Economía

El Gobierno blinda los objetivos contra el cambio climático y prohíbe rebajarlos en el futuro

El Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto de Ley de Cambio Climático para alcanzar dentro de tres décadas una economía descarbonizada y con una electricidad 100% renovable, y pone todas las medidas al servicio de la reactivación tras el Covid-19.

Contaminación en Madrid.

Contaminación en Madrid. EP

l Gobierno relanza de nuevo el proyecto de Ley de Cambio Climático. El Consejo de Ministros aprobará este martes la remisión del texto a las Cortes para conseguir sacar adelante un nuevo marco legal para conseguir una economía española neutra en emisiones de carbono en 2050 y alcanzar para entonces también una generación de electricidad 100% renovable.

El primer texto de Ley de Cambio Climático pasó por el Consejo de Ministros como mera declación de intenciones hace algo más de un año, justo antes de que arrancara la campaña para las elecciones del 28-A y la disolución de las Cámaras hiciera inviable su aprobación. Y la ley quedó aparcada durante todo el periodo inacabable del Gobierno en funciones, la repetición de elecciones… hasta ahora.

La Ley de Cambio Climático, un compromiso personal de Pedro Sánchez y uno de los puntales del acuerdo del gobierno de coalición con Unidas Podemos, será remitida a las Cortes para su aprobación. Y lo hace aún en plena pandemia y con el objetivo declarado por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de que todas las herramientas para fomentar una economía verde estén al servicio de la reactivación económica que ha de emprender España tras la pandemia del Covid-19.

  • Una energía totalmente verde en 2050

El texto fija objetivos ambientales y energéticos para 2030 y para 2050, que podrán ser revisados, pero sólo para elevarlos. os objetivos marcados contra el cambio climático quedan blindados y el Consejo de Ministros sólo podría revisarlos al alza. “La revisión de los objetivos establecidos (…) solo podrá contemplar una actualización al alza de las sendas vigentes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”, se incluye en la nueva redacción del texto, que refuerza el blindaje ante posibles regresiones.

La norma determina, por primera vez en una norma con rango de ley, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050 y que antes de mitad de siglo el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.

Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%. Y las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

  • Primera etapa: 2030

Los objetivos de la ley se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, para el periodo 2021- 2030, diseña una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovales en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%.

Según los modelos del PNIEC 2021-2030 diseñados por el Gobierno, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.

  • En 2040 sólo se venderán coches sin emisiones

El Gobierno confirma su objetivo de que en 2040 se dejen de vender coches con emisiones directas  de CO2 para llegar a 2050 con un parque de turismos y comerciales ligeros libre de emisiones. “Se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea [que impide establecer prohibiciones a tecnologías concretas], para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluyendo los vehículos matriculados históricos y los no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones de 0gCO2/km”.

Una medida que ha levantado ampollas en el sector de la automoción y en el de las petroleras por sus potenciales efectos en las ventas. “Previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.”, promete el Ejecutivo en el proyecto de ley.

  • Un ‘Madrid Central’ en casi 150 ciudades de España

En anteriores borradores de la ley el Ministerio para la Transición Ecológica se limitaba a establecer que los ayuntamientos de los municipios de más de 50.000 habitantes (que son 145 en España) “fomentarán” medidas de mitigación para reducir las emisiones. En la nueva versión del proyecto de ley esas medidas se convierten directamente en obligatorias.

El texto fija como obligación que los municipios de más de 50.000 y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y que también cuenten con servicios de coches eléctricos compartidos. Un aspecto este último que hasta ahora no se recogía en anteriores versiones.

Asimismo, como novedad, el Gobierno fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las Administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección del medioambiente. Un giro que busca evitar intentos como el del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de tumbar Madrid Central.

  • Enchufes en gasolineras

Para favorecer la expansión del vehículo eléctrico, el Gobierno una plataforma de información sobre puntos de recarga y el Código Técnico de Edificación establecerá obligaciones sobre instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios existentes.

Asimismo, las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua, con el objeto de que la recarga del vehículo sea rápida. También tendrán que instalar al menos un punto de recarga rápida —50 kW—aquellas estaciones de servicio que tengan un volumen de ventas superior a los 5 millones de litros de gasóleo y gasolina. En total, serán algo más de 1.000 las gasolineras que estarán obligadas a instalar enchufes para coches eléctricos, un 9% del total de 11.600 puntos de la red de gasolineras.

  • Aportación de los PGE garantizada

El proyecto de ley quiere garantizar una aportación suficiente de los Presupuestos Generales del Estado que deberán contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad final será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, lo que garantiza que se situará al menos en un 20%. Además, el Gobierno, a propuesta conjunta del Ministerio para la Transición Ecológica y del Ministerio de Hacienda, revisará al alza, antes del año 2025, el porcentaje fijado.

  • 450 millones de las subastas de CO2 para el sistema eléctrico

Por otra parte, el documento recoge que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que serán destinados a financiar el sistema eléctrico serán de al menos 450 millones de euros.

Se establece que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada año recogerán los créditos correspondientes en el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinándose al sistema eléctrico al menos esos 450 millones de euros para financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos al fomento de energías renovables, y pudiendo destinarse hasta el 30% de los ingresos totales a medidas con incidencia social para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

  • Fin de las inversiones públicas en energías fósiles

El Gobierno procederá a la desinversión estatal en todos aquellos activos en empresas o entidades con actividad que tenga relación con productos energéticos de origen fósil. En el plazo de dos años, el Ejecutivo debe elaborar un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.

Aunque en borradores iniciales de la norma se establecía la prohibición de nuevas ayudas públicas a los combustibles fósiles, en el proyecto se relativiza el veto y se recoge que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de «interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas».

  • Ningún yacimiento de hidrocarburos en 2042

A partir de la entrada en vigor de la futura ley no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’. En lo que se refiere a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.

Los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes que se encuentren ubicados en el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2042.

  • ‘Murallas chinas’ financieras entre filiales de las eléctricas

El Gobierno prohibirá a las eléctricas y gasistas que realizan actividades reguladas destinar los recursos obtenidos a través de esta actividad a financiar sus negocios liberalizados. Empresas transportistas de electricidad y gas (como REE, Enagás o las grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa o Naturgy- y gasistas -Redexis, Nortegas o Madrileña Red de Gas-, entre otras) no podrán otorgar préstamos, prestar garantías o avalar préstamos de otras sociedades del grupo o partes vinculadas que realicen actividades liberalizadas u otras actividades ajenas al sector.

El texto también reconoce la obligación de que las sociedades deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Energía las adquisiciones realizadas directamente o mediante sociedades que controlen de participaciones en otras sociedades mercantiles o de activos de cualquier naturaleza que, atendiendo a su valor o a otras circunstancias, «tengan un impacto relevante o influencia significativa en el desarrollo de las actividades de la sociedad».

Igualmente, deberán comunicar las adquisiciones que realicen las sociedades matrices de los grupos de sociedades designadas como gestor de la red de transporte de electricidad y gas natural, «así como cualesquiera otras sociedades que formen parte de dichos grupos».

  • Revolución en las subastas de renovables

El Gobierno pondrá en marcha un nuevo modelo de subastas de nuevas instalaciones renovables, con el objetivo de que la primera puja con la nueva fórmula se celebre este mismo año. Hasta ahora, en borradores previos se establecía que cada año se subastaría nueva potencia renovable por al menos 3.000 megavatios (MW), pero los objetivos concretos anuales se han retirado de la nueva redacción siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado.

El Ejecutivo busca reformar por completo la metodología de las pujas anteriores para utilizarlas no sólo para promover la implantación de nuevas renovables, sino también para hacer posible una rebaja del precio de la electricidad y, con ello, del recibo de la luz que pagan los consumidores. Las empresas a partir de ahora competirán por los nuevos proyectos ofreciendo un precio fijo de la electricidad que se mantendría durante un periodo largo de tiempo (10, 15 o 20 años) y así se trasladará al consumidor.

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