El Gobierno ultima una batería de medidas económicas que aprobará el próximo mes

Los ministerios económicos están ultimando una serie de normas e iniciativas que tienen previsto aprobar a lo largo del próximo mes, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas. Algunas llevan meses a punto de cerrarse, otras se han dado a conocer por primera vez a lo largo de los últimos días, y un par más han sido filtradas a los medios esta semana y la pasada, aunque la fecha de su aprobación no está tan clara.

Es un hecho que a lo largo de los últimos meses el Gobierno está anunciando en mítines iniciativas que pasan por el Consejo de Ministros y son publicadas en el BOE poco después. Algo que empezó con los avales a través del ICO destinados a facilitar el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, y que continuó con la promesa de construir 20.000 viviendas para alquiler social en terrenos del Ministerio de Defensa.

Más adelante, Yolanda Díaz anunció que destinaría casi 3.000 millones a políticas activas de empleo, Sánchez proclamó que el Gobierno financiaría parte de los billetes de Interrail a jóvenes, más de 1.000 millones en Formación Profesional y que los jubilados podrán ir al cine por dos euros. Pero los ministerios de Trabajo, Economía y Seguridad Social tienen un buen puñado de otras medidas en el horno. Son las siguientes.

El Estatuto del Becario

El Ministerio de Trabajo está ultimando el mal llamado Estatuto del Becario en negociaciones con los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme. En teoría tendría que haberse aprobado antes del verano pasado -aunque es algo que colea desde 2017-, pero la insistencia del Gobierno por conseguir un acuerdo con todas las partes ha retrasado un año la negociación.

Sin embargo, en teoría ya verá la luz "de inmediato", o así lo aseguró este miércoles la ministra Yolanda Díaz. La pregunta ahora es si será con el visto bueno de los empresarios, después de una última reunión en la que fuentes sindicales aseguraron que no se habían producido avances.

En un primer momento, la intención de Trabajo era eliminar las prácticas extracurriculares, aquellas no imprescindibles para obtener la titulación. Después, se ha restringido el número de horas y limitado a través de otras vías. La ministra insiste en que la norma será clave para erradicar "una parte de la precariedad" en el país, la relacionada con el mal uso de las prácticas en las empresas.

Como ejemplo, ayer aseguró que una persona que realice prácticas en un periódico no podrá publicar piezas a su nombre, puesto que ese trabajo deberá realizarlo solo un empleado de la plantilla. Con el cambio, espera que sea el fin de "los falsos becarios", aunque todo dependerá del texto que finalmente sea publicado el BOE.

Facilitar la regularización de migrantes trabajadores

El Ministerio de Seguridad Social está tratando de facilitar que inmigrantes en situación irregular puedan acceder a un puesto de trabajo en España. La medida trata de hacer frente al problema de las vacantes, puesto que en el país hay alrededor de 100.000 puestos de trabajo que las empresas no consiguen cubrir pese a los 2,7 millones de parados.

La intención de Seguridad Social pasa por flexibilizar el llamado arraigo por formación, que se aprobó el año pasado para que aquellos extranjeros que llevan dos años en España se formen en las profesiones necesitadas de mano de obra. Si los requisitos de esas formaciones son menos estrictos, la incorporación al mercado laboral podrá ser mucho más rápida de lo que ya está siendo.

Aquí hay diferencias entre ministerios, con Trabajo opinando que no se deberían flexibilizar las leyes, sino que los empresarios deberían ofrecer mejores condiciones laborales. También UGT se ha mostrado crítico con la idea, al asegurar públicamente su secretario general que sería preferible redirigir a los parados hasta estas vacantes, incluso retirándoles la prestación si rechazan ofertas de trabajo.

Nueva norma para las empleadas de hogar

Trabajo también tiene previsto aprobar en un par de semanas una nueva norma sobre riesgos laborales para empleadas de hogar. Bajo la premisa de que se trata de un colectivo especialmente vulnerable, además de feminizado, por prestar su servicio solas y en hogares particulares donde la Inspección de Trabajo tiene dificultades para investigar.

La peculiaridad de la medida está en que pretende activarse a través de autoevaluaciones que las propias empleadas de hogar tendrán que completar. Por su parte, las afectadas han reivindicado una protección efectiva y eficaz, puesto que, esgrimen, las empresas del sector llevan décadas sin cumplir en prevención.

Un observatorio de márgenes empresariales

Después de que Comisiones Obreras reivindicara la necesidad de contar con información oficial sobre los márgenes de las empresas -esto es, lo que las empresas se quedan tras la venta de cada producto, descontando los costes-, sobre todo para utilizar esa información en la negociación de convenios colectivos, el Ministerio de Asuntos Económicos accedió a ponerse manos a la obra. Y este jueves el secretario de Estado de Economía anunció que empezará a operar en junio.

Por el momento no está claro hasta qué punto la iniciativa de Economía coincidirá con lo que los sindicatos exigían, puesto que el Ministerio no ha compartido detalles. Sí parece que por el momento incluirá los datos del primer trimestre de este año y que aparecerán por sectores y no por empresas, así como que aunará información del Instituto Nacional de Estadística, del Banco de España y de la Agencia Tributaria.

CCOO buscaba poder conocer qué sectores estaban aumentando sus márgenes de beneficio y en qué medida, para así poder demandar mayores incrementos salariales a la hora de sentarse a renovar los convenios colectivos. Eso también abriría la puerta a congelar sueldos en el caso de que un determinado sector esté registrando pérdidas, pero al menos supondría una fuente de información fiable que utilizar en la negociación.

Límite a los visados dorados

Seguridad Social también está analizando cómo limitar las golden visa o visados dorados o de oro que actualmente otorgan un permiso de residencia a aquellos extranjeros que adquieran un inmueble de más de 500.000 euros. El ministro Escrivá confirmó este martes una exclusiva de El País, asegurando que "hay que revisar" esos incentivos, aunque también recalcó que no se trata de una prioridad de su Ministerio.

Es algo que Más País exigió en febrero al Gobierno a través de una proposición de ley, y ahora el Ejecutivo podría estar planteándose aumentar el mínimo requerido -puesto que un inmueble de medio millón de euros no es de lujo de la misma manera que lo era en 2013, cuando se aprobó esta ley-, o directamente eliminar este tipo de visados. El partido de Íñigo Errejón entiende que las golden visa favorecen la especulación inmobiliaria y que expulsan a la población local.