que las entidades sortean un mayor riesgo de aumentar su morosidad.

Los bancos deben firmar con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) su adhesión a estas líneas de financiación, como ocurre habitualmente con otras rondas, si bien en el sector se da por hecho que todos los bancos lo suscribirán, aunque quedan algunos aspectos por definir.

Priorizar a los autónomos

El Gobierno ha decidido que el aval para pymes y autónomos sea del 80% para asegurarse de que los bancos priorizarán el crédito a este sector frente a las grandes empresas, que tienen más músculo para enfrentar las adversidades.

Así, el resto de empresas tendrán créditos avalados por el 70% o por el 60% en el caso de que sea renovaciones de préstamos (el crédito se renueva en las mismas condiciones). Las refinanciaciones (el crédito se renueva con distintas condiciones), en principio, no estarán incluidas para obtener las garantías del Estado.

Los avales del Estado durarán lo mismo que los propios créditos, pero tendrán un plazo máximo de cinco años y un carácter retroactivo, por lo que se aplicarán a operaciones de financiación realizadas desde el pasado 18 de marzo.

Las empresas podrán utilizar estos créditos para pagar salarios, facturas, circulante y para otras necesidades de financiación, como las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. Es decir, para sufragar deudas e impuestos. Pero, en todo caso, para solicitarlos deberán cumplir algunas condiciones: podrán pedir estos créditos con aval estatal siempre que no estuvieran en situación de morosidad a fecha del pasado 31 de diciembre o en concurse de acreedores a 17 de marzo de este año.

El Gobierno ha lanzado con estas condiciones una primera ronda de avales por 20.000 millones de euros, pero podrá cambiarlas para el montante restante hasta 100.000 millones, que se irá liberando una vez se agote la primera línea. Así, el porcentaje avalado, así como el coste de la garantía podrán cambiar más adelante.

El tipo de interés de los créditos lo fijará cada entidad, si bien los bancos se han comprometido a que esté en línea con los préstamos que concedían antes de la crisis.