El Gobierno mantiene los seis meses y traslada a las comunidades la rendición de cuentas

En una jornada que el Ejecutivo pretendía se centrara en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, se ha cruzado el debate sobre el nuevo decreto de estado de alarma, que Pedro Sánchez pretende que sea para seis meses a pesar de las reticencias que ha encontrado en muchas formaciones políticas. De hecho, el Consejo de hoy ha aprobado remitir al Congreso el decreto por ese periodo de duración, hasta el 9 de mayo, y la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha aventurado que el Ejecutivo cuenta con los apoyos suficientes para que salga adelante.

Respecto a la ausencia de Pedro Sánchez en el debate de prórroga, que ha delegado en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aducido que Sánchez participa el jueves en una videoconferencia con el resto de líderes europeos, aunque lo cierto es que dicha cita no tendrá lugar hasta las 18,30 horas. En todo caso ha dicho que durante todo el periodo de vigencia del estado de alarma, el jefe del Ejecutivo "seguirá compareciendo todas las semanas en la sesión de control y cuando le llamen", pero ha matizado que, desde el momento en que el decreto busca dar cobertura legal a las Comunidades, serán los presidentes autonómicos los que tengan que dar cuentas en cada uno de sus parlamentos.

Toque de queda sólo obligatorio hasta el 9 de noviembre

Sobre la duración, defiende que el tejido productivo debe saber a qué atenerse "a lo largo de un periodo que consideramos razonable hasta que llegue la vacuna y confiamos en los presidentes autonómicos para que modulen" sus decisiones en coordinación con Sanidad, con la mente puesta en intentar evitar un confinamiento domiciliario.

El decreto no contempla restricciones de movimiento, sino que sean las Comunidades las que decidan al respecto. Por ello, un cambio lo constituye la modificación de los artículos 9 y 10 del decreto original sobre limitaciones de circulación del pasado domingo. El hecho diferencial reside en la supresión "de la vigencia actual para todo el país de las restricciones de movilidad entre las 23.00 horas y las 6.00 de la mañana", ha dicho Montero. A partir de su aplicación, una vez se cumplan los quince días de actual estado de alarma, hasta el 9 de noviembre, quedará a criterio y juicio de cada comunidad las limitaciones de movilidad en cada Comunidad.

Crítica generalizada

"Siendo conscientes de que esta situación provoca cansancio en la ciudadanía, es una medida indispensable para evitar todos los contactos posibles", ha aducido la ministra de Hacienda y portavoz gubernamental, María Jesús Montero. Pero no es sólo el PP quien cree que seis meses es excesivo, y propone a cambio otra de ocho semanas, sino que también se han mostrado críticos Ciudadanos, ERC y PNV, entre otros.

Ha recordado Montero que el objetivo es evitar un confinamiento total como el de la primavera pasada. "Un mejor control de la pandemia es indispensable desde el punto de vista sanitario y también económico" y el objetivo del decreto es dar amparo constitucional a las decisiones que pueda tomar las Comunidades para evitar el contagio.