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Montero da por cumplida la reforma fiscal prometida a Bruselas

La ministra ha sorprendido dando ya por hecha la reforma fiscal que debía aprobarse en 2023: "Está incorporada dentro de la ley de los presupuestos"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto con los secretarios de Estado de su departamento.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto con los secretarios de Estado de su departamento. Eduardo Parra / Europa Press

Silencio. Es todo lo que ha habido durante los últimos seis meses acerca de la reforma fiscal. Desde que en marzo el comité de expertos designado por Hacienda entregó su libro blanco con sus recomendaciones para la reforma fiscal que debe aprobarse en el primer trimestre de 2023, el Gobierno no ha dado ninguna pista sobre sus planes al respecto.

Si habían decidido dejarla en un cajón hasta que amainase la inflación y la terminase crisis energética, o si por el contrario estaban trabajando en ella para cumplir con los plazos prometidos a Bruselas. Desde el gabinete de la ministra María Jesús Montero no daban ninguna respuesta. «No te sé decir nada», afirmaban ante las preguntas de este medio una y otra vez.

Tanto los medios como los economistas ya entendían que el Gobierno habría decidido aplazarla, esperando a otro momento mejor. La sorpresa llegó por parte de la Comisión Europea, cuando en un encuentro con periodistas en septiembre, fuentes de la institución aseguraron que no tenían ninguna noticia de que España hubiese decidido dejarla para más adelante. De paso, recordaron al Ejecutivo que en ese caso el país no podría recibir parte de los fondos europeos Next Generation -los que la UE decidió repartir para ayudar a los Veintisiete a salir de la crisis del coronavirus.

Debe entrar en vigor en el primer trimestre de 2023

Según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que la primavera el año pasado se envió a Bruselas, y donde se detallan las reformas que España va a llevar a cabo para recibir los mencionados fondos -hasta 70.000 millones que nuestro país no tendrá que devolver ni pagar intereses-, la reforma fiscal debía entrar en vigor en el primer trimestre de 2023. Incluyendo, como se comunicó, impuestos medioambientales, eliminando beneficiarios de muchas exenciones y deducciones, entre otros, para conseguir el objetivo final: recaudar más para acercar los niveles de tributación de España a la media de países del entorno.

Cómo España esperaba cumplir con este objetivo era, hasta ayer, un misterio. No se hizo mencionó al respecto cuando Hacienda anunció la semana pasada su paquete fiscal en respuesta a las bajadas de impuestos de las comunidades autónomas del PP, un paquete que incluía desde bajadas de IRPF a las rentas más bajas como subidas a las más altas, descuentos en el impuesto de sociedades para las pymes y un nuevo tributo para las grandes fortunas. Entonces, y preguntadas al respecto, fuentes del Ministerio instaron a ir paso a paso.

«Esperamos que Bruselas no nos ponga problemas»

Pero este jueves la ministra mostró una postura muy diferente. Preguntada sobre sus planes para la reforma fiscal, qué iba a pasar con los prometidos impuestos verdes, la subida al diésel y otros como el impuesto a los billetes de avión, María Jesús Montero fue clara: el Gobierno da ya por cumplida la reforma fiscal con los cambios que acaba de aprobar.

La reforma fiscal está incorporada dentro de la ley de los presupuestos»

maría jesús montero, ministra de hacienda

«La parte de la reforma fiscal está incorporada dentro del paquete de la ley de los presupuestos y el que está en tramitación, como el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas«, aseguró la ministra de Hacienda en rueda de prensa, puntualizando que esta última es una de esas medidas o impuestos «que por su envergadura o porque son nuevos no se pueden meter en los presupuestos».

«En el impuesto a los plásticos y los residuos de los vertederos hemos cumplido, ya estamos hablando con las comunidades autónomas», precisó Montero, «y sobre el diésel creemos que no es momento de subir la fiscalidad de los carburantes», ahondó. «Creemos que la Comisión no nos va a poner problema», reforzó el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, para completar la respuesta de la ministra.

Ella insistió en que el Gobierno está «trabajando con la Comisión» al respecto, sin profundizar más sobre qué sucederá con toda la parte que el Ejecutivo dejaría de cumplir con respecto a lo prometido hace un año. Hasta ahora, España ha cumplido con los objetivos que se había marcado en forma de reformas más o menos estructurales y ha recibido todos los fondos europeos que ha pedido. En el caso de la reforma de los autónomos, cumplió con lo pactado un mes tarde -este julio-, pero aún no le corresponde recibir esa parte de la financiación.

En el componente 28 del Plan de Recuperación, el que habla de la reforma fiscal, se prometía además de establecer peajes en todas las autovías en el segundo semestre de 2023 y un impuesto de matriculación, en 2021, revisar las bonificaciones de hidrocarburos, lo que se entendía como una subida del impuesto al diésel. Actualmente, además de ser un momento complicado para subidas generalizadas de impuestos de este tipo con la fuerte inflación, el Gobierno está bonificando los combustibles, lo que complica aún más esta decisión.

El libro blanco de los expertos también contemplaba aplicar un impuesto a cada billete de avión de 7,85 euros, que también se ha aparcado. En total los expertos esperaban que el Estado recaudase 950 millones de euros con él, aunque reduciría el número de viajeros.

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