Varios ministerios, pero también multitud de gobiernos autonómicos y de corporaciones locales están enviando cartas a las universidades informándoles de su oposición a la parte de la reforma de las pensiones que les concierne, y que tiene que estar en marcha en tres meses. Las entidades públicas no están dispuestas a pagar las cuotas a la Seguridad Social de sus estudiantes en prácticas no remunerados, tal y como deben hacer puesto que así consta en la ley desde marzo que deberá suceder a partir de octubre.

Los estudiantes en prácticas que sí reciben una remuneración deben cotizar desde 2011, pero no es el caso de aquellos que no cobran. Es algo que decidió cambiarse en la última parte de la reforma de pensiones, donde se incluyó una disposición adicional que establecía la nueva obligatoriedad de la inclusión de los alumnos en el sistema de Seguridad Social, así como una reducción del 95% en las cuotas. Con esta bonificación, el Ministerio de Escrivá buscaba facilitar el trámite a las empresas y entidades que reciben becarios.

"Fue una sorpresa cuando ministerios, consejerías y ayuntamientos empezaron a decirnos que no se van a hacer cargo de las cotizaciones"

josé luján, rector de la universidad de murcia

La reforma gustó en un primer momento a las empresas, que se mostraron a favor de abonar parte de la cuota de la Seguridad Social a los estudiantes, pero ha resultado especialmente molesta para todo tipo de organismos públicos. Y así se lo han manifestado a las universidades que les envían estudiantes para la realización de sus prácticas curriculares -obligatorias-, como han denunciado los vicerrectores de estudiantes y empleo de las mismas.

"Para nosotros fue una sorpresa cuando las empresas empezaron a decirnos que no se van a hacer cargo de las cotizaciones, pero fue el doble de sorpresa cuando nos dicen eso mismo ministerios, consejerías autonómicas y ayuntamientos", explica José Luján, delegado de la CRUE -la organización que agrupa a 76 universidades españolas- para el desarrollo de la LOSU y rector de la Universidad de Murcia. "Nos están escribiendo y llamando de todas partes, de hospitales, juzgados, de la Biblioteca Nacional, diciéndonos que no se hacen cargo de la carga económica y que si no la asumimos nosotros no cogen estudiantes", explica también Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza.

Según la ley (Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo), la empresa o entidad donde el estudiante realice las prácticas no remuneradas será quien deba encargarse de la nueva cotización obligatoria, como reza su texto, pero hay una excepción.

"En el caso de las prácticas formativas no remuneradas, el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social corresponderá a la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen aquellos, salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación que, en su caso, se suscriba para su realización se disponga que tales obligaciones corresponderán al centro de formación responsable de la oferta formativa. Quien asuma la condición de empresario deberá comunicar los días efectivos de prácticas a partir de la información que facilite el centro donde se realice la práctica formativa", dice la ley.

Es a esta última parte a la que se agarran las instituciones públicas, que andan tratando de formalizar un nuevo convenio que las exima de abonar las cotizaciones y de gestionar las altas y las bajas.

La vicerrectora Alcalá ha mostrado su preocupación por una situación que ha estallado a final de curso y en pleno periodo de matriculaciones, puesto que las prácticas están incluidas en los programas docentes de multitud de carreras y si no van a poder realizarse habría que modificarlos con tiempo. Por eso, resalta, las universidades han pedido una moratoria al Gobierno que les permita retrasar la entrada en vigor de esta parte de la ley, al menos hasta que se aclare el embrollo.

El 65% de los estudiantes hace prácticas en el sector público

No se trata de una petición baladí. Una parte importante de las carreras universitarias exigen realizar prácticas curriculares para terminar el grado y poder obtener el título. Por ejemplo, los estudiantes de Medicina pasan el segundo semestre de su quinto curso y su sexto curso entero cursando prácticas en hospitales, algo que sucede de forma similar con los estudiantes de Fisioterapia, Enfermería, Terapia Ocupacional, Odontología, Psicología y otros grados del sector sanitario. También es el caso de los estudiantes de carreras de Educación, que las llevan a cabo mayormente en colegios públicos, y de Derecho, donde acuden a los juzgados, entre muchos otros.

Según cálculos de la CRUE, alrededor de dos tercios de todos los estudiantes universitarios españoles realizan sus prácticas en el sector público, por lo que la oposición de tantas administraciones les supone un problema mayúsculo. Entre otros, las fuentes consultadas aseguran que se han negado a afrontar el coste económico de los nuevos alumnos el Ministerio de Justicia, el de Defensa, el de Transición Ecológica, el Ministerio de Hacienda pero también el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social, multitud de juzgados, hospitales y consejerías de Educación.

Me llaman constantemente y me dicen 'no vamos a firmar el convenio'"

Ángela Alcalá, vicerrectora de la Universidad de Zaragoza

"Me llaman constantemente y me dicen 'no vamos a firmar el convenio'. Y nos envían otro en el que pone que la universidad será quien se encargue de gestionar las altas y las bajas a la Seguridad Social de los alumnos y también el coste de las cotizaciones. Pero en las universidades no hay personal ni recursos económicos, y estamos tratando de hacerlo nosotros, pero los presupuestos de este curso que viene ya están aprobados", protesta Alcalá.

Al margen de la cotización obligatoria, las universidades españolas también han rechazado el -mal llamado- estatuto del becario que la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz firmó la pasada semana con UGT y CCOO. Aunque parece que el texto ni siquiera llegará a aprobarse en el Consejo de Ministros por las resistencias que está presentando la parte socialista del Gobierno, la CRUE manifestó en una nota enviada a medios que el texto constituía "una amenaza para el modelo de prácticas vigente".