La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegura que España atraviesa una "emergencia" en la materia que dirige. Para tratar de atajarla, el Gobierno está desplegando una batería de medidas que, hasta el momento, no han conseguido poner coto al problema. Tras una reunión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez con diferentes actores del sector de la vivienda mantenida en este jueves en Moncloa, Rodríguez ha hecho un llamamiento para que los caseros destinen sus viviendas al alquiler asequible.
En este sentido, ha prometido a los propietarios particulares de vivienda "certezas, seguridad jurídica y garantías para que puedan poner más vivienda a disposición de alquiler asequible". Es decir, que no tenga que dedicarse más del 30% de sus ingresos a pagar la mensualidad. "A los propietarios de vivienda en alquiler les necesitamos", ha enfatizado tras recordar que el 95% de las viviendas que se alquilan en España pertenecen a este tipo de caseros.
En el cónclave de Moncloa se ha abordado la situación que atraviesa el mercado de la vivienda con diferentes actores del sector, desde la banca hasta las inmobiliarias, pasando por los sindicatos. También ha participado el ministro de Economía Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
Apenas unas horas antes del dicho encuentro, la ministra también invitaba a los promotores de vivienda a participar en la construcción de vivienda social que plantea el Gobierno. "Queremos que los promotores privados participen de la oferta en alquiler asequible o vivienda asequible. Y hay negocio (...). Sus márgenes no serán del 10%, pero pueden estar en torno al 5%", ha añadido. Unas palabras que no han sentado bien entre los socios de Sumar, que forman parte del Gobierno de coalición. "O hay negocio o hay derecho", ha dicho el portavoz del grupo en el Congreso, Íñigo Errejón.
Tras el encuentro en Moncloa, la ministra ha prometido también más agilidad para la construcción de vivienda. En este sentido, ha avanzado que se actualizará la orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras para facilitar el acceso a la financiación de las comunidades autónomas.
"El objetivo es actualizar esta normativa porque lo aconseja el estudio que hemos hecho de necesidades de modificación puntuales, lo que tiene que ver con agilizar de nuevo la gestión urbanística", ha señalado. También, ha añadido, "introducir elementos muy importantes, como las nuevas técnicas constructivas, especialmente en lo que se refiere a la industrialización de la construcción, o los factores de sostenibilidad también en el ámbito de la construcción".
Además, la ministra ha desvelado que la próxima semana tendrá lugar una reunión para avanzar en la cuestión de los alquileres temporales. "El próximo día 18 de abril se va a reunir un grupo de trabajo mandatado por la Ley de Vivienda y vamos a abordar en primer lugar la cuestión de los alojamientos temporales", ha señalado.
Respecto a la aplicación de ley de vivienda, ha pedido a los gobiernos regionales que hagan uso de las herramientas que les brinda la normativa para declarar el control de precios en las zonas tensionadas. "La presidenta de la Comunidad de Madrid tendría que atender la vida de los madrileños y madrileñas", ha llegado a decir en referencia a la dirigente regional, Isabel Díaz Ayuso.
A la reunión en Moncloa, la segunda de este tipo que organiza el jefe del Ejecutivo, han asistido representantes de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI), Asociación de Gestoras de Vivienda (AGV) y la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR).
También han asistido responsables de la patronal de las empresas concesionarias (SEOPAN), del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España (CGATE), la Asociación de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
En la parte social, la cumbre también ha contado con la presencia de miembros del Consejo de la Juventud de España, Plataforma del Tercer Sector, los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) y las plataformas Hogar Sí y ProVivienda.
Por parte del Gobierno también han estado presentes el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo, y el secretario general de Vivienda y Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero.
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hace 6 meses
Fijar precios es absurdo, mientras no nos protejan de los inquiocupas… no habrá oferta. El Socialismo funciona mientras dura el dinero de los demás…
Y en España ese dinero ya se ha acabado…
hace 6 meses
«Cuando definen la propiedad como función social, la confiscación se avecina; cuando definen el trabajo como función social, la esclavitud se acerca.»
~Nicolás Gómez Dávila
hace 6 meses
Es decir, me piden que ponga un alquiler a 350 euros. Ahora descuento la comunidad, la posible derrama que alguna vez aparece, el seguro, el IBI, declararlo en el impuesto de junio, que si se estropea la lavadora o el frigo. Igual me trae más cuenta regalar el piso y me quito de preocupaciones.
hace 6 meses
Estupendo!
Y como el sueldo moda (el más usual) es el que es, pues los alquileres a 350€ tutti li mondi.
No se yo… Caray! Que pongan un justiprecio por zona y que el ministerio de vivienda, o el competente en el asunto,qué complemente (así se ahorra la Administración tener que construir parque público y habría cierta seguridad jurídica)