España

1-O: tres años de fracasos y gesticulación vacía

Pérdida del liderazgo económico en España, división entre los partidos políticos y parálisis de las instituciones tres años después del referéndum independentista

Referéndum 1-O: Incidentes en el Pabellón Deportivo municipal de Sant Julia de Ramis (Girona).

Referéndum 1-O: Incidentes en el Pabellón Deportivo municipal de Sant Julia de Ramis (Girona). EFE

«Esta legislatura irá de la restitución a la constitución», anunció Quim Torra en su investidura como presidente de la Generalitat, en mayo de 2018. Prometía así «restituir» en el cargo a los consellers cesados tras el 1-O y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del 17, tras los fallidos intentos de investir a Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull. Y se conjuraba para culminar el proceso independentista con la aprobación de la Constitución de la futura república. Hacer realidad la «república de los 8 segundos» proclamada por Puigdemont.

Pero los fracasos que le habían precedido han sido la constante durante su mandato. Tres años después del 1-O el independentismo no ha hecho realidad ninguno de sus objetivos, el balance del procés se resume en pérdida del liderazgo económico en España, división entre los partidos políticos y parálisis de las instituciones.

Electoralmente, sin embargo, el recuerdo del referéndum fallido y el argumento de los «presos y exiliados» ha servido al independentismo para mantener el pulso y ganar todas las elecciones desde 2017. El juicio del procés dio alas a ERC y JxCat en las elecciones generales, locales y europeas de 2019, que los independentistas ganaron sin discusión en Cataluña.

La desobediencia y la confrontación proclamadas se han quedado en los discursos, porque el Parlament y el Govern han acabado acatando cada una de las decisiones judiciales que han seguido a sus «envites». Pero ese discurso ha llevado al bloqueo constante de las instituciones, especialmente evidente a raíz de la pandemia.

Parálisis institucional

Este verano, cuando el Govern se hizo finalmente con las riendas de la gestión sanitaria del coronavirus, el Departamento de Salud se pasó más de dos meses sin secretario general de Salud -entre la dimisión de Joan Guix, a final de abril, y el nombramiento de Josep Maria Argimon, el 18 de julio-. Un nombramiento que llegó tras fuertes presiones del ministro Salvador Illa, el presidente del Colegio de Médicos, Jaume Padròs y epidemiólogos como Antoni Trilla ante la oposición de ERC a nombrar un cargo pro-convergente.

Una parálisis fruto también de que el movimiento está más dividido que nunca. Con cinco partidos pugnando por lo que era CiU -Junts, PDeCat, PNC, Units y Demòcrates-, aunque todos rechacen la herencia envenenada de Jordi Pujol, y todos ellos en guerra abierta con ERC. Las entidades, ANC y Òmnium, muestran también dificultades crecientes para ocultar sus enfrentamientos internos, mientras se ven superadas en la calle por los CDR u oscuras plataformas como el Tsunami Democràtic que incendió las calles hace un año.

Crisis económica

Y en el terreno económico, Cataluña ha perdido definitivamente su carácter de locomotora de la economía española. Tras la huida de unas 4.000 empresas en octubre de 2017 los datos de la economía catalana no han dejado de retroceder. Madrid se situó en el 2019 por segundo año consecutivo como la economía de mayor tamaño de España superando a Cataluña que tradicionalmente ocupaba ese puesto. Según los datos publicados hoy por el INE, el PIB (todo lo que un territorio produce en un año) de Catalunya fue de 236.739 millones de euros mientras que el de Madrid fue casi 3.000 millones más alto.

Junto a los datos macroeconómicos, ejemplos muy concretos que ya han hecho saltar las alarmas. Desde el cierre de Nissan a la fusión de Caixabank y Bankia, con la expulsión de la cúpula de la caja catalana de los dos principales defensores del soberanismo: Jaume Girò primero, y Jordi Gual con la fusión.

Las únicas «victorias» del independentismo se han producido en el ámbito europeo, con las trabas de Bélgica y Alemania a la extradición de Carles Puigdemont, que han reforzado al ex presidente fugado en su papel de paladín del independentismo. Mientras Oriol Junqueras, el interlocutor escogido por el Gobierno de Pedro Sánchez, languidece en prisión, Puigdemont gana proyección desde Waterloo y, ahora, desde el Parlamento Europeo.

Ha sido la mayor victoria de Puigdemont, que le ha permitido sostener el discurso de una justicia manipulada e injusta a la que se puede derrotar en Europa. Aunque lo cierto es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha propinado dos sonoras bofetadas al proceso independentistas en las dos únicas sentencias en las que ha entrado al fondo del 1-O: el recurso de amparo de Carme Forcadell contra el Tribunal Constitucional que frenó el pleno en el que pretendían realizar la primera declaración de independencia, y el presentado por los miembros de la «sindicatura electoral» del 1-O, a los que el Constitucional impuso multas de 2.000 euros. En ambos casos, el TEDH resolvió que el Constitucional había hecho lo necesario para garantizar el estado de derecho en Cataluña.

Violencia en la calle

«Apreteu, apreteu«, conminó Torra a los CDR en el acto institucional de conmemoración del primer aniversario del 1-O. Y los CDR apretaron, hasta asaltar el Parlament. Fue la primera muestra de la violencia derivada del procés, propiciada por el propio Torra, que impuso un itinerario de la manifestación conmemorativa hasta las puertas de la cámara muy cuestionado por los mossos.

Durante toda la jornada la protesta independentista había reproducido las acciones ya vistas en Cataluña en la huelga separatista del 8 de octubre: invasión de las vías del AVE en Barcelona y Girona, cortes de carreteras y movilizaciones ante la delegaciones del Gobierno y la Jefatura de Policía en Barcelona.

Un aperitivo de lo que llegaría un año después, tras hacerse pública la sentencia del procés. El misterioso Tsunami democràtic abrió el fuego asaltando y bloqueando el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Unos disturbios que fueron en crescendo hasta la «batalla de Urquinaona» que dejó imágenes de violencia inéditas en la capital catalana.

El balance inmediato: 54 detenidos y 182 heridos entre manifestantes, policías y ciudadanos afectados esas noche. Casi 600 heridos y 200 detenidos durante una semana. A medio plazo, una auditoría ordenada por Torra sobre la actuación de los Mossos que ha abierto un poco más la brecha entre la policía autonómica y su gobierno, que la ha cuestionado en repetidas ocasiones. Tanto, que Miquel Buch fue el único fiel a Carles Puigdemont en caer en la remodelación del ejecutivo emprendida por Torra antes de ser inhabilitado.

Esta semana, la inhabilitación de Torra ha provocado disturbios tachados de moderados. «Sólo» se han lanzado cabezas de cerdo a los mossos que custodiaban edificios oficiales, intentaron asaltar de nuevo el Parlament y quemaron algunos contendores. Esta vez, sin embargo, eran apenas unas decenas de manifestantes poniendo a prueba la autoridad del nuevo conseller de Interior.

Las movilizaciones en la calle, las que según el relato independentista han llevado en volandas a los gobiernos separatistas de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, también pierden fuerza.

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