Economía

Las claves del acuerdo de la reforma laboral

Los sindicatos CCOO y UGT y los empresarios de la CEOE han dado su sí a la propuesta de reforma laboral de Yolanda Díaz

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (derecha), conversa con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en un desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid.

EFE/ Chema Moya

Tanto los empresarios, representados por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como las organizaciones sindicales CCOO y UGT han dado este jueves su sí a la propuesta de reforma laboral que les presentó el Gobierno este jueves. Tras largos meses de negociación, que se retomó el pasado marzo después de un parón por el Covid, finalmente los agentes sociales han encontrado un punto común. Y antes de Nochebuena.

Aunque aún quedan detalles que pulir, y no se ha terminado el texto final, todo indica que la próxima semana el Consejo de Ministros aprobará la reforma laboral que llevará el sello de la ministra de Trabajo de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. La gallega se había comprometido a que aprobaría antes de que terminase el año, con o sin los empresarios, una nueva legislación para el mercado laboral, como también había pactado con Bruselas.

El sí de las organizaciones sindicales y también de los empresarios implica que Yolanda Díaz ha conseguido un acuerdo con todos los agentes sociales sobre la reforma laboral, tal y como perseguía, algo que no se conseguía desde 2006. El fin no era sencillo ni parecía fácil, con una CEOE que se ha mostrado beligerante en repetidas ocasiones desde que comenzaron a discutirse las medidas que incluiría esta reforma laboral.

«Europa no ha hablado de la reforma laboral que a mí me están contando», aseguraba el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en noviembre. El portavoz de los empresarios calificó la manera de proceder de Trabajo de «poco seria»: «No sabemos lo que vendrá después; te acepto lo de hoy y mañana me metes otra», aseguró en referencia al Gobierno después de que este aprobase una subida de las cotizaciones sociales.

Pero, semanas después, el entendimiento se ha impuesto. Han dejado de sucederse las filtraciones de documentos, de roces entre las partes, desaparecieron los titulares con declaraciones beligerantes, como contó este periódico, y llegó la calma. El acuerdo no ha estado claro hasta el último momento, pero lo que todos los agentes sociales sí sabían era que los empresarios preferían estar en un pacto a quedar fuera y tener que asumir igualmente una legislación que no les beneficiase.

Esta reforma también le ha costado a Díaz un enfrentamiento con la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. En noviembre protagonizaron ambas un choque, con Podemos denunciando la injerencia de Calviño en la negociación después de que esta enviase un email exigiendo participar en el diálogo. El fuego cruzado terminó en una semana tras decidir el Gobierno crear una mesa de negociación aparte donde se debatirían las propuestas que después Trabajo llevaría a las reuniones con empresarios y sindicatos.

Conseguir un acuerdo entre las tres partes era importante para el Gobierno no solo por una cuestión electoral o de imagen, sino porque de la reforma laboral depende la recepción de parte de los fondos europeos que la Comisión entregará a España para impulsar su salida de la crisis provocada por la pandemia. En concreto, el segundo desembolso de dinero que España recibirá de la UE dependerá de la evaluación que Bruselas realice de la reforma laboral que se apruebe la semana que viene.

Y para Bruselas era importante, aunque no imprescindible, que la nueva ley contase con el visto bueno de las tres partes, porque eso garantizará que perdure en el tiempo. Como ya explicó este medio en junio, la Comisión exigió por escrito que tanto la reforma de las pensiones como la laboral se negociasen buscando que sobrevivan a un posible cambio de Gobierno. Así, si el Partido Popular llega al poder y, como ha prometido, deroga la reforma laboral de Yolanda Díaz, deberá hacerlo con la oposición de los sindicatos y las organizaciones empresariales, con quienes estos cambios ya se han consensuado, lo que dificultará un cambio de rumbo.

El contenido del acuerdo

A continuación, algunas de las medidas clave que vertebran el pacto, según lo que han adelantado los sindicatos, empresarios y el Gobierno. El texto acordado no había trascendido cuando se redactó este artículo, y previsiblemente no se dará a conocer hasta la próxima semana.

Contratación

El contrato «por defecto» será el indefinido, ya que los contratos temporales estarán limitados. Se reducen a solo dos tipos, por causas estructurales -por circunstancias excepcionales de la producción o por sustitución de un trabajador- o formativos. Así, desaparece el contrato de obra y servicio. Como máximo podrán durar doce meses, frente a los cuatro años actuales, y si un trabajador acumula 18 meses a lo largo de 24 como temporal, deberá considerarse indefinido. Se establecen infracciones por personas afectadas.

Prevalencia del convenio de sector

Se recupera un aspecto que eliminó la reforma laboral de 2012, de manera que los convenios de empresa no podrán regular a peor aspectos como los salarios o las jornadas, prevaleciendo así los de sector. Para los sindicatos y el Gobierno, esta medida consigue volver a equilibrar la negociación colectiva.

Ultraactividad de los convenios

Los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo. La reforma de 2012 forzaba a que los convenios decayesen cuando caducaban.

Subcontratación

Las contratas y subcontratas deberán cumplir el convenio de sector de la actividad que desarrollen, con independencia de la empresa a la que pertenezcan. Esta decisión «supone un importante golpe a fenómenos precarizadores como las empresas multiservicios», según los sindicatos.

Nuevos ERTE (mecanismo RED)

Los expedientes de regulación temporal de empleo, figura flexibilizada durante la pandemia, se incorporan al Estatuto de los Trabajadores, buscando evitar así despidos colectivos. También se prohíbe acometer despidos colectivos en las administraciones públicas.

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