España

El PSC presionó a Calvo para acelerar la reforma del delito de sedición

La idea inicial era hacer un paquete global con otras modificaciones del Código Penal ya comprometidas como el consentimiento sexual

Carmen Calvo y Miquel Iceta en una imagen de archivo EFE

El PSC tuvo mucho que ver con el hecho de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, incorporara en la agenda legislativa de este año la reforma del delito de sedición. Aunque apenas quedan tres meses para que acabe 2020 y se trata de una modificación harto compleja que el Ejecutivo quería unir a cambios de otros capítulos del articulado, el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, presionó para su inclusión y compromiso de abordarlo de inmediato, sin esperar al resto de las reformas.

El escenario preelectoral catalán que se abrirá con toda crudeza en cuanto se produzca la más que previsible confirmación, por parte del Tribunal Supremo, de la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pesado en la insistencia de Iceta.

Aunque el líder de los socialistas catalanes confía en atraer mucho del voto prestado que se fue a Ciudadanos en las anteriores elecciones autonómicas, de 2007,-hoy abandonado por aquellos líderes a los que votó entonces-, aspira a ampliar su base electoral entre un sector de votante que, sin ser nacionalista, entiende que los nueve condenados por el procés deben irse a casa. Y la rebaja de penas prevista para el delito de sedición allana mucho el camino en ese sentido.

La idea inicial era hacer un paquete global con otras reformas del Código Penal ya comprometidas

La idea inicial era hacer un paquete global con otras reformas del Código Penal ya comprometidas por el Gobierno, esto es, los delitos referidos a la libertad sexual, de modo que el consentimiento explícito marque la frontera de la violación; la derogación del artículo 315.3, que castiga con cárcel a los piquetes o la incorporación de otros como la exaltación del franquismo en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Pero la referencia a la reforma del Código Penal en el Plan Normativo Anual de 2020, que presentó la vicepresidenta el pasado día 8, deja muy claro que, ésta, de momento, estará centrada en «las figuras delictivas contra el orden público y la Constitución con la finalidad de adaptarlas tanto en perspectiva comparada con los textos nacionales de otras legislaciones nacionales europeas y al marco normativo de la Unión Europea, así como a los actuales parámetros doctrinales, políticos y constitucionales». Una reforma poco menos que a la medida de los políticos presos en Cataluña puesto que si se rebajan las penas en la futura reforma se aplicaría el principio de retroactividad de la ley penal de forma favorable al reo.

En todo caso es una reforma con la que el Ejecutivo también aspira a crear las condiciones para un «sí» o, al menos, para la abstención, de los independentistas republicanos de ERC en la votación de Presupuestos Generales del Estado.

En ese marco cabe inscribir también el anuncio que esta semana hizo el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, de comenzar a tramitar las peticiones de indultos para los presos del procés. Porque por mucho que afirmen desde el Gobierno y el PSOE que no es más que una cuestión procedimental, el ministro lo solemnizó en una sesión parlamentaria en respuesta a la portavoz de JxC, Laura Borràs.

El choque institucional con la Casa Real

Además, el choque institucional con la Casa Real a cuenta de la negativa del Gobierno que el Rey viajara a Barcelona para la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, cuyos motivos no se han terminado de aclarar, apunta a una nueva cesión al independentismo. Lo único que no ha terminado de funcionar para redondear la estrategia de Moncloa en la negociación presupuestaria ha sido la mesa de diálogo bilateral, que se iba a reunir a mediados de este mes y que ya está herida de muerte.

No han sido pocas las veces que Iceta ha defendido que «los delitos de rebelión y sedición no se ajustan suficiente a lo que pasó en Cataluña«, aunque sí se ha mostrado contrario a la concesión de la amnistía, que además de no estar contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, cree que sería hacer «tábula rasa» de todas la actuaciones del independentismo en 2017.

También lo dijo Pedro Sánchez en su entrevista en «La hora de la 1» cuando fue preguntado al respecto: «Hay que ir paso a paso . Yo creo que es evidente que esta crisis ha mostrado algo y es que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España, que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre por ejemplo en otros países europeos. Pero este será un debate que se tenga que abrir en el Congreso de los Diputados y desde luego el Gobierno de España en lo que estará siempre es en el cumplimiento estricto de la ley».

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