España ESTADO DE ALARMA

El PP mantendrá su oferta de ocho semanas pese a las presiones del Gobierno

Crecen los recelos en Génova por la negativa de Moncloa a aceptar la condición de limitar la alarma hasta diciembre: "Sabe que los seis meses son inasumibles" para el PP | Sánchez insiste: excepcionalidad hasta mayo y sin control parlamentario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, durante la intervención del presidente del PP, Pablo Casado, en la moción de censura. EUROPA PRESS

El Partido Popular no se plantea dar un sólo paso atrás en la «generosa oferta» que anunció ayer el líder de la oposición, Pablo Casado, para que el PP sostenga el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno en todo el país, incluso aunque eso les lleve a alinearse, de nuevo, con el voto en contra que pronunciarán desde las filas de Vox.

De hecho, el malestar y los recelos han ido en aumento en Génova desde que el Gobierno, de la mano de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, rechazase negociar las condiciones del PP y les acusase de poner «palos en las ruedas» a la negociación. La respuesta fue clara: el Gobierno no negociará con el PP un estado de alarma inferior a seis meses -el objetivo de Moncloa es ampliarlo con una única votación en el Congreso hasta mayo de 2021- porque ese plazo «es el que recomiendan los expertos».

«¿Qué expertos? ¿El mismo comité que nunca existió?», se preguntan desde la cúpula popular, que cuestionan la decisión «sin sentido» de Moncloa y deslizan el engranaje político de una maniobra que no tendría otro fin que el de «ensombrecer» el triunfo político que consiguió Casado la pasada semana tras romper definitivamente los puentes que unían su camino con el de Vox. La primera encrucijada para el líder de la oposición llegaría tan sólo una semana después de dar un golpe encima de la mesa y situarse sin ambages en el centro del tablero político: votar ‘no’ a un estado de alarma hasta mayo -en caso de conseguir el Ejecutivo los apoyos- aislaría de nuevo al PP junto a Vox. «Sánchez sabe que para el PP los seis meses son inasumibles», lamentan en el equipo de Pablo Casado.

Como hicieran con el CGPJ, el PP ha fijado ya una serie de condiciones «inamovibles» para apoyar al Ejecutivo en el segundo estado de alarma desde que comenzase la pandemia -sin contar el declarado unilateralmente en Madrid-, una herramienta que asumirán pese a no compartir su aplicación porque a estas alturas «se podría haber utilizado ya la legislación vigente». Pero creen que es una «locura» que se amplíe hasta mayo, por lo que la primera condición para el ‘sí’ será que dure ocho semanas, hasta antes de Nochebuena; la segunda, que la alarma venga aparejada de «control parlamentario» al Gobierno, para lo que deberá comparecer Pedro Sánchez y no Salvador Illa; y la tercera, trabajar para construir «juntos» una alternativa jurídica, un «plan B» que el PP lleva exigiendo desde mayo para evitar recurrir al estado de alarma en futuras oleadas del coronavirus y que esperan tener listo en el mes de diciembre.

Los gabinetes de ambos equipos -del Gobierno y de la oposición- estuvieron en contacto el pasado domingo para negociar una fórmula con la que conseguir el apoyo del PP y sostener el estado de alarma contando con el mayor apoyo parlamentario posible. Pero Casado esperó a este lunes para definir su postura y, después de que la ministra Darias la rechazase, en Génova, 13 esperan una llamada de Moncloa con una rectificación que permita a ambos equipos trabajar en «una propuesta sensata» que lograría «un gran consenso parlamentario».

Esa llamada hasta el momento no se ha producido, según confirman fuentes del partido, pero el PP mantendrá la mano tendida. «Ahora se podrá comprobar quién quiere consenso y quién no», sentencian desde las filas populares. «La pelota está en el tejado de Sánchez».

Sánchez negocia con sus socios

El Gobierno no sólo ha rechazado la condición de Casado de extender el estado de alarma únicamente dos meses, sino que se aferra también a evitar la rendición de cuentas de Sánchez en las Cortes -señala que es Illa el que debe acudir al Parlamento, y no el presidente- ; y descarta modificar la Ley de Salud Pública al considerar la alarma como el instrumento adecuado para limitar la movilidad.

La propuesta de Sánchez ha contado con el recelo de los diferentes partidos del arco parlamentario -incluida la mayoría de investidura-, aunque el jefe del Ejecutivo ya sumaría hasta 166 síes -PSOE, Podemos, PDeCat, PNV y Nueva Canaria- para prolongar el estado de alarma hasta mayo de 2021.

ERC aún no ha desvelado el sentido de su voto por la desconfianza que genera en las filas independentistas la situación de excepcionalidad durante tantos meses; y Ciudadanos tampoco ha dado aún un ‘sí’ definitivo. Los naranjas, aunque consideran «excesiva» una prórroga de seis meses, han deslizado que estarían dispuestos a asumir ese plazo siempre y cuando logren negociar con el Ejecutivo una rendición de cuentas periódica de Sánchez en el Congreso, aunque se han desmarcado de la reforma legislativa que pide el PP. «¿Queremos modificar la ley orgánica de 1986 para restringir derechos? ¿Qué diferencia habría con el estado de alarma? Ninguna», apostillaba el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal.

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