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La futura presidenta de la CNMC tendrá que inhibirse en decisiones sobre grandes empresas a las que asesoró

Cani Fernández fue la abogada de Uber en su guerra contra el taxi español ante la justicia europea y también de Mediaset frente a la propia CNMC en la investigación por su gestión de la publicidad

Cani Fernández, candidata a presidir la CNMC.

Cani Fernández, candidata a presidir la CNMC. cuatrecasas

El Gobierno quiere impulsar ya la renovación de la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El Consejo de Ministros de este martes aprobará la propuesta de cinco nuevos consejeros del organismo regulador, la mitad del total de diez miembros del pleno del supervisor cuyo mandato ya ha expirado. Los nombramientos, que formalmente propone el Ministerio de Economía, han de superar un eventual veto del Congreso de los Diputados.

La candidata del Ejecutivo para presidir la CNMC es Cani Fernández, abogada de amplísima experiencia en derecho de Competencia y comunitario, con una carrera de casi tres décadas en el despacho Cuatrecasas -siendo la segunda socia más antigua de la firma-, pero que desde hace tres meses formaba parte del equipo de asesores de Iván Redondo, mano derecha del presidente Pedro Sánchez. La salida de Cuatrecasas se produjo tras su intento el año pasado de ponerse al frente del propio bufete como consejera delegada, cargo para el que finalmente fue reelegido Jorge Badía por cuatro años más.

El paso directo de Moncloa a la CNMC no supone ninguna incompatibilidad legal, aunque genera problemas estéticos evidentes porque la presidenta del supervisor ha de ejercer su labor con independencia en relación al Gobierno, según el artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Fuentes oficiales apuntan a que la larguísima carrera profesional de Fernández no puede verse empañada por un paso de tres meses como asesora de Moncloa.

Pero precisamente es su larga carrera profesional, volcada en pleitos ligados al derecho de competencia, la que hará que Fernández tenga que abstenerse en algunos expedientes cuando sea presidenta de la CNMC. Según fuentes jurídicas, esto ocurrirá cada vez que el órgano deba tomar decisiones relativas a fusiones de empresas o sanciones a compañías a las que Fernández asesoró en el despacho Cuatrecasas, por su cuota de «participación financiera». También en los asuntos para los que la European Competition Network (ECN) pida opinión a la CNMC, como viene siendo habitual, puesto que Fernández tiene amplia experiencia en derecho comunitario y ha asesorado a importantes compañías, como ha podido ser en los sectores vitivinícola y sanitario de cara a Europa.

Disciplina férrea en las votaciones

Las citadas fuentes del ámbito de la Competencia destacan la buena reputación de Rodríguez, una de las abogadas más reconocidas del sector, y recuerdan que anteriores presidentes de la CNMC también tuvieron que abstenerse en distintos asuntos porque tenían interés directo o indirecto respecto a éstos. La Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establece que el presidente/a de la CNMC tendrá que abstenerse en aquellas cuestiones en las que tenga un interés propio, familiar o de cuestión litigiosa pendiente.

Fernández estaba al frente del equipo de Cuatrecasas que representaba a Mediaset en el expediente que abrió la CNMC tanto a este grupo de medios como a Atresmedia por cómo gestionaban su publicidad y que se saldó con una multa histórica de 77,1 millones de euros para ambos grupos.

Una vez judicializado este asunto (la compañía audiovisual recurrió la multa por la vía de lo contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional), ya será la Abogacía del Estado quien representa los intereses de la CNMC, por lo que Fernández no tendrá que pronunciarse al respecto, las decisiones ya quedan fuera de su ámbito.

Cani Fernández también representó a Uber en su pugna ante la justicia europea para determinar si su app más popular debía considerarse un servicio de transporte (y por tanto estar regulada por la normativa del sector, como exigía la industria del taxi de Barcelona) o sólo como un servicio de la sociedad de la información (como planteaba Uber y el bufete Cuatrecasas). Los taxistas ganaron en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la CNMC tampoco tendrá que pronunciarse al respecto.

Sin embargo, si hubiera decisiones del órgano sobre sanciones a empresas del sector del transporte, probablemente Fernández sí debería abstenerse. Tener intereses sobre compañías contra las que vaya a proceder la CNMC no impide el acceso a la presidencia. Sin embargo, las normas del órgano son férreas y sus miembros tienen una disciplina muy clara sobre cuándo deben participar o no en la toma de decisiones. Las sanciones por no abstenerse son muy duras y los altos cargos de la CNMC también son conscientes de que una invalidez de los acuerdos del Consejo por «vicio» en la votación pueden acabar en los tribunales, por lo que suelen respetan las normas.

La trayectoria de Fernández

Tras más de una veintena de años en el bufete Cuatrecasas -era la segunda socia más antigua de la firma-, Cani Fernández (Cartagena, Murcia, 1963) se incorporó el pasado mes de febrero como asesora en el Gabinete de Presidencia que dirige Iván Redondo. La abogada era socia del área de Derecho de la Competencia del despacho Cuatrecasas. Graduada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, tiene un máster en Derecho de la Unión Europea por la Université Libre de Bruxelles.

Antes de su dilatada etapa en Cuatrecasas, entre 1994 y 1997 la jurista fue letrada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha sido profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) y Toulouse School of Economics.

Con la propuesta que el Ministerio de Economía elevará al Consejo de Ministros de este martes para sustituir en la presidencia de la CNMC a José María Marín Quemada se da el pistoletazo de salida a la renovación de la mitad de los miembros del consejo del regulador cuyo mandato ha vencido, en total cinco consejeros de los diez que conforman su máximo órgano de gobierno.

Además del de Marín Quemada, también venció en septiembre el mandato de seis años de la vicepresidenta del organismo, María Fernández, y de los tres vocales Clotilde de la Higuera, Benigno Valdés y Josep Maria Guinart. Los cinco están obligados a continuar en su cargado y con sus tareas de forma interina, pero con plenitud de funciones, en tanto se materialice su relevo.

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