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Cataluña lidera el cierre de sucursales bancarias desde la crisis financiera de 2008

Una mujer en un cajero automático en una imagen de archivo.

Una mujer en un cajero automático en una imagen de archivo. María José López / Europa Press

5.256 oficinas bancarias han desaparecido en Cataluña desde septiembre de 2008. La comunidad autónoma lidera el cierre de sucursales desde la crisis financiera y ha pasado de ser la región con más oficinas a ser la segunda, adelantada por Andalucía, según los datos a cierre de 2020.

La monografía Distribución de la población y accesibilidad a los servicios en España, publicada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la fundación Ramón Areces, cifra en un 64,1% la reducción de sucursales en Cataluña.

En diciembre de 2020, los bancos tenían 2.949 sucursales en la región, frente a las 3.796 en Andalucía y las 2.749 en la Comunidad de Madrid y estas cifras están condenadas a reducirse en los próximos meses. CaixaBank, Banco Santander y BBVA tienen previstos cierres de oficinas.

BBVA ha planteado el despido de 3.305 empleados –según la última propuesta– y el cierre de 530 oficinas, de estas, 204 están localizadas en Cataluña. CaixaBank, por su parte, no ha desglosado donde se producirán los cierres tras la fusión con Bankia pero ha previsto la clausura de 1.534 oficinas. La nueva entidad sí ha calculado dónde se producirán los despidos y unos 700 tendrán lugar en Cataluña. La última propuesta trasladada a los representantes de los trabajadores incluye 7.791 despidos.

Banco Santander también está cerrando oficinas. Entre enero y marzo, el banco que preside Ana Botín ha clausurado 600 oficinas y la intención de la entidad es la de cerrar mil antes de agosto de este año.

Este viernes está previsto que Banco Sabadell presente su nuevo plan estratégico tras la renovación de su cúpula y la llegada de César González Bueno como consejero delegado. Aunque el banco ya llevó a cabo un plan de reestructuración en 2020, teniendo en cuenta la situación del sector, la nueva hoja de ruta podría incluir nuevos cierres y perjudicar todavía más a Cataluña, donde la entidad tiene mayor peso.

Población sin oficina

Los cierres de sucursales han provocado que entre 2008 y 2019 haya crecido el número de municipios que no tiene ninguna oficina. Si en 2008 eran 412 municipios que representaban el 43,6% del total, en 2019 eran 480, un 50,7% del total de localidades catalanas. Se trata de un porcentaje ligeramente por debajo de la media española, donde el 52,7% de los municipios no tiene una oficina de un banco. Es decir, más de un millón de españoles viven en una localidad sin sucursal bancaria.

Con todo, a nivel nacional, el porcentaje de población sin acceso a una oficina en su lugar de residencia es del 3%, un porcentaje ligeramente superior en Cataluña: 3,3%.

El informe calcula que los ciudadanos que no disponen de una entidad bancaria en su municipio se tienen que desplazar unos 6,5 kilómetros de media para llegar a la más cercana. El trayecto medio en coche es de 9,7 minutos.

Los cierres también han tenido impacto sobre el empleo del sector. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el número de ocupados en actividades financieras y de seguros en Cataluña ha pasado de 86.200 en 2008 a 74.900 en el primer trimestre de 2021, lo que se traduce en un descenso superior al 13%.

Transacciones online

Que cada vez más personas realicen operaciones bancarias a través de internet es a la vez la causa y la consecuencia de los cierres de oficinas. En la última presentación de resultados, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, revelaba que las transacciones en oficinas han caído un 50% en dos años y añadía que «de media, una transacción digital cuesta una décima parte que en una oficina». Esta era, según Genç, uno de los motivos para que la entidad apostase por potenciar la digitalización y decidiese prescindir de oficinas.

El informe de IVIE y la fundación Ramón Areces destaca que durante la pandemia, el uso de la banca online ha alcanzado el 62,1% de la población de entre 16 y 70 años. Por ello, considera el documento que «no tener acceso a una oficina bancaria en el municipio de residencia no es sinónimo de exclusión financiera, ya que cada vez es menos relevante la oficina física como vía de acceso a los servicios financieros».

Ante los colectivos que sí están en riesgo de exclusión financiera, ya sea porque residen en localidades donde la conexión a internet es mínima o, incluso, nula, o porque no tienen los conocimientos digitales para acceder a la banca digital, el informe concluye que «es la administración pública la que debe resolver el problema».

«En primer lugar, asegurando que la red llegue a todos los municipios de España, o en otros casos con otras soluciones, colaborando con la banca en la instalación/mantenimiento de cajeros automáticos y en la prestación de servicios […]. Pero no debe responsabilizarse a la banca del problema, ya que el negocio bancario, como cualquier otro, debe ser viable, lo que no es compatible con mantener oficinas que no son rentable», finaliza.

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