España

Alcaldes de varios partidos se rebelan contra Abel Caballero y piden al Gobierno 5.000 millones

Han presentado tres enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado saltándose a la FEMP

La treintena de alcaldes que se declararon en rebeldía con respecto a Hacienda y a la FEMP presentarán este martes en el Congreso una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que piden un crédito extraordinario para la creación de un Fondo Local de Impulso y Recuperación Económica por 4.000 millones de euros con el que hacer frente a la crisis del Covid.

Supera esta petición en 1.000 millones a la de la propia FEMP, encabezada por el socialista Abel Caballero, que no ha conseguido desactivar a este grupo crítico de alcaldes y con el que Montero se va a tener que ver de nuevo las caras. Es el mismo sector que tiró abajo en el Congreso el decreto de Hacienda para manejar los remanentes municipales e ir devolviéndolos en un plazo de diez años.

Hacienda se rindió después al suspender la regla fiscal para el conjunto de las administraciones durante los años 2020 y 2021, lo que permitía a los ayuntamientos usar su superávit sin más límite que el temporal.

Con esos dos triunfos en la mano, los ediles rebeldes dan una nueva vuelta de tuerca aunque conceden que sea el Gobierno el que fije «los criterios de reparto de este fondo entre las entidades locales, siendo el principal el de población», según el texto de las enmiendas al que ha tenido acceso El Independiente. Y teniendo en cuenta la diversidad de sus colores políticos no es nada improbable que consigan los apoyos suficientes durante el debate de enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación termina este martes a las dos de la tarde.

1.000 millones más para transporte público

Pero además de los 4.000 millones, piden otros 1.000 para apoyar «a los servicios de transporte público» de titularidad municipal al objeto de compensar su déficit con motivo de los tres meses y medio de confinamiento domiciliario, periodo en el que siguieron prestando servicio, y hasta el final de 2020. «Quedarán incluidos en el ámbito objetivo de perceptores de las transferencias los ayuntamientos, diputaciones provinciales, incluidas las diputaciones forales, consejos y cabildos insulares que prestan el servicio de transporte público», puntualiza el texto.

El crédito extraordinario tendría una dotación inicial de 400 millones de euros pudiendo ampliarse hasta los 1.000 millones, con cargo a los Presupuestos y «sobre la base de criterios objetivos relacionados con la disminución de los ingresos por la caída de la demanda de transporte, por ser la causa principal del déficit extraordinario. Estos criterios objetivos se establecerán en proporción a los ingresos obtenidos por aplicación de las tarifas o precios públicos en un año de referencia».

El objeto de esta enmienda es que la aportación del Estado al transporte colectivo urbano se incremente de tal forma que se compense el déficit generado por este servicio público durante la crisis del Covid-19.

Alcaldes de todos los colores políticos

El grupo de rebeldes lo forman ayuntamientos que tienen al frente alcaldes de distinto signo político, están Madrid y Zaragoza, gobernadas por el PP, pero también Granada por Ciudadanos; Cádiz por Adelante Andalucía, que es una escisión de Podemos; Lérida, por ERC; Bilbao, por el PNV, o Santa Cruz de Tenerife, por Coalición Canaria. De este grupo se acabó apeando la primera edil de Barcelona, Ada Colau, de los Comunes.

También quieren participar en la gestión de los fondos europeos conforme a su peso proporcional en la prestación de servicios públicos. Para ello proponen en una tercera enmienda que se añada al proyecto de Presupuestos Generales del Estado una Disposición Adicional nueva por la cual el Gobierno se comprometa a «transferir a las Entidades Locales, en el período 2021-2023, la parte proporcional de los Fondos Europeos que le corresponden por su peso relativo respecto al resto de administraciones públicas y que, en ningún caso, será inferior al 14,56 por ciento para la media de ese período».

Esa cifra representa el gasto público local con respecto al gasto de las tres administraciones territoriales: Estado, Comunidades y ayuntamientos, excluidos los gastos gestionados por la administración de la Seguridad Social.

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