La proposición de reforma de la Ley del Poder Judicial que presentaron esta semana en el Congreso de los Diputados los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, ha levantado ampollas en el ámbito judicial.

Prácticamente toda la carrera, las asociaciones judiciales y la mayor parte de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la han recibido como un «ataque» a la separación de poderes y, sobre todo, a la independencia judicial. La Comisión Europea también ha lanzado una advertencia a España, recordándole que el Poder Ejecutivo y el Legislativo deben reducir su influencia en el Judicial.

Los dos principales cambios que se pretenden introducir en la reforma son la reducción de la mayoría parlamentaria para elegir a los vocales judiciales del órgano de Gobierno de los jueces, cuya designación saldría adelante en una segunda votación con una mayoría absoluta si no se consigue la mayoría de 3/5 que ahora marca la ley, y que el CGPJ no pueda hacer nombramientos una vez concluya su mandato.

Los jueces se han mostrado dispuestos a «plantar batalla» contra esta reforma que consideran «inconstitucional, antidemocrática y peligrosa» porque establecería una línea directa entre los partidos de Gobierno de turno y el Poder Judicial a la hora de elegir a sus miembros. Un grupo de siete vocales del CGPJ ha solicitado al presidente del órgano, Carlos Lesmes, un Pleno extraordinario para que los 20 miembros aborden el asunto, puesto que al recurrir los grupos políticos del Gobierno a la proposición de ley para registrar su propuesta en lugar de al proyecto de ley se han saltado la consulta previa al Consejo. El Independiente entrevista a uno de los impulsores de la propuesta, Gerardo Martínez Tristán.

Pregunta.- ¿Por qué es «peligrosa» para la independencia judicial esta reforma?

Respuesta.- Cuando cualquier iniciativa legislativa genera un rechazo casi unánime es para preocuparse, porque si hay rechazos parciales, diferentes perspectivas, seguramente la técnica empleada o las soluciones a las que se llega no son satisfactorias para determinados grupos. Aquí no es eso, aquí todo el mundo está en contra tanto por el fondo como por la forma. Eso es lo que hace que sea peligrosa.

Algunos de los que están en la mayoría parlamentaria del Gobierno han dicho que les parece peligroso lo que pueda ocurrir en el futuro

No solamente se ha empleado el calificativo de inconstitucional, sino también el de antidemocrático. Además, lo han empleado las asociaciones de jueces, numerosos juristas que se han pronunciado en diversos foros e incluso los partidos políticos. Algunos de los que están en la mayoría parlamentaria del Gobierno han dicho que no estaban seguros de que la forma fuera aceptable y les parece peligroso lo que pueda ocurrir en el futuro, cuando el color político que gobierne sea de otro tinte. Efectivamente, esos calificativos que han sido vertidos por una multiplicidad de personajes son correctos.

Pregunta.- ¿Cómo afectaría una reforma como la propuesta a nuestro Estado de Derecho?

Respuesta.- Hay que remontarse al artículo 122 de la Constitución, a los debates constituyentes, al germen del CGPJ y llegar a la conclusión de que cuando el legislador orgánico de 1985 introdujo el sistema de designación o elección parlamentaria en lugar del sistema de elección por parte de los jueces fue consciente de que podría generar dudas sobre la independencia y la politización del órgano. Para evitarlas, empleó una de las mayorías cualificadas o reforzadas que se contemplan en la Constitución (3/5) de tal manera que para llegar a una situación satisfactoria hace falta el consenso o los acuerdos entre todo el arco parlamentario. Eso hizo que la Ley Orgánica del Poder Judicial tenga un marchamo democrático y de constitucionalidad que asemeja al CGPJ, entre otros, al Consejo de Magistratura italiano.

Pregunta.- La Comisión Europea ya ha reaccionado a pesar de que la reforma aún no ha sido aprobada. ¿Qué pueden hacer las instituciones europeas a partir de ahora?

Respuesta.- Realmente, las advertencias de las instituciones europeas a propósito del sistema de elección del CGPJ no son nuevas, pero en las últimas horas la Comisión Europea ha sido contundente en cuanto a que no se puede seguir por esta línea con una reforma que supone un detrimento de la independencia y no se adecúa a los estándares de imparcialidad.

Tampoco debemos ponernos en el peor de los escenarios. Tengo la confianza en que la clase política tenga la cordura, que la tiene seguramente, para explorar soluciones intermedias. Espero que las instituciones europeas no lleguen a más, pero tenemos el precedente de Polonia. Allí se ha abierto un procedimiento por infracción por una reforma que tiene más calado pero que en estos aspectos es prácticamente la misma: partía de que si no salía adelante una votación de 3/5 en el Parlamento, bastase con una segunda votación con mayoría absoluta para la designación de los miembros del Consejo. Exactamente la misma proposición de ley que se ha presentado en España.

Polonia se ha quejado de que puedan sancionarla y en cambio se mire hacia otro lado cuando España está planteando hacer lo mismo

Ese procedimiento incoado contra Polonia puede derivar en consecuencias jurídicas reguladas en el propio Tratado de la Unión Europea como la suspensión de los derechos de participación. Lo grave no es sólo la advertencia de la Comisión, sino que Polonia se ha quejado de que puedan sancionarla y en cambio se mire hacia otro lado cuando España está planteando hacer lo mismo. Es una presión sobre las instituciones europeas que a mi juicio resultaría insoportable.

Pregunta.- En esa esperanza de que los partidos políticos lleguen a un acuerdo, ¿habría una solución intermedia entre que los vocales sean elegidos por parte de los jueces o lo sean por parte de los grupos parlamentarios.

Respuesta.- Siempre fui partidario de la elección parlamentaria porque me parecía que era la más adecuada, pero después de 35 años de experiencia que lleva vigente la Ley Orgánica de 1985 lo cierto es que la percepción de falta de independencia del CGPJ, que no del Poder Judicial, creo que ha ido en aumento. No se si el sistema ha fracasado totalmente y de manera irremediable y por tanto hay que cambiarlo o es conveniente que en aras de recuperar la percepción que la sociedad tiene de esa falta de independencia quizá sería bueno explorar de nuevo el sistema de elección por parte de los jueces.

Gerardo Martínez Tristán, vocal del CGPJ
Gerardo Martínez Tristán, vocal del CGPJ. Imagen: Ignacio Encabo. I.E.

La percepción de falta de independencia del CGPJ, que no del Poder Judicial, ha ido en aumento

Es verdad que habría que buscar algún procedimiento para que la mitad de los jueces (aproximadamente) que no están asociados tuvieran las mismas posibilidades electorales que los candidatos apoyados por las asociaciones. Pero, mientras tanto, no se puede someter al sistema a tanta tensión como se le está sometiendo. Los actores políticos están obligados a llegar a acuerdos. Con el sistema actual, los acuerdos han estado a punto de alcanzarse entre julio y agosto, también en noviembre de 2018. Por lo tanto, no debe ser difícil retomar la negociación y llegar a un acuerdo de renovación del Consejo que en alguna medida elimine la tensión institucional que se ha provocado.

Pregunta.- ¿Tiene el CGPJ la posibilidad de paralizar la reforma con la publicación de un documento público, institucional, tras un Pleno extraordinario?

Respuesta.- No, no hay ninguna posibilidad de paralización. Simplemente un grupo de vocales hemos creído que la situación tenía la suficiente gravedad como para que el Consejo lo debatiera. No hemos solicitado un Pleno con una intención de máximos, sino simplemente para reflexionar sobre lo que está ocurriendo, sobre la reforma proyectada y ver a qué conclusiones llegamos.

La proposición de ley evita la función consultiva del Consejo. Y esto es incumplir uno de los estándares que ha proclamado la Comisión de Venecia o el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, quienes afirman que cuando se trata de reformas de esta índole ha de escucharse la opinión de los afectados. Saltarse ese paso sería un factor distorsionante de la relación de los poderes públicos españoles con los comunitarios porque se incumpliría uno de los estándares, y no uno de los menores. En democracia a veces las formas y el procedimiento son tan importantes como el contenido.

Pregunta.- Los argumentos de la proposición de ley son que se busca superar el bloqueo de la institución y reflejar la «pluralidad democrática» a la que hace referencia la sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional sobre el sistema de elección del Poder Judicial.

Respuesta.- Esa finalidad no es legítima porque para superar el bloqueo lo que hay que hacer es negociar y llegar a acuerdos. La negociación supone un tira y afloja, un do ut des, rebajar mis pretensiones para que tú rebajes las tuyas y lleguemos a un punto de encuentro. Eso es negociar. Lo otro es imposición. Si se ha hecho así para superar el bloqueo y que la renovación se haga con arreglo a estándares de pluralismo político, pues eso es lo que no se puede aceptar, porque el CGPJ no debe organizarse ni dirigirse con criterios de pluralismo político en el sentido partidista o partidario.

El CGPJ no debe organizarse ni dirigirse con criterios de pluralismo político en el sentido partidista

El propio Tribunal Constitucional, en el año 2016 juzgando con parámetros constitucionales la reforma del Poder Judicial que se aprobó en el año 2013, fruto de la cual surgió el Consejo en el que tengo el honor de estar, dijo que el CGPJ no puede ser examinado con perspectiva del pluralismo político tal y como estamos acostumbrados. Otra cosa es que en el seno del Consejo haya diversidad ideológica. La carrera judicial es una carrera de personas, es indudable que hay una diversidad ideológica y eso no solamente es legítimo, es bueno. Lo contrario sería estar fuera de la realidad. Pero de ahí a que la organización y la selección de los que componen el Consejo responda al pluralismo partidista a mi juicio media un abismo y sería un enorme error.

Pregunta.- En este tiempo de bloqueo, ¿los vocales del CGPJ han valorado presentar su dimisión para forzar el nombramiento de nuevos miembros?

Respuesta.- Que yo sepa, no. A título individual es posible que algún vocal lo haya podido pensar, plantearlo institucionalmente no ha sucedido.

No he contemplado la dimisión para superar el bloqueo porque tenemos una responsabilidad constitucional

Pregunta.- ¿Habría sido una solución para superar el bloqueo?

-Respuesta.- Desde mi perspectiva, no. Yo no he contemplado nunca esa solución porque nosotros tenemos una responsabilidad constitucional clara y evidente que es seguir al frente del Gobierno del Poder Judicial hasta que venga a relevarnos quien haya sido designado conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Yo desde luego no he contemplado nunca esa posibilidad para mí y no me gustaría que otros compañeros lo hubieran hecho porque el quorum del Pleno quedaría reducido y perdería también legitimidad a la hora de tomar las decisiones a las que estamos obligados. Por responsabilidad constitucional e institucional esa es una solución que no contemplo.

Pregunta.- ¿La fragmentación en el Congreso de los Diputados llevará a un bloqueo cada vez que sea necesario renovar el CGPJ?

Respuesta.- El riesgo siempre existe, pero estos días atrás refrescaba la memoria: el PSOE alcanzó una mayoría como no se ha alcanzado nunca en octubre de 1982, obtuvo 202 diputados. En ese Congreso de los Diputados había el mismo fraccionamiento que ahora. La única diferencia es que, efectivamente, el partido hegemónico era el PSOE y estaba a 8 diputados de conseguir los 3/5. En las siguientes elecciones de 1986 el PSOE volvió a revalidar la mayoría absoluta pero ya con 184 diputados. El número de grupos políticos con representación parlamentaria no era inferior, incluso era superior a los que hay ahora y el PSOE ya no alcanzaba la mayoría suficiente para renovar el Consejo. Se fueron haciendo las renovaciones porque hubo espíritu de negociación y de llegar a acuerdos, espíritu constitucional. No veo por qué razón si el número de formaciones políticas no es superior ahora al que había entonces no se llega a acuerdos.

Pregunta.- Hasta que haya un acuerdo, ¿la intención del Consejo es continuar con los nombramientos?

Respuesta.- La intención del Consejo es continuar ejerciendo la responsabilidad constitucional que nos incumbe, que es hacer todo lo que la ley nos dice que tenemos que hacer, no lo que la ley no nos prohíbe. Desde enero de 2014 que hicimos el primer nombramiento hasta que entró en vigor el nuevo sistema de 13 votos necesarios en 2018, sin que la ley nos lo exigiera, hemos conseguido un porcentaje muy elevado de nombramientos realizados con una mayoría reforzada.

Siempre hemos sido capaces de negociar partiendo de los requisitos de mérito y capacidad. Eso no se dice. Y como remate, está el Pleno de septiembre pasado, cuando estábamos ya en la cresta de la ola, venía un tsunami contra el Poder Judicial por esta situación de interinidad y resulta que fuimos capaces de hacer nada menos que seis nombramientos: tres presidentes de Sala del Tribunal Supremo -nunca, que yo recuerde, se habían hecho tantos nombramientos de presidentes de Sala- y tres miembros de la Sala Segunda. Y nada menos que en cinco de los seis casos con 19 votos y el sexto con 18.

Creo que hemos demostrado con creces que somos una institución seria y responsable y que somos capaces de llegar a acuerdos. Los tribunales no pueden soportar esas vacantes tan largas porque se resienten las instituciones. Habrá que poner en un lado de la balanza qué se gana si se hacen nombramientos y qué se pierde si no se hacen, como se plantea en la proposición. Es un debate poco reflexivo. Si se tuviera en cuenta esta trayectoria de nombramientos que hemos hecho y qué se pone en juego, nada más y nada menos que los tribunales estén convenientemente atendidos o no lo estén, la respuesta sería clara.

-Pregunta.- ¿Se han sentido utilizados en las últimas fechas por los dos partidos políticos del Gobierno y por la oposición?

-Respuesta.- Ese sentimiento es muy particular y personal. Por mi parte no lo he sentido y no conozco que los sentimientos de mis compañeros hayan sido esos. Lo que sí es objetivo y evidente es que en alguna medida, no se si proponiéndoselo o sin proponérselo, los políticos nos han colocado en el centro del debate político partidista y eso es muy malo. Esa es la tensión insoportable a la que me he referido durante la entrevista y es injustificada e injustificable. No conduce sino a la quiebra del Estado de Derecho. Hace unos días oía a un miembro destacado del Gobierno decir que un país serio no puede estar constantemente poniendo en duda a sus instituciones, y estoy completamente de acuerdo. Esto es lo que no puede ser. El crédito interno de los ciudadanos se rebaja a cotas difíciles de soportar y la reputación externa, que es tan importante para el buen funcionamiento del Estado de Derecho, la prosperidad económica, las inversiones…se resiente muchísimo. Han colocado al CGPJ en el centro del debate político y eso es muy malo. Lamentablemente no es la primera vez que ocurre y deberían tener más prudencia al respecto.