La Fiscalía de Madrid ha remitido un informe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) en el que considera procedente el cierre perimetral de Madrid y de otros nueve municipios de más de 100.000 habitantes para evitar la expansión del coronavirus.

De esta manera, el Ministerio Público pide ratificar las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad madrileña para hacer efectiva, a su vez, la Orden del Ministerio de Sanidad de la pasada semana con la que se acordó limitar las entradas y salidas a la capital española como medida para controlar la pandemia.

La Fiscalía entiende que las restricciones de entrada y salida en territorios de mayor o menor extensión pueden adoptarse con fundamento en la legislación estatal y autonómica de Sanidad y que, además, se ajustan a los criterios de proporcionalidad y necesidad sin tener en cuenta razones económicas o sociales que también pudieran ser dignas de protección porque la salud pública es el único bien jurídico que se tiene que salvaguardar para ratificar la medida.

Aplicación de las sanciones

De hecho, subraya que la posibilidad de que la orden afecte al derecho fundamental a la libertad de circulación tiene una “menor” trascendencia porque atiende a un “amplio” catálogo de supuestos “en que se puede salir o entrar, por razones sanitarias, empresariales, educativas, laborales, profesionales, gestiones bancarias y administrativas, entre otras”. De ahí que pide la ratificación de la medida a la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Precisamente la ratificación por parte del TSJ de Madrid de las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid -atendiendo a la orden previa de Sanidad- es el paso que faltaría para poder aplicar las sanciones correspondientes a quien incumpla las restricciones.