La relación del Ibex 35 con el Gobierno de Pedro Sánchez, ahora en funciones, ha ido tensándose a lo largo de la legislatura. De los inicios de curso con los primeros espadas de las principales compañías del país a los ataques directos a empresarios por parte de ministros o las amenazas de deslocalizar inversiones si se perpetúan impuestos extraordinarios a las grandes empresas.

Tras la salida de Ferrovial, que ha trasladado su sede a Países Bajos, el Gobierno intenta atar en corto a Telefónica, que ha despertado el interés del fondo saudí STC. Este martes, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Ejecutivo confirmaba estar explorando las posibilidades para comprar una participación en la ‘teleco’.

"Es una empresa estratégica para España por su papel en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también en el ámbito de la defensa. No vamos a comentar cada una de las informaciones que se publican sobre estas operaciones por la prudencia que exige esa relevancia estratégica de la misma”, respondió la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros.

La irrupción de STC en el accionariado de Telefónica ha causado una enorme brecha dentro del Gobierno. Hay ministros que no ven con malos ojos que un país como Arabia Saudí invierta en empresas españolas, como es el caso de la vicepresidenta Primera, Nadia Calviño. Por contra, como avanzó este periódico, Margarita Robles (titular de la cartera de Defensa) aboga por evitar la la llegada del país asiático a una empresa estratégica.

Las compañías denominadas estratégicas han cobrado relevancia desde la pandemia, cuando el Ejecutivo aprobó un escudo ‘anti-opas’ para proteger a sectores de vital importancia de inversiones extranjeras. La normativa marca que las empresas extracomunitarias que quieran hacerse con una participación superior al 10% en empresas estratégicas han de contar con la autorización del Gobierno. 

Esto ha permitido a Moncloa decidir sobre la OPA sobre Naturgy y mantener el control sobre si el fondo saudí puede elevar su participación en Telefónica.

En el caso de Naturgy, además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado su vigilancia. El Ministerio de Transición Ecológica está pendiente de la operación que anunció hace más de un año la energética, en la que pretendía dividir en dos la sociedad para intentar rentabilizar más sus operaciones. La empresa tendrá que lograr el plácet de Moncloa y, por las declaraciones del Gobierno no parece que lo vaya a tener fácil.

El plan de escisión (spin off, según el argot financiero) habría sido presentado en febrero de 2022, justo antes del estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania. "No se entiende muy bien si de lo que se trata es de mantener la inversión en transición energética. No es lo más aconsejable y vigilamos de cerca la operación", dijo la ministra Teresa Ribera.

El Ejecutivo también se pronunció sobre la toma de control de Celsa, a la que impuso condiciones como no realizar despidos y dar entrada a una empresa industrial con un 20% del capital.

Socialistas en puestos clave

Pero las empresas que han recibido ofertas de inversiones extranjeras no son las únicas compañías donde el Gobierno quiere mantener cierto control. Indra se ha convertido en una de las empresas clave donde los socialistas han ido tomando poder. Durante la primavera de este año, la compañía se vio involucrada en una crisis sin precedentes de buen gobierno, una vez que varios consejeros independientes abandonaron el consejo de administración al no poder asegurar el buen funcionamiento del organismo. 

Además, el Gobierno tiró de Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, para ganar peso dentro de la empresa y poder controlar la toma de decisiones. Ignacio Mataix abandonó su puesto de consejero delegado y en su lugar fue nombrado José Vicente De los Mozos. Como presidente, aunque sin funciones ejecutivas, sigue Marc Murtra, histórico socialista.

Durante su mandato, el presidente ha aumentado la presencia política en compañías públicas o que fueron privatizadas hace años. Hay casos de sobra conocidos. Está Juan Manuel Serrano, presidente de Correos y ex jefe de gabinete de Sánchez, pero también Maurici Lucena, al frente de Aena y con un marcado perfil socialista. 

Al frente de Red Eléctrica, participada en un 20% por la SEPI, está Beatriz Corredor, la que fuese ministra de Vivienda en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en Hispasat, el presidente también tiene trayectoria dentro del partido socialista. Se trata de Jordi Hereu, ex alcalde de Barcelona.

En definitiva, durante la legislatura la SEPI se ha convertido en el brazo empresarial a través del cual el Ejecutivo ha ido moviendo fichas para recuperar poder dentro de empresas estratégicas, con participación pública. No obstante, a medida que esto ha ido ocurriendo, se han ido aprobando normas que han torpedeado la relación de Sánchez con primeros ejecutivos de todos los sectores.

Impuestos a los beneficios extraordinarios

Ante la crisis inflacionista, el Ejecutivo sacó adelante dos tasas para gravar los beneficios que consideró “extraordinarios” de la banca y de las empresas energéticas. Dos impuestos que el acuerdo presentado por Sumar y el PSOE para reeditar el gobierno de coalición contempla revisar para mantenerlos.

El pacto también incluye una modificación del impuesto sobre Sociedades para que la tasa se pague sobre el resultado contable y no sobre la base imponible, como hasta ahora. Esto permitiría, según cálculos de Sumar, recaudar 10.000 millones de euros más, lo que supone aumentar en cerca de un tercio los ingresos por este impuesto. 

Estas novedades han sorprendido al sector empresarial. Cabe recordar que Ferrovial, a quien el Ejecutivo acusó de querer pagar menos impuestos, justificó su internacionalización y su voluntad de salir a bolsa en Estados Unidos para mover su sede a Países Bajos. Pero la presión fiscal sí ha sido el motivo por el que el presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, ha amenazado con paralizar inversiones en España. “La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España", insistió Imaz.

En la misma línea se pronunció este martes la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que señaló que existe una “falta de incentivos” para aquellos ciudadanos o empresas que “están pagando más del 50% de sus ingresos al Gobierno”. “Hay que pagar impuestos, pero si se paga demasiado la gente se marcha”, insistió.

En el sector energético, las críticas también han sido efectivas. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, se ha mostrado totalmente en contra de cualquier prórroga del gravamen vigente actualmente sobre las energéticas y la banca, tal y como proponen PSOE y Sumar en su acuerdo para formar un Gobierno de coalición, ya que es "discriminatorio e injustificado" y "no sigue la legislación y la regulación europea", y ha asegurado que la eléctrica seguirá recurriéndolo ante los tribunales.

Por otra parte, el acuerdo político también contempla una reducción de la jornada laboral que ha levantado ampollas entre los empresarios, que consideran que se trata de un “atropello constitucional” al papel de los agentes sociales. Además, supone un incremento de los costes laborales, de alrededor del 7%, y que puede comprometer subidas salariales, según el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Así, mientras el Ejecutivo intenta mantener el control de empresas privatizadas desde hace años, otras compañías de máxima relevancia para el país rechazan la política económica y empresarial que defienden el PSOE y Sumar.