El sector de los autobuses se enfrenta a una dura e incierta travesía en este otoño. El Covid-19 ha supuesto un duro hachazo para el sector, según los datos proporcionados por Confebus (Confederación Española del Transporte en Autobús), las pérdidas en el primer trimestre del año, coincidiendo con el estado de alarma, alcanzaron los 1.500 millones de euros. Se perdieron 30.000 puestos de trabajo. La situación es de jaque para muchas compañías que no saben si podrán continuar existiendo.

El transporte en autobús representa el 50% de los desplazamientos colectivos en España. Permite la movilidad por casi toda la geografía del país. Conecta más de 8.000 núcleos de población. El impacto económico que genera el sector es muy grande. Produce unos ingresos de 6.000 millones de euros al año y da empleo a 95.000 trabajadores.

El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, recuerda que son "un actor muy importante en la movilidad" y que los meses de confinamiento les "han afectado mucho". Los servicios que ofrecían las compañías se vieron reducidos entre un 90% y un 100% dependiendo del área. Las líneas regulares tuvieron que mantener unas prestaciones mínimas del 10% porque fueron consideradas como "servicios esenciales".

"Las compañías de autobuses tenían muchas esperanzas puestas en el desconfinamiento", según sostiene Rafael Barbadillo. La actividad estaba paralizada desde el 14 de marzo cuando entró en vigor el estado de alarma. Pero las expectativas no fueron las que se esperaban. La reanudación se centraba sobre todo en el transporte turístico.

Durante el principio del mes de julio mejoraron los datos del sector, pero la recuperación se vió afectada por el incremento de los contagios de covid en ese mismo mes. El escenario se agravó aún más en agosto, cuando el volumen de los desplazamientos disminuyó todavía más. Las cifras fueron menores con respecto al mes anterior.

Rafael Barbadillo considera que "el miedo de la población al virus ha afectado en gran medida a la hora de elegir los autobuses como forma de desplazamiento, tras los meses de confinamiento". El temor se refleja en los datos del tráfico rodado en Madrid durante julio y agosto cuando solo cayó en un 11%, mientras que los traslados en autobuses disminuyeron en más de un 60%. Hay preferencia por los vehículos particulares.

Tras los complicados meses de verano, se esperaba que septiembre fuera un revulsivo con la vuelta al cole. Pero el transporte escolar como "se ha organizado con las entradas y las salidas a los colegios, no es rentable para las empresas. Este servicio lo tienen que combinar con otras prestaciones, como son las actividades extraescolares que se realizan en los propios colegios, y con otros desplazamientos". Además hay una gran incertidumbre por si se producirán parones en los colegios.

Actualmente la actividad en las líneas regulares está muy deprimida, apenas es de algo más de un 40%, "lo que supone niveles muy bajos". A los malos datos de los trayectos turísticos, hay que añadir las restricciones sanitarias que han supuesto la paralización de casi todas las actividades, como son las ferias, los congresos, los viajes del Imserso, o también La Liga, que se celebrará a puerta cerrada. "Los autobuses movilizan a cientos de peñas futboleras repartidas en toda España".

En Confebus han realizado encuestas desde el estado de alarma para determinar el impacto del covid en el sector. Reflejaron que el 22% de las empresas no tenía intención de operar hasta 2021. Y un 52% no veía posible continuar en las actuales circunstancias durante los próximos seis meses, y de estas un 30% más allá de septiembre.

Rafael Barbadillo apunta a que no pueden hacer frente a los costes con los escasos o incluso nulos ingresos que están obteniendo. Las empresas son "pequeñas o medianas y de carácter familiar, por lo que la afectación está siendo muy grande". El precio medio por cada vehículo asciende a 300.000 euros. Y hay que añadir las cuotas de leasing y renting, que son de entre 4.000 y 6.000 euros por unidad. Es necesaria una facturación de aproximadamente 100.000 euros al mes para que una empresa pueda mantener una flota de trece autobuses.

El informe sostiene que el 78% de las empresas encuestadas se han tenido que acoger a los ERTEs . Rafael Barbadillo resalta su importancia y asegura que "es imprescindible su continuidad más allá del 30 de septiembre, puesto que la actividad sigue estando en niveles mínimos". Por otro lado resalta que los créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial) se están acabando, y que las autobuseras no están generando un nivel suficiente de ingresos para devolverlos.

El sector del transporte discrecional y regular está conformado por 42.000 autobuses. Hay alrededor de 3.150 empresas, de las cuales apuntan desde Confebus quedarán solo unas 2.000. Según la organización Direbus ya hay más de 200 empresas que han tenido que presentar concurso de acreedores.

El Gobierno aprobó en julio un paquete de ayudas para el sector en el Real Decreto 26/2020. En total los fondos aprobados fueron de 1.800 millones de euros, 663 millones para el transporte privado, y dentro de estos, 250 millones para el transporte discrecional de viajeros. Entre las medidas se contempla el aplazamiento de los pagos de las cuotas de leasing y renting para las empresas privadas. Y se han alargado los préstamos para la adquisición de autobuses por autónomos o por empresas.

Aunque Rafael Barbadillo declara que muchas de las medidas no llegarán hasta final de año, por lo que insiste en la urgencia de su ejecución porque "las compañías tienen una capacidad de acción muy limitada. Su capacidad para financiarse es muy grave. A la hora de solicitar ayudas económicas son miradas con lupa, precisamente por la escasa o nula facturación que tienen".

Confebus propone un plan de ayudas más ambicioso

Confebus ha presentado un Plan de Recuperación y Resiliencia del sector, patronal propone destinar 6.037 millones de euros para llevar a cabo todo el programa. Se articula en cuatro ejes: la transformación ecológica, la digitalización, el empleo y el servicio público.

Propone ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos o para la implantación de sistemas de energía renovables en las infraestructuras. Con estas medidas pretende la descarbonización y modernización del sector para lo que estima un presupuesto de 3.500 millones de euros.

El proyecto también aboga por la digitalización del servicio público del transporte de viajeros y por poner en marcha soluciones 5G para el transporte. En total se requiere una inversión de 400 millones de euros.

Otra de las estrategias a las que apunta Confebus es la de fortalecer el empleo, con una formación profesional dual. Además de con un programa de internacionalización que permita a las empresas autobuseras españolas expandirse internacionalmente. Para ello plantea una inversión de 137 millones de euros.

Finalmente, aboga por refuerzo de los servicios públicos, para ello contempla una compensación a los operadores de transporte de viajeros por carretera, o el afianzamiento del sector mediante concesiones de créditos o de incentivos fiscales. Y plantea un Plan de Transporte Turístico y otro para viajeros en regiones ultraperiféricas o en islas. Se valora una inversión en 2.000 millones de euros.