El gran desembolso de los fondos europeos de recuperación era una oportunidad de oro para mitigar el déficit histórico de inversión que España acumula en la gestión del agua. En plena crisis de sequía, las miradas se dirigen a la forma en que se gestiona el dinero para paliar un problema estructural y cuyas consecuencias no han hecho sino empezar a notarse. Las empresas del sector y las grandes constructoras ponen el foco en la falta de un proyecto común, que atribuyen al reparto competencial en la gestión de un recurso estratégico para el país.

"Tenemos que planificar las infraestructuras pero tenemos un problema: la gestión del agua urbana está en manos municipales y eso hace que tengamos 8.200 reguladores y más de 2.000 gestores", reconocía este lunes Enrique Hernández, director general de la Asociación de Gestores del Agua, durante el IX Congreso nacional de ingeniería civil que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos celebra en Madrid.

En total, aseguró que España cuenta con 250.000 kilómetros de tuberías de distribución de agua y casi 200.000 kilómetros de alcantarillado. A eso se suma "un grave problema histórico de falta de inversiones que se agrava mucho con la sequía y el cambio climático", aseveró.

Fuentes del sector echan en falta un liderazgo claro en este ámbito y avisan de que mientras tanto, "la red está llena de agujeros", por los que se desperdicia un bien cada vez más escaso. En este sentido, apuntan que la dirección general del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), no es capaz de sacar proyectos adelante, sino que se limita a supervisar y aprobar proyectos, pero sin apenas capacidad propositiva.

"La dirección general del Agua tiene unas competencias sobre las obras de interés general, pero luego el resto es de Comunidades y Ayuntamientos, que es donde nos perdemos", reconocen desde una constructora.

Como contrapunto, desde otra de las grandes del sector comparan la situación de los fondos europeos con lo sucedido en el ámbito de la infraestructura ferroviaria. "Ojalá estuviésemos en el agua como con el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)", ironizan. La compañía pública se ha convertido en los últimos años en el gran licitador del Estado. "Allí hay un único encargado de coordinarlo todo y, además, tenían sus proyectos listos. Cuando ha llegado el dinero, los han ido sacando", resumen.

Las compañías ven un problema de vertebración a la hora de diseñar la estrategia, frente a lo que se ha hecho en carreteras o con el ferrocarril. "España tenía un modelo de gestión del agua global y nacional. Cuando se empezaron a dividir las Confederaciones Hidrográficas nos lo cargamos", añaden.

Mayor coordinación de las administraciones

En este sentido, las empresas ven un problema de atomización en la gobernanza. "Las decisiones del agua no pueden estar tomadas por 10.000 organismos, porque es algo estratégico para España", explican las citadas fuentes. "La gestión del agua está en todos los niveles de la Administración y creo que necesitamos un fortalecimiento institucional y una mayor coordinación tanto de la Administración como de la Administración con los actores implicados", abundaba Hernández en su intervención.

Además, consideran que el hecho de que las pocas competencias que retiene la Administración central estén en Medio Ambiente y no en Transportes (antiguo Fomento) explica alguno de los problemas en la gestión del agua que tiene España.

Durante el congreso, la directora general del Agua del Miterd, María Dolores Pascual, aseguró que el departamento que dirige Teresa Ribera "lleva desarrollando durante los últimos años unas líneas de trabajo fundamentales para mejorar de forma estructural la disponibilidad de recursos hídricos". En este sentido, subrayó que la mayor presión poblacional está en el litoral. Y para dar soluciones a esa escasez, recordó que el Ejecutivo está trabajando para potenciar los recursos no convencionales, especialmente a través de la desalación y la reutilización. "El objetivo es doblar el volumen generado en la actualidad para 2027", enfatizó.

La representante del Gobierno aseguró que el Ministerio "quiere hacer un especial hincapié en el cuidado de las aguas subterráneas y que están en situación de sobreexplotación". También dijo que "se sigue trabajando en políticas de eficiencia en la utilización del recurso con la mejora de las infraestructuras de transporte de titularidad estatal", abundó.

Más coste con el cambio climático

Pero las empresas creen que la pese a los esfuerzos, la inversión no termina de llegar a buen puerto. "En estudios que hicimos hace cinco años ya decíamos que necesitábamos unos 3.000 millones de euros al año para ponernos al día en estas infraestructuras. Pero si metemos los condicionantes del cambio climático, seguro que estaríamos triplicando esta cifra de inversión", apostilló Hernández.

El presidente de la patronal Seopan, que agrupa a las principales concesionarias del país, recordó durante el congreso que actualmente están planificados 19.000 millones en obras hidráulicas entre 2022 y 2027. "Faltaría por invertir en obras hidráulicas hasta 2027 unos 27.000 millones de euros, es decir, 4.500 millones de euros anuales y cuatro veces lo que estamos invirtiendo actualmente", expuso. "Ese objetivo es imposible si no acudimos a otros medios", remató.

En el ámbito de modernización de las redes e instalaciones, Núñez recordó que "solo en neutralidad energética, en la red de depuradoras y desalinizadoras -que consumen el 2% de la energía anual nacional- hay que invertir 1.500 millones de euros". "Esto es ahorro de gasto público en vena y tenía que estar ya hecho", subrayó.

Por su parte, dijo que en redes separativas hay más de 6.300 puntos en ciudades que tienen desbordamientos en episodios de lluvia. Eso requeriría, según los cálculos de la patronal, invertir otros 15.600 millones de euros. Además, la reposición de redes de suministro en las ciudades necesitaría 4.500 millones de euros anuales más.