La "transparencia" y la "regeneración" serán los pilares que sostendrán la etapa de Pablo Casado al frente del PP. Al menos sobre el papel, este es el compromiso del actual jefe de la oposición para romper de una vez por todas con el pasado corrupto del partido, aunque ello suponga "soltar amarras" y llevarse por delante a cualquiera que erosione las ya de por sí dañadas siglas del PP, de nuevo en el foco mediático por las nuevas informaciones sobre el caso Kitchen y la imputación del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, una onda expansiva que amenaza con llevarse por delante a otros cargos de la cúpula del anterior Gobierno del PP, entre ellos María Dolores de Cospedal o el propio Mariano Rajoy.

A Casado, según fuentes de la dirección, "no va a temblarle el pulso" en apartar a aquellos a quienes salpique la causa que investiga la presunta utilización de fondos reservados para espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, se llamen como se llamen y sea cual sea el cargo que ocupasen entonces. "Quien la haga la va a pagar", llegó a afirmar Casado en una entrevista hace unos días, casi el primer pronunciamento público del presidente sobre el asunto.

En este intento por romper con el pasado, el PP soltará amarras, pero quizá no las más pesadas. Fuentes solventes de la dirección popular zanjan el debate sobre las voces internas que pedían a Casado abandonar y vender la actual sede del Partido Popular en el número 13 de la calle Génova de Madrid para rodear a la actual administración de un cortafuegos definitivo con la imagen de corrupción que ha acompañado durante años a las anteriores direcciones de los populares, y que se han sentado en el interior de esos mismos muros.

"Los edificios no delinquen", sentencian desde la dirección, en la que aseguran que Casado no abandonará la histórica sede del PP, entendida como la parte más importante del patrimonio del partido. Irse a otro sitio, insisten, "sólo traería muchos problemas" y desviarían el foco del principal objetivo del líder de la oposición, centrado en construir su propia marca personal no sólo en el histórico de dirigentes de la formación conservadora, sino también como alternativa moderada al Gobierno de coalición.

La decisión, según adelantó hace unos días el diario Público, parecía un acierto para algunos dirigentes del PP, que veían demasiadas polémicas vinculadas a la palabra 'Génova' como para seguir conservando el actual edificio, cuya venta supondría además un significativo estímulo para las cuentas del partido.

Pero no es una transacción que entre en los cálculos de Pablo Casado, ni si quiera en el largo plazo. La ruptura con la herencia que ha recibido el actual líder de las filas populares de tramas como la Gürtel, la Kitchen o la Púnica se basará en romper todo vínculo con aquellos que resulten imputados. Ni más, ni menos.

Actualmente, tal y como marcan los estatutos, el partido únicamente ha abierto expediente informativo a Fernández Díaz. Las mismas fuentes aseguran que la formación no se adelantará a los acontecimientos y no solicitarán, al menos de momento, la suspensión de la militancia del ex ministro hasta la apertura de juicio oral, evitando así marcar un precedente ante el hipotético escenario de que el siguiente nombre en la lista del juez fuese el de Mariano Rajoy.