Si un espectador desinformado hubiera entrado este jueves en los salones de Foment del Treball, la gran patronal catalana, habría tenido la ilusión de una vuelta atrás en el tiempo, cuando el procés no había empezado. Se habría encontrado con un ministro de infraestructuras socialista prometiendo inversiones y buen entendimiento a un empresariado catalán quejoso por la falta de inversiones en la comunidad y un conseller de Territori secundando cada una de esas quejas, pero presente y dispuesto a compartir foto y mantel con el ministro de Transportes.

Era el colofón de dos días de visita institucional de José Luis Ábalos a la capital catalana. Dos jornadas en las que el ministro de Transporte ha firmado la cesión del edificio histórico de Correos para crear un hub tecnológico en Ciutat Vella, prometido 72 millones para la promoción de vivienda social y desencallado la construcción del acceso sur al Puerto de Barcelona, valorado en más de 470 millones de euros.

Los socialistas catalanes saben que la próximas elecciones difícilmente traerán un vuelco que permita desalojar a los independentistas del Govern, pero son conscientes también de que su principal obstáculo es la abstención, y su mayor ventaja, la nula gestión del gobierno de Quim Torra.

Movilizar al electorado

«Hay que convencer a la gente de que el que se abstiene vota que decida otro» advertía Miquel Iceta este jueves, lamentando que el independentismo «ha conseguido que las elecciones no sirvan para cambiar un gobierno que lo ha hecho mal, porque ha conseguido convertir las elecciones en una muestra de adhesión a una idea».

La única manera de darle la vuelta a esa ventaja independentista es convencer al electorado de que una Generalitat dispuesta a pactar con el Gobierno puede obtener réditos para Cataluña. Esto es lo que intentó mostrar José Luis Ábalos en Barcelona.

En Foment, el ministro apostó por el diálogo para solucionar los problemas y prometió una nueva etapa de sintonía entre las administraciones de España y de Cataluña, ante un empresariado quejoso por el eterno retraso en el Corredor del Mediterráneo y las inversiones en Rodalies.

Ábalos sentenció que en esta tierra, donde «la falta de empatía y entendimiento» a veces ha ocasionado un desperdicio de energía, hay que reivindicar «el diálogo como método para afrontar los problemas» en un momento en el que otros apuestan por la confrontación. Y aseguró que, pese a las discrepancias, el trabajo entre el ministerio y la Generalitat «funciona».

Acceso sur al Puerto de Barcelona

Como muestra, el acuerdo firmado poco antes entre el Ministerio de Transportes, la Generalitat, Adif, Puertos del Estado, los ferrocarriles catalanes FGC y el Puerto de Barcelona para desencallar la construcción de los nuevos accesos viarios y ferroviarios a esta infraestructura portuaria con la solución acordada en 2007, lo que da una idea del retraso que acumula el proyecto.

El acuerdo, escenificado junto al conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, y la también convergente presidenta del Puerto, Mercè Conesa, supone la vuelta a la solución constructiva para los accesos es la establecida en el estudio informativo aprobado en octubre de 2007.

El protocolo firmado este miércoles sustituye al firmado en septiembre de 2013 para construir el acceso ferroviario al sur del Puerto, que aprovechaba un tramo de vía de mercancías de FGC y que acabó siendo desestimado al no conseguir el visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

El proyecto de 2007 se presupuestó en unos 473 millones, y ahora habrá que volver a calcular la inversión necesaria y decidir cómo se financia, aunque se supone que el Puerto debería hacerse cargo de la mitad del coste.

72 millones en vivienda

El día anterior se firmó un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona por el que el Gobierno invertirá cerca de 72 millones de euros para impulsar los 54 proyectos de promoción de vivienda pública del consistorio que suponen 3.614 nuevos pisos públicos de alquiler.

Esta aportación estatal, que se podría ampliar hasta los 110 millones de euros, procederá de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 en el marco del Plan 20.000, una iniciativa del ministerio para la promoción de viviendas de alquiler social o asequible en zonas donde el mercado está especialmente tensionado.

«Por primera vez en muchos años podemos decir que en Barcelona no nos sentimos solos en políticas de vivienda», subrayó ufana Ada Colau, que describió el convenio firmado como un «punto de inflexión y un cambio radical» de la política estatal en este ámbito.

Cesión del edificio de Correos

Era el segundo acuerdo con el Ayuntamiento, tras haber firmado el día anterior la cesion de histórico edificio de Correos en el centro de Barcelona. El proyecto, liderado por el concejal socialista Jaume Collboni, pretende consolidar el posicionamiento de Barcelona como capital digital y permitirá generar unos 1.500 puestos de trabajo y albergar hasta 150 compañías y start-ups.

Además, constituirá la mayor movilización de espacio para actividad económica vinculada a los sectores tecnológicos y digitales en el distrito de Ciutat Vella, según la nota de las instituciones. En total 30.000 metros cuadrados puestos a disposición de nuevas empresas en un proyecto de reforma del edificio histórico de Correos que costeará el Consorcio de la Zona Franca.