"Queremos dentro lo que exigimos fuera". Los casi 80 trabajadores de UGT en Valencia se manifestaron la pasada semana ante la sede de su sindicato para protestar por el bloqueo en la negociación de su convenio. El mensaje que portaban en su pancarta era muy sencillo: se oponen a la pérdida de poder adquisitivo y piden para sí lo que sus líderes y negociadores están exigiendo a las empresas. Que sus sueldos aumenten tanto como lo está haciendo la inflación.

En el caso de Valencia, UGT ha propuesto a sus empleados un aumento salarial del 2,8%, cuando el IPC medio del año fue del 8,5% -la cifra más alta vista en 40 años-, y para 2023 les plantean un incremento del 2,5%, más una subida adicional en base a lo que suban los sueldos de los trabajadores del sector de oficinas y seguros. Para los trabajadores esto no tiene "ninguna lógica", según contó entonces el diario Valencia Plaza, y por eso advierten de que continuarán con las protestas.

Los trabajadores de UGT también han convocado concentraciones en siete comunidades autónomas por motivos similares, Andalucía, Baleares, País Vasco, Madrid, La Rioja, Murcia y Extremadura, que se tendrán lugar en las próximas semanas.

Comisiones Obreras ha sufrido una situación similar con la huelga de sus trabajadores en Galicia, provocada también por la negociación de su convenio colectivo. Los trabajadores llevan desde enero protestando porque sus salarios están congelados desde hace nueve años, como ya explicó este medio, y en mitad de ese choque con sus empleadores el Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenó al sindicato de la región a abonar 25.000 euros a cada uno de sus 15 trabajadores a los que vulneró el derecho a huelga el pasado enero.

Asimismo, aunque esto no está relacionado con demandas salariales, un juez de Baleares condenó a CCOO allí por el despido improcedente de dos trabajadoras, una delegada de personal de Palma de Mallorca y una trabajadora de Ibiza que había realizado demandas. También el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) condenó este diciembre al mismo sindicato por el despido improcedente de otro delegado de personal.

"Un sindicato no es una empresa"

Ver a los trabajadores de los dos principales sindicatos del país levantados contra estos por sus condiciones laborales es algo del todo inusual. Pero desde las centrales reivindican que no es, para nada, que en casa del herrero se cocine con cuchara de palo, sino una cuestión de entender qué tipo de organizaciones son UGT y CCOO y por qué defienden la contención salarial mientras exigen a las empresas aumentos salariales en línea con el IPC.

"Un sindicato no es una empresa, no tiene un beneficio", ha asegurado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. "Somos una organización donde eventualmente algunas personas la dirigimos y tenemos que administrar los recursos que pone en común la afiliación y... hay que ponderar distintas claves. Y si nosotros hemos dicho que con una inflación del 8,5% congelamos las cuotas a la afiliación, mucha de la cual gana el SMI, para que puedan seguir organizados, esto tiene unas consecuencias de contención salarial hacia nosotros mismos".

"Las organizaciones sindicales no somos empresas ni organizaciones con ningún tipo de ánimo de lucro, los que las dirigimos tenemos la obligación de gestionar los recursos que ponen los afiliados al sindicato, que muchas veces lo hacen con sacrificio, pagando una cuota con salarios bajos… Desde ese punto de vista, tenemos la obligación de administrarlos. Se puede tratar de buscar todas las contradicciones que se quiera, pero me parece que no se puede enmarcar de ninguna de la maneras esta situación con la que se vive en el país con unos beneficios como los que están teniendo las empresas, y pensar que eso se puede extrapolar a todos los ámbitos", aseguró por su lado Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Les parece "saludable" que sus trabajadores protesten

El dirigente de UGT también ha remarcado que le parece "sano y saludable" que tengan lugar estas protestas porque "eso quiere decir que hay vida". "Es algo que tenemos que llevar con normalidad, porque si empezamos con el principio de que las organizaciones sindicales tienen que aplicar en su casa lo que reivindican fuera la desproporción entre lo que pagan los afiliados…. sería absoluta y absurda, porque cuando planteamos reivindicaciones ya sabemos que eso no va a ser el resultado final", ha incidido Álvarez. 

También Sordo ha recordado que el sindicato está ahora inmerso "en una política de contención salarial", y ha subrayado que no tienen beneficios, ni accionistas, ni cientos de miles de trabajadores como las grandes empresas a las que los sindicatos les están exigiendo que incrementen los salarios a sus plantillas. "Hemos hecho ese ejercicio, y si hay conflictividad pues se resuelve", ha dejado claro.

CCOO y UGT convocaron este jueves a los trabajadores de todo el país a la manifestación del 1 de mayo. Este año, la protesta tendrá como lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, y tratarán de que suponga una forma de presión en un momento en el que los empresarios de la CEOE no se están sentando a la mesa para negociar el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una hoja de ruta para los negociadores de convenios que debería haberse renovado el pasado año.

Al mismo tiempo, ambas organizaciones han descartado convocar una huelga general. Al menos, de momento.