Economía

Plus Ultra dice a la juez que tiene cobrados por adelantado 22,13 millones de euros en pasajes

La aerolínea pide que se libere el desembolso de los 34 millones pendientes para que no corra riesgo el plan de viabilidad / Un informe pericial de parte avisa del perjuicio que sufrirían los clientes si no se abona la ayuda y la empresa se queda sin liquidez

Postes publicitarios de la aerolínea Plus Ultra en el edificio terminal del aeropuerto de Barajas.

Postes publicitarios de la aerolínea Plus Ultra en el edificio terminal del aeropuerto de Barajas. EP

La aerolínea Plus Ultra cifra en 22,13 millones de euros el montante de los billetes que había cobrado por adelantado al cierre del primer semestre por vuelos que aún no han tenido lugar, por lo que los clientes serían de los «principales perjudicados» en el caso de que la empresa entrara en situación de iliquidez si no recibe el préstamo participativo de 34 millones concedido por el Gobierno el pasado mes de marzo y que debía desembolsarse esta semana.

Así se detalla en el informe pericial que junto con su escrito ha entregado la compañía este miércoles al juzgado que investiga esta ayuda financiera -con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas y un montante total de 53 millones, de los que 19 corresponden a un crédito ordinario ya abonado- para justificar la necesidad de recibir el dinero pendiente. Según alega, estos recursos son «indispensables» para garantizar su viabilidad tras el impacto negativo que la pandemia ha tenido en su actividad.

El auditor de cuentas que firma el trabajo cifra el pasivo de Plus Ultra en casi 50 millones de euros, de los que más del 40 % corresponde al cobro anticipado de billetes de avión. En concreto, la aerolínea había ingresado por este concepto hasta el pasado 30 de junio 22.132.919,17 euros, exactamente 1.575.227,53 euros más que la cantidad que se contabilizaba a principios de año. Otro 40 % lo representan los acreedores comerciales.

«Una eventual situación de iliquidez de la compañía, si no se entrega la ayuda comprometida, dejaría a dichos colectivos como principales perjudicados», concluye el perito. Éste deja claro que una eventual reclamación de devolución de billetes sólo podría ser atendida si la compañía sigue operando vuelos.

El experto contable contratado por la aerolínea considera que el dinero pendiente de desembolso «se hace necesario» para atender las necesidades de tesorería (31,96 millones hasta enero de 2022) y las pérdidas previstas hasta enero de 2023 (2,73 millones), lo que suma 34,69 millones de euros. Esta cantidad es similar a la del préstamo participativo que tenía que abonarse el 28 de julio y que la titular del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid frenó cautelarmente la pasada semana a la espera de que la aerolínea acreditara la necesidad de recibir estos fondos para poder pagar a sus acreedores.

En su escrito, Plus Ultra solicita a la juez Esperanza Collazos el «inmediato alzamiento de la suspensión» porque ni ha incumplido las condiciones pactadas en su momento ni han cambiado las circunstancias que motivaron la concesión de la ayuda. Según describe, la paralización del desembolso está poniendo «en grave riesgo» el cumplimiento del plan de viabilidad en el que se sustenta este apoyo financiero.

El informe pericial aportado por Plus Ultra dice que, si no se aporta la ayuda y la empresa se queda sin liquidez, los clientes serían de los más perjudicados

La compañía defiende que acceder a los 34 millones no sería un «regalo de fondos públicos sin criterio alguno», sino la «materialización» de un préstamo con unos fines tasados (cubrir parcialmente sus necesidades de circulante) y con un periodo de amortización fijado (cinco años en el caso del ordinario y siete en el del participativo). «No se trata de una entrega de fondos para que la compañía disponga de ellos a su antojo, a partir de los que pudieran enriquecerse sus socios, administradores o personas vinculadas a éstos, sino que tienen asignados unas finalidades bien definidas que se corresponden con las necesidades de la actividad productiva de la compañía», razona.

En este sentido, la aerolínea sostiene que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública que gestiona, a través de un consejo gestor, el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas- dispone de «mecanismos de control» para conocer «en tiempo real» que el destino que se le da en todo momento al dinero es el pactado: restaurar la viabilidad del negocio y cubrir sus necesidades de liquidez.

El acuerdo incluye una cláusula -concretamente la novena- por la que la SEPI se reserva la posibilidad de acordar el vencimiento anticipado de la financiación en caso de incumplimiento de las condiciones firmadas, reclamando en ese caso el «reembolso inmediato» de los importes. Ese reintegro se garantiza mediante un derecho de prenda constituido en favor de la Administración sobre las acciones de Plus Ultra. «De modo que, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, la SEPI puede apropiarse de forma inmediata no solo del control, sino de la propiedad de la compañía», enfatiza.

Pago a proveedores

Según expone el perito en su informe, casi el 75 % de los 19 millones del préstamo ordinario ya abonados por el fondo se han destinado a pago a proveedores y a operaciones de la explotación del negocio (13,96 millones). A mejorar la posición de tesorería de la compañía se han destinado 2,77 millones y 2,26 millones a pago de intereses, financiaciones a corto plazo e inversiones.

De esta forma, la aerolínea -con vuelos desde España a Perú, Ecuador y Venezuela- rechaza que exista riesgo de menoscabo de fondos públicos, dado que el consejo gestor puede monitorizar la aplicación de los préstamos otorgados y cuenta con «mecanismos taxativos» para recuperar el dinero en caso de que la empresa no cumpliera con las obligaciones.

En este punto, la compañía aérea no pasa por alto la decisión del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de inadmitir la acción promovida por Ciudadanos, que apreciaba menoscabo de fondos públicos en la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de apoyar con 53 millones a esta empresa por no reunir ésta supuestamente las condiciones para ser beneficiaria.

En un auto conocido el pasado lunes, el consejero Felipe García Ortiz rechazó que la concesión del préstamo hubiera generado un perjuicio a los fondos públicos, frente a la tesis mantenida por el partido que lidera Inés Arrimadas. El supremo órgano fiscalizador de las administraciones públicas sostiene que ese daño se constataría si el dinero se destinara a fines ajenos a los previstos, si no se amortizaran los créditos en los plazos previstos o si la empresa no abonara los intereses, circunstancias que por ahora no concurren.

«Inconsistencia» de las denuncias

«Resulta tremendamente ilustrativo que el organismo público que tiene constitucionalmente asignada la tarea de velar por los intereses del erario público haya determinado que el procedimiento de concesión del apoyo financiero que estamos analizando ha sido llevado a cabo con plena regularidad y que los préstamos concedidos en el seno del mismo no han dado lugar, en modo alguno, a ningún menoscabo de las arcas del Estado», interpreta la aerolínea.

Plus Ultra asegura que el avance de la instrucción desvelará la «inconsistencia» de las denuncias que han dado pie al procedimiento penal que dirige el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid -promovidas por PP y Vox- y confía en que «a la mayor brevedad» acuerde el archivo de las actuaciones la magistrada Esperanza Collazos, ante la que se pone a disposición para «ampliar, aclarar o completar» lo que considere oportuno.

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