El pacto entre el Gobierno y Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la justificación posterior de cargos que como José Luis Ábalos han sostenido que los abertzales han demostrado más "responsabilidad" que el PP en el trámite de las cuentas públicas ha desatado la furia del principal partido de la oposición. El propio Casado reaccionaba ayer ante la junta directiva de Nuevas Generaciones del partido a esta cuestión, lamentando que Sánchez se haya atrevido a cruzar el límite de la "indignidad moral". Y lanzaba una advertencia: "no vamos a permitir que se traspase" esa línea, "por la memoria de nuestras víctimas".

En el PP están convencidos de que esta cesión a los que "brindaban con champán cuando metían dos tiros a un señor delante de su hijo", cuyos asesinatos, recuerdan, no han sido condenados por la formación de Arnaldo Otegi, dificultará aún más la ya de por sí enquistada negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que sigue congelada sin ningún avance. Y alejan ya toda posibilidad de acuerdo antes de la fecha límite que insiste en marcar el ministro de Justicia: el 6 de diciembre, día de la Constitución.

Fuentes conocedoras de los contactos "permanentes" pero "sin novedades" entre Juan Carlos Campo y el responsable del PP en materia de Justicia, Enrique López, sostienen que los populares no se han planteado "en ningún momento" tener un acuerdo listo antes del puente de diciembre y alejan toda esperanza de haber logrado luz verde para entonces pese a las aspiraciones de Moncloa. Génova aduce que, más allá de que no han recibido visos por parte del Gobierno para negociar las tres condiciones sine qua non que el PP ha puesto encima de la mesa, el "bochorno" del acuerdo con Bildu no hace sino alejar aún más en el tiempo la posibilidad de alcanzar siquiera un principio de acuerdo, a la espera del desenlace final de la negociación presupuestaria.

Los populares piden además evitar marcar "horizontes" temporales frente a las "prisas" del Gobierno que, a su juicio, "no es el mejor planteamiento para alcanzar una buena solución", aunque no descartan mantener abierta la negociación más allá de las elecciones catalanas, que no se celebrarán hasta el próximo 14 de febrero. Censuran las mismas fuentes que Moncloa haya optado además por el "ruido", planteando 'ultimátums' públicos. "Da la sensación de que estamos en una carrera de obstáculos constante", sentencian.

Se refieren en este punto a las declaraciones por parte de miembros del Gobierno que, como el propio titular de Justicia, han advertido que si el PP mantiene su veto a la renovación de la cúpula judicial, retomarán la reforma exprés del CGPJ para reducir la mayoría necesaria de cara a la designación de sus miembros, impulsada por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos. Lo que "nadie entendería", según justificaba este lunes Campo en una entrevista para Canal Sur, es que "por unos apoyos a los presupuestos [de Bildu] se dejara de cumplir la Constitución". El PP "no puede decir que es un partido de Estado si no cumple la ley", sentenciaba el ministro.

El PP evita dibujar una cuarta línea roja

Los populares, de la mano de Enrique López, afirman en público que "es posible" un acuerdo con el PSOE en materia judicial, incluso antes de que finalice el año, pero mantendrán hasta el final las tres exigencias que el PP puso encima de la mesa hace semanas. La primera y principal pasa porque el Gobierno retire de forma definitiva la proposición de ley para reformar el sistema de elección del CGPJ, que los socialistas mantienen en stand-by a la espera de que el PP salga del 'no'.

La segunda condición implica negociar la despolitización del órgano para que "los jueces sean elegidos por los jueces". Y la tercera y no menos imporante: que Unidas Podemos no participe en las negociaciones. De puertas para adentro recelan de la disposición del ala socialista del Gobierno a aceptar ninguna de ellas, especialmente de la presencia de los morados en la renovación judicial, más aún cuando Sánchez parece haber cerrado filas con los morados en diversas cuestiones, incluida la tramitación de los Presupuestos.

Y aunque al PP le incomoda, y mucho, que Sánchez haya suscrito un acuerdo con EH Bildu, la ruptura con los abertzales no será una cuarta línea roja para alcanzar un acuerdo para renovar el CGPJ con el Gobierno, según confirman fuentes del partido. "No estoy en condiciones de decir que lo impide", aclaraba el propio Enrique López, en una entrevista para Vozpópuli. "Lo que digo es que lo dificulta mucho. Genera un espacio en el que es difícil sentarse con un Gobierno que se comporta de esta manera", sentenciaba.