En los últimos días, Pedro Sánchez ha cerrado acuerdos clave para lograr su investidura como presidente del Gobierno. El líder socialista ha pactado reformar el impuesto sobre Sociedades con Sumar, condonar la deuda autonómica y el traspaso de Rodalies para recibir los apoyos de Esquerra Republicana de Catalunya y una ley de amnistía para tener los síes de Junts. Además, al PNV ha garantizado más concierto económico para el País Vasco y un nuevo Estatuto.

Estas cesiones han soliviantado a los empresarios. Lo han hecho especialmente los acuerdos con Sumar y con Junts, tan dispares en lo político pero hábiles por igual en su capaz negociadora. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se puso el grito en el cielo por las propuestas que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez incluían en su acuerdo, en concreto, por dos de ellas: reducir la jornada laboral a las 37,5 horas -sin hablar antes con los empresarios- y aumentar la presión fiscal a través del impuesto que pagan las empresas.

Fue rotundo el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al tildar de “populismo” y de medidas que “perjudican a las empresas” las pactadas entre Sumar y PSOE. Pero aunque con menos palabras, el tono de los empresarios se elevó este jueves al conocerse que el documento firmado con Junts incluye la posibilidad de que se ceda toda la tributación a Cataluña, así como una ley de amnistía que incluiría a todos los enjuiciados por el procés desde hace casi una década.

La CEOE ha convocado un comité extraordinario para “abordar la situación de España” ante la “grave preocupación existente en el mundo empresarial”. El comunicado llegó horas después de que se hiciese público el acuerdo político y, aunque no menciona demasiado en lo económico, sí abre la puerta a una modificación de la ley de financiación autonómica así como a “facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.

Las cosas no empiezan bien con los empresarios, pese a que todavía no hay ni fecha de investidura confirmada. Directivos de la banca y de las energéticas han criticado abiertamente que se perpetúen los impuestos a los beneficios de estas compañías, tal como viene a indicar el acuerdo entre el PSOE y Sumar.

Socialistas en empresas públicas

Esta situación se produce con el Gobierno tratando de aumentar su participación en empresas estratégicas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y con directivos afines al partido socialista en puestos de empresas con participación pública como Red Eléctrica, Aena, Renfe o Hispasat.

Precisamente en el ámbito ferroviario, podría haber cambios tras el acuerdo entre Esquerra y el PSOE. Ambos partidos acordaron que si la investidura sale adelante se creará una sociedad mercantil bajo el nombre de Rodalies Catalunya. La nueva empresa tendría un consejo de administración paritario entre la Generalitat y la Administración General del Estado (AGE), es decir, que el Gobierno tendría un papel clave en esa sociedad.

En la actualidad, al frente de Renfe ya hay un directivo catalán. Se trata de Raül Blanco, miembro de la comisión ejecutiva del PSC y ex secretario general de Industria y Pyme con la ex ministra del Gobierno de Sánchez Reyes Maroto. En Adif, la presidencia la ocupa María Luisa Domíguez González, un perfil más técnico que político y que antes de ocupar ese puesto ya trabajaba en el gestor de infraestructuras.

El PSC es una de las casas socialistas donde Sánchez ha encontrado a más perfiles para poner al frente de empresas con participación pública. Además de Blanco, Maurici Lucena, que fue portavoz parlamentario de los socialistas catalanes es en la actualidad el presidente y consejero delegado de Aena. Jordi Hereu, ex alcalde de Barcelona por el mismo partido, es ahora presidente de Hispasat.

También Indra se ha convertido en una de las empresas clave donde los socialistas han ido tomando poder. El Gobierno tiró de Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, para ganar peso dentro de la empresa y poder controlar la toma de decisiones. Ignacio Mataix abandonó su puesto de consejero delegado y en su lugar fue nombrado José Vicente De los Mozos. Como presidente, aunque sin funciones ejecutivas, sigue Marc Murtra, histórico socialista. Al frente de Red Eléctrica, participada en un 20% por la SEPI, está Beatriz Corredor, la que fuese ministra de Vivienda en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con los apoyos necesarios para reeditar su mandato como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta con compañeros socialistas en empresas con participación pública y con la capacidad, a través de la SEPI, de aumentar el peso público en las que son de carácter privado. Sin embargo, sus acuerdos políticos ya han recibido el rechazo de directivos del Ibex 35 y de la patronal española.