UGT abre la puerta a que en la negociación de la ley rider se regulen aspectos tributarios de las plataformas digitales. "La Hacienda pública está llamada a intervenir, hoy sabemos que hay plataformas pueden ser pantallas para cometer fraude fiscal", criticó el secretario general Pepe Álvarez.

La mesa del diálogo social sobre la regulación de los repartidores de empresas como Deliveroo o Glovo se retomará el miércoles de esta semana, después de terminar 2020 sin un acuerdo y con discrepancias en la patronal. En esta línea, Álvarez señaló que la intención es "regular cuanto antes el tema de las plataformas, pero nos parece que si ahora podemos hacerlo con lo que se ha denominado los riders o en términos más generales es un paso adelante".

Por ello, desde UGT solicitan a la Agencia Tributaria que ponga el foco sobre los conductores de plataformas de viajes compartidos, como Blablacar, o sobre los vendedores de artículos de segunda mano, como Wallapop o Vinted. "¿Quién nos dice que las personas que se apuntan no lo hacen cada día y que se ha convertido en una manera de vivir?", se preguntaba el secretario general.

"Tenemos que ver si resulta que el que lo vende (artículos de segunda mano) es todo uno y es como una tienda, aunque sea online. Por no hablar de subastas para el trabajo a domicilio, que revientan convenios colectivos y hacen que las personas trabajen en una situación de esclavitud", añadió.

Algo más que aplicar una sentencia

En declaraciones a El Independiente, Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, señala que el objetivo es "abordar temas como la fiscalidad" y que regular las plataformas digitales no puede ser "sólo aplicar una sentencia", en referencia al dictamen del Supremo.

En este sentido, considera apropiado avanzar en el registro de plataformas o en que estas compañías desvelen cómo funcionan sus algoritmos. "No se trata de que revelen cómo son más competitivos, pero sí hasta que punto influyen en el consumidor y en el trabajador", explica Pino.

Wallapop y Cristóbal Montoro

No es la primera vez que se abre el debate sobre la fiscalidad de las ventas por internet entre particulares. De hecho, en 2017, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro anunció la creación del "impuesto Wallapop", que suponía una aplicación de un tipo del 4% para las compraventas en plataformas como la nombrada u otras como Mil Anuncios.

Sin embargo, ya entonces, desde Gestha comentaban que cobrarlo era complicado por la dificultad de rastrear las transacciones.

Desde la Agencia Tributaria, preguntados por este asunto, insisten en que no dan información sobre contribuyentes concretos y recuerdan que en las líneas de actuación del organismo se incluye la "atención específica a la actividad de las plataformas de ventas por internet de bienes o servicios".