El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "el sistema público de pensiones no está en riesgo" y que "goza de una extraordinaria salud". La respuesta parte de unas declaraciones previas de la oposición. El portavoz económico de Vox, José María Figaredo, criticó la situación presupuestaria del sistema y planteó la necesidad de "una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos".
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Horas después, desde el Partido Popular quisieron dejar claro que no compartían la idea lanzada por Vox de semiprivatizar el sistema de pensiones. En una entrevista en Al rojo vivo, el portavoz del PP, Borja Sémper, explicó que "el sistema aguanta", aunque reconocía que había "que garantizarlo y viabilizarlo", ya sea "con el modelo actual" o "con los que vengan".

¿Cuál es la situación presupuestaria de la Seguridad Social?

Desde que Sánchez llegó a la Moncloa, el Estado ha tenido que ir aumentando gradualmente las transferencias que inyecta a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones. Es decir, como los ingresos propios del sistema no son suficientes, el Gobierno tiene que compensar la insuficiencia de ingresos del sistema para poder hacer frente a los compromisos financieros.

Pues bien, desde 2018 y hasta agosto de 2026 (último dato disponible), el conjunto de estas aportaciones asciende hasta los 309.000 millones de euros. Además, a lo largo de los años, el volumen necesario para sostener el sistema ha requerido un mayor volumen de recursos. Mientras que en 2018 fueron necesarios unos 14.600 millones adicionales para tapar el agujero presupuestario; en 2025, alcanzaron casi los 48.000 millones. Es decir, las inyecciones del Estado a la Seguridad Social se han disparado un 226% en tan solo ocho años.

Este aumento de las transferencias refleja el desequilibrio que arrastra el sistema entre sus voluminosos ingresos y gastos. Según describe el economista y autor de El fin del mundo tal y como lo conocíamos (Deusto, 2026), José Carlos Díez: la Seguridad Social "gasta más de 200.000 millones al año; esto es un tercio del gasto público, o sea, uno de cada tres euros, e ingresa menos de 150.000 millones vía cotizaciones, entonces tiene un déficit de 60.000 millones de euros".

Un fenómeno que lleva al sistema de pensiones a un nivel de dependencia de la financiación estatal que le hace estar lejos de la "extraordinaria salud" que ha defendido el presidente del Gobierno este martes. De hecho, Díez eleva el diagnóstico y recurre a una comparación médica para describir la situación: "En términos médicos, el sistema de pensiones está para entrar en la unidad de cuidados intensivos. O sea, no está para ir al médico y que lo mediquen, está en nivel de cuidados intensivos".

Una situación que empeora pese a la reforma de Escrivá

En la misma línea alertan otros organismos y centros de estudios. Este mismo septiembre, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, cifró en 50.000 millones de euros las transferencias anuales que se hacían a la Seguridad Social para pagar las pensiones y avisó de que con el paso del tiempo esta cifra "va a empeorar", por lo que insistió en que había que tomarse este asunto "bastante en serio".

Además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señaló en su último estudio sobre la sostenibilidad de las pensiones —publicado en mayo—, que la reforma de pensiones de 2023 no iba a ser suficiente para compensar los gastos que iba a generar la jubilación masiva de la generación del baby boom.

La reforma implementada por el entonces ministro de la Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, apostó por la vía de los ingresos para reforzar el sistema a través de la creación de nuevas cotizaciones sociales, además de alargar la edad de jubilación y aplicar ventajas económicas a los que retrasasen su jubilación y desincentivos para los que la adelantasen.

Pese a ello, según las estimaciones de la AIReF, el gasto en pensiones alcanzará el 16,4% del PIB en 2050, lo que supone un incremento de 3,4 puntos porcentuales más respecto al nivel actual. Y no es poco; a precios de 2025, ese 4,4% representa unos 60.000 millones de euros adicionales. Y lo interesante es que, para financiarlo, las cotizaciones sociales aportarán nueve décimas, mientras que las transferencias del Estado tendrían que crecer en 2,7 puntos del PIB. Es decir, tres de cada cuatro euros adicionales que necesitará el sistema en 2050 tendrán que proceder de las transferencias del Estado, lo que supondrá o emitir más deuda pública o recortar el presupuesto de otras políticas.

Por tanto, resulta llamativo que Sánchez haya respondido a las propuestas de reforma planteadas por la oposición reivindicando que la reforma de 2023 ya garantiza la sostenibilidad del sistema, pese a que las previsiones de los centros de estudio apuntan a que las medidas adoptadas no serán suficientes para cubrir el aumento del gasto y que serán necesarias nuevas actuaciones para financiarlo. Además, el discurso de Sánchez sobre el riesgo de una semiprivatización del sistema resulta sorprendente, puesto que su propio Gobierno impulsó los planes de pensiones de empleo, un mecanismo de ahorro privado a través de las empresas que complementa al sistema público de pensiones.