Si las acciones de CVC y GIP las compra un único accionista, éste deberá contar con el visto bueno del Ejecutivo. Así lo confirman fuentes del Ministerio de Economía que señalan que la operación en la que trabaja Criteria, en conversaciones con la emiratí Taqa, deberá seguir los pasos de la compra de la saudí STC del 9,9% de Telefónica. De esta forma, será el Ejecutivo quien decida, en última instancia, quién se hace con el control de la cartera que quieren vender los fondos presentes en Naturgy.

El Gobierno no puede impedir que los fondos quieran deshacerse de sus títulos en la gasista, pero sí puede pausar la compra de los mismos. La herramienta legal que permite este control no es otra que el escudo antiopas, regulado en el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, y activado en marzo de 2020, en plena crisis del coronavirus.

Este escudo deja en manos del Ejecutivo la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

Con esta norma, los inversores extranjeros tienen que pedir una autorización previa para hacerse con más del 10% del capital de una empresa estratégica, entre las que se incluyen Telefónica y también Naturgy. Apelando a la protección de los intereses del país, el Gobierno vetó la entrada de Vivendi en la televisión de Telefónica y en otros casos ha impuesto medidas de control sobre los inversores. Un procedimiento que podría repetirse ante la entrada de Taqa en Naturgy.

Entre 2020 y 2022, según datos de la secretaría de Estado de Comercio, se han recibido 166 solicitudes de autorización. Solo la solicitud de Vivendi, recibida en 2022, se denegó por “ser imposible establecer medidas de mitigación eficaces”. Entre estas medidas, el Gobierno puede obligar a los inversores a suministrar información de forma periódica o puede limitar el acceso del inversor a información sensible. También se incluyen en este control medidas para garantizar el suministro de bienes y servicios o para evitar la pérdida de soberanía.

Es decir, el Gobierno puede o no autorizar las inversiones si se excede el 10% del capital de una compañía estratégica, pero aún autorizando la entrada de inversores extranjeros, el Ejecutivo tiene potestad para establecer las condiciones de la compra.

Cuatro años complicados para la gasista

Ciertamente, los últimos 4 años han sido complejos para Naturgy desde el punto de vista de la gobernanza, recuerdan fuentes del mercado. El activismo de IFM y sus diferencias con el presidente de la entidad, Francisco Reynés, han provocado un ruido en el grupo que ha generado inquietud en Criteria.

No ha ayudado tampoco el descenso del precio de la acción -casi el 20% en un año-, relacionado con las dificultades del sector gasista y con la salida de Naturgy de los índices de algunos de los grandes inversores internacionales. Esto último ha estado causado por su escaso capital flotante (acciones en el mercado), algo que ha estado relacionado con que IFM haya crecido en su accionariado a partir de varias pequeñas operaciones en bolsa.

A todo esto hay que sumar la intención de los propietarios del 40% de su capital (GIP, 20%; y CVC, 20%) de vender sus acciones al considerar que su inversión en el grupo no iba a apreciarse en el futuro. La decisión la tomaron -entre otras cosas- en pleno proceso de venta de GIP a BlackRock y -en clave interna- tras presionar sin éxito para que Naturgy dividiera sus activos en dos áreas, mercado libre y regulado, para explorar una venta de la primera.

En estas circunstancias, la Dirección de Criteria -con Ángel Simón como gran apoyo de Isidro Fainé- comenzó a explorar el mercado en busca de un fondo que dotara de estabilidad financiera al grupo y ayudara a neutralizar la hostilidad de IFM. Ahí surgió la opción de la empresa emiratí Taqa, cuya intención es lanzar una OPA sobre el 100% de la gasista.

La intención es que Criteria y el nuevo accionista marquen un rumbo recto para el futuro de Naturgy y puedan consensuar un nuevo plan estratégico. Mientras se cocía esta operación, el Gobierno -liderado por Teresa Ribera en este asunto- ha anunciado su intención de adquirir una posible participación en la empresa, al considerar que el gas es un sector estratégico, como publicó este periódico.

Los fondos de Naturgy tropiezan con el Gobierno

Además de para garantizar el suministro de gas en plena crisis energética, Naturgy también es estratégica por las infraestructuras que posee. Esto explica que el Estado lleve meses vigilando lo que ocurre dentro de Naturgy y que los fondos de inversión que participan en el accionariado de la empresa (o los que pretenden hacerlo) se hayan topado con la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez amparándose a la ley antiopas.

El primer gran fondo que contó con la oposición del Gobierno fue IFM. La sociedad que gestiona las pensiones de los jubilados australianos lanzó una opa para controlar el 22,7%, que finalmente se quedó en un 10,7%. El Ejecutivo de Pedro Sánchez mostró sus dudas en la entrada del capital extranjero y puso una serie de condiciones para avalar la entrada en el capital social de Naturgy. 

Entre ellas, figuraba la obligación de apoyar durante cinco años las inversiones vinculadas a la transición energética, no imponer ningún ERE o que la sede se mantuviera en territorio español. Con todo, el fondo ha mostrado su apetito y una apuesta decidida por quedarse en la empresa española y es improbable que acuda a la OPA que propone Taqa.

BlackRock también ha tenido sus más y sus menos con el Gobierno. Tras comprar el negocio de GIP, el Ejecutivo ha llamado a filas al fondo de inversión para que concrete sus planes dentro de Naturgy. De hecho, Moncloa considera que al haber un cambio de titularidad en las acciones debería actuar gracias a los mecanismos legislativos actuales. No obstante, BlackRock quiere deshacerse de gran parte de su participación en la energética y, precisamente, se las tendrá que ver con el Estado para poder dilucidar si puede traspasar los títulos a Taqa.

Conviene recordar que Naturgy y BlackRock comparten al 50% la sociedad Medina, que tiene el 49% de este gasoducto, mientras que el otro 51% lo controla la argelina Sonatrach, con la que la empresa gasista negocia habitualmente la actualización de los precios del gas que recibe de Argelia.

La propia Naturgy también ha tenido sus fricciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La energética quiso escindir la compañía en dos para sacar mayor rentabilidad en sus negocios. El Gobierno, con la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, siempre mostró sus dudas e instó a la empresa a no llevar a cabo sus planes por la “situación del contexto energético”.