La resistencia comienza a desmoronarse

Los informes de la UDEF conocidos este fin de semana sobre la trama en cuya cúspide el juez José Luis Calama sitúa al ex presidente Zapatero han aportado nuevos datos que vienen a corroborar la gravedad de los hechos que dieron pie al auto de imputación.

Para la policía, el contrató que firmó Análisis Relevante (la empresa de Julio Martínez Martínez) y la aerolínea Plus Ultra "no es más que una excusa formal para justificar los pagos, y que la auténtica razón de los pagos son las gestiones realizadas por la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y asistida por Julio Martínez Martínez para la concesión de la ayuda pública del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) a Plus Ultra".

Es decir, que el supuesto contrato de prestación de servicios no es más que la forma de enmascarar el pago de una mordida a Zapatero. En sus conclusiones, la UDEF afirma: "La cúpula de la red de influencias se ubicaría en José Luis Rodríguez Zapatero". Y añade que ese liderazgo del presidente "no es visible".

Cuando desde el PSOE y desde el Gobierno se defiende la inocencia de Zapatero afirmando que no hay ninguna conversación que le incrimine (como sí ocurrió con Ábalos o Santos Cerdán) la explicación que da la Policía Judicial es que el ex presidente se cuidó muy mucho para no aparecer. Sus portavoces fueron Manuel Aarón Fajardo ("el hombre de Zapatero en Venezuela", reza el informe de la UDEF), y Julio Martínez Martínez, la persona que hace de pantalla para la creación de sociedades interpuestas; el "lacayo", según le define uno de los dueños de Plus Ultra.

El cobro, demostrado, de 490.000 euros, cantidad bloqueada por orden judicial, por parte de Zapatero no es por realizar informes y consultoría, sino por sus gestiones al más alto nivel para que Plus Ultra recibiera 53 millones de euros de ayudas públicas.

Una quiebra en el argumentario de defensa del PSOE y del Gobierno a la figura de Zapatero es que ya se admite que intermedió a favor de Plus Ultra, pero que el rescate de la compañía fue legal y su actividad es la que suelen desempeñar otros ex presidentes, y añaden, "como Aznar o Felipe González". Ya esa recomposición -del todo es mentira y de atribuir el auto al lawfare, a reconocer que hubo una labor real del expresidente por la que cobró- supone admitir implícitamente que Zapatero mintió, tanto en su comparecencia en el Senado como en la entrevista que le dio a Carlos Alsina, en las que dijo no saber nada de Plus Ultra y no haber tenido ninguna relación con esa empresa. Los datos que aporta la UDEF en sus informes demuestran que Zapatero sabía perfectamente para quién trabajaba.

La investigación, hay que recordarlo, tiene su origen en el rastreo del posible blanqueo de capitales que hace la Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, que, persiguiendo la pista del venezolano Rodolfo Reyes Rojas, llega hasta Plus Ultra, y a una "persona políticamente expuesta", el ex presidente Zapatero. Las conversaciones grabadas a Rodolfo Reyes, unidas a la percepción del dinero, son una base más que sólida para imputar a Rodríguez Zapatero.

La sensación de fin de ciclo se acrecienta en Moncloa. Sánchez se muestra abatido, en una situación que recuerda al mes de abril de 2024

El ex presidente no cobra directamente de Plus Ultra, no; pero no lo hace no porque no supiera nada de esa compañía, sino porque, a través de su socio y amigo, Julio Martínez Martínez, montó un tinglado de empresas ficticias a través de las cuales ocultar a su persona. De ahí las facturas falsas que se fabrican, por ejemplo, a favor de empresas como Voli Analítica.

Las referencias a Zapatero son múltiples. Seguro que el juez le preguntará el próximo 2 de junio al ex presidente por una reunión que mantuvo con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que aparece en una de las conversaciones grabadas a Rodolfo Reyes, en la que aquel le dice que está reunido "con Zapatero y unos chinos".

El desasosiego en Ferraz y en Moncloa es comprensible. Temen que la pieza separada abierta por el juez en la que se investigan otras posibles mordidas por la intermediación en la venta de petróleo y de oro de Venezuela, investigación en la que también colabora EEUU, suponga el golpe definitivo a la credibilidad del ex presidente.

Cómo desengancharse de la defensa de la honestidad de Zapatero sin parecer que se le deja sólo, es una de las operaciones más complejas a las que ha tenido que hacer frente el laboratorio de ideas monclovita. El presidente, dicen algunas fuentes, está abatido, casi como cuando dejó la presidencia en suspenso para reflexionar durante cinco días en abril de 2024.

Aunque el equipo del presidente confía en que socios como Sumar o Bildu van a permanecer como soportes sólidos de la legislatura, no sucede lo mismo con otros partidos, como Junts o el PNV. Justamente, este domingo, el presidente del PNV, Aitor Esteban, advirtió en Durango que "sería una irresponsabilidad seguir más allá de 2026". ¿Se trata de una amenaza para conseguir alguna concesión del Gobierno o de la constatación de que el apoyo del nacionalismo vasco tiene ya fecha de caducidad?

Seguimos sin presupuestos y el calendario judicial del entorno de Sánchez se complica en los próximos meses. El presidente, dicen las fuentes, está dispuesto a resistir porque en política doce meses, lo que supondría completar la legislatura, son una eternidad. Pero, tras las cuatro derrotas electorales consecutivas en elecciones autonómicas desde diciembre, la próxima sentencia del caso mascarillas, con la casi segura condena de José Luis Ábalos, y lo que está por venir en el caso Zapatero, esa apelación a la resistencia suena a súplica desesperada.

Decíamos hace unos días que la caída de Zapatero es el comienzo del fin de Sánchez. Ahora esa tesis es un clamor.