Economía

El Gobierno da más tiempo a los empresarios para pagar los créditos ICO

El Consejo de Ministros ha ampliado a dos años la carencia de los préstamos y a ocho el vencimiento

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La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. EFE/J.J. Guillén

Oxígeno para los empresarios. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto en el que se amplían los plazos de los créditos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a los que han recurrido mayoritariamente autónomos y pymes. Como ya avanzó este lunes la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, estos se podrán solicitar hasta junio del próximo año.

No sólo eso, sino que el Gobierno ha dado más tiempo a las empresas para saldar la deuda contraída a través de estos préstamos. Concretamente, ha ampliado la carencia en doce meses (hasta dos años) y el vencimiento hasta tres años más, es decir, que en total podrían ser ocho años. Estas ampliaciones se efectuarán tanto para el crédito bancario como para el aval público siempre que el solicitante no tenga haya incurrido previamente en impagos.

Para comprobarlo, el ICO tendrá acceso a la central de información de riesgos del Banco de España (CIRBE), una suerte de lista de morosos a la que las entidades bancarias acceden habitualmente para valorar los riesgos de un cliente concreto a la hora de concederle un préstamo. A raíz de esta consulta, el ICO podrá solicitar información de los clientes que estén recibiendo financiación avalada.

Se trata de una medida que habían solicitado sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que temían tener que devolver los créditos sin haber recuperado la actividad habitual de sus negocios. Ahora contarán con más margen, independientemente de la línea de créditos del ICO a la que perteneciera su préstamo.

La norma aprobada incluye un factor bajo el que se pueden justificar la subida de los costes. Sin embargo, según fija la Comisión Europea, estos costes solo se aplicarían si el vencimiento se alarga a los 7 u 8 años.

Más del 73% de las operaciones tramitadas tienen un plazo de devolución de entre cuatro y cinco años, por lo que con estas medidas complementarias notarán un importante alivio de carga financiera, pues dispondrán de más tiempo para hacer frente a sus obligaciones financieras, según ha explicado Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, tras el Consejo de Ministros.

Según los últimos datos ofrecidos por la vicepresidenta económica, se han realizado más de 800.000 operaciones que han movilizado financiación por valor de 108.000 millones de euros.

Además, la norma aprobada este martes prevé una rebaja del 50% en los aranceles notariales que se cobren al tramitar esta ampliación, de forma que se hace más accesible.

De acuerdo con Calviño, se trata de «ayudar a aquellos proyectos que hasta la irrupción del Covid-19 eran sostenibles». «Se trata de apoyar a empresas solventes», ha destacado.

Concursos de acreedores

Por otra parte, el Gobierno también ha aprobado una modificación de la ley concursal. Desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las empresas podrán retrasar su declaración de concurso hasta el 14 de marzo de 2021.

Es la segunda vez que Moncloa amplía este plazo, en septiembre se alargó hasta final de año. Los administradores concursales advirtieron de que esta decisión iba a provocar un aluvión de concursos en diciembre y llegó a considerarlo «una trampa mortal» para las empresas. Antes de esta moratoria, las empresas tenían un margen de dos meses para declararse en concurso.

En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros ha aprobado otras medidas de índole económica, como la ampliación del plazo que los españoles tienen para cambiar sus pesetas por euros hasta el próximo 30 de junio de 2021. Hasta ahora, la fecha fijada era el 31 de diciembre de este ejercicio.

Además, ha modificación la regulación para que los consejeros no natos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puedan permanecer en su cargo hasta su sustitución, situación que afecta a los actuales presidente y vicepresidenta, cargos actualmente ostentados por Sebastián Albella y Ana María Martínez-Pina.

Ninguno de los dos renovará su cargo, que finaliza la semana que viene, por lo que el Gobierno se dota de tiempo para elegir a sus sustitutos con esta modificación.

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