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Los ERTE ya han costado 18.500 millones en prestaciones antes de la última prórroga

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

El Gobierno ha desembolsado 17.107 millones de euros en nóminas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), desde abril de 2020 (el Ejecutivo flexibilizó este mecanismo a mediados de marzo) hasta marzo de 2021, último mes del que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ofrece datos.

Trabajo estimó en enero que hasta mayo gastaría 700 millones al mes en prestaciones por ERTE, por lo que, previsiblemente habría que sumar 1.400 millones más si se desea obtener una aproximación de cuánto podría haber gastado a fin de mayo, cuando termina la prórroga actual: unos 18.507 millones en total desde que empezó la pandemia.

Pese a lo elevado de la cifra, la buena noticia es que el gasto en ERTE ha disminuido progresivamente desde mayo de 2020, cuando alcanzó su pico al gastar el Gobierno 3.426 millones de euros en un solo mes. El mes en que menos ha gastado, por ahora, ha sido enero, con 694 millones. Desde noviembre el desembolso no ha superado en ningún mes los 800 millones, mientras que de abril a julio siempre se gastó más de 1.500 millones mensuales.

Exoneraciones

Eso sin contar todo lo que el Estado ha dejado de ingresar por las exoneraciones, es decir, por todas las cuotas a la Seguridad Social que no ha recibido porque la normativa de los ERTE las rebaja, que hasta el 31 de marzo ha supuesto 424,22 millones de euros menos.

A fin de abril (los últimos datos disponibles, aportados por el Ministerio de Seguridad Social a principios de mayo) había más de 638.000 personas en ETE. Este era el segundo mes consecutivo en que bajaba este dato, tras un pico en febrero por la tercera ola, gracias a la relajación de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia y el avance de la campaña de vacunación.

En abril de 2020, el Banco de España estimó que el coste de los ERTE para las arcas públicas sería de 6.000 millones de euros, estimación que se ha demostrado bastante limitada en comparación con el impacto que finalmente está teniendo la pandemia en el empleo.

El Consejo de Ministros flexibilizó a mediados de marzo de 2020 los ERTE y desde entonces todas las empresas podían solicitarlos para reducir sus costes y el trabajo de sus plantillas, y suspender contratos, como reclamaban CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Desde entonces, Pedro Sánchez insistió en que el Gobierno estaría «del lado de las empresas que no despidan» y en esa misma línea se ha mantenido hasta ahora.

En ese sentido, a principios de abril la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que los ERTE se prorrogarían con una fórmula «similar a la actual» y ha insistido en diferentes ocasiones que se mantendrán el tiempo que sea necesario, así como que su esquema no sufriría muchas modificaciones por la «contrastada utilidad» del mecanismo, sobre todo para los asalariados de pymes.

Además, el Gobierno aprobó una prestación por desempleo para todas las personas que perdieran su trabajo por un ERTE aunque no cumplieran los requisitos de carencia para recibirla. De la misma forma, se estableció que los días que se recibiese la prestación no computarían de los días acumulados de paro.

Este miércoles, los ministerios implicados, sindicatos y patronales acordaron prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre, después de superar las diferencias que han impedido el trato a lo largo de esta semana. Los agentes sociales estaban de acuerdo en que esta herramienta había que mantenerla mientras la pandemia del Covid afecte al empleo, pero han diferido a la hora de decidir bajo qué condiciones continuaban.

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