El Congreso ha aprobado este jueves la nueva ley de Educación (LOMLOE), la octava de la democracia, con el apoyo de la mayoría del bloque de investidura y el rechazo frontal de toda la oposición, que amenaza con llevar el polémico proyecto a los tribunales, a las instancias europeas y a la calle. El documento ha generado un enorme rechazo social por la falta de consenso político en torno a una ley que, entre otras cuestiones, contempla la limitación de la enseñanza concertada y especial y margina, vía enmienda transaccional, el castellano como lengua vehicular, blindando el modelo de inmersión lingüística catalán.

La denominada 'ley Celaá' ha salido finalmente adelante en una votación muy ajustada, tras una jornada especialmente bronca en el Congreso de los Diputados. 177 diputados han salvado el proyecto con su 'sí' en la votación -por los pelos, pues el Ejecutivo necesitaba una mayoría absoluta de 176 escaños para sacar la ley adelante-, mientras que 148 se han pronunciado en contra y 17 se han abstenido. Ocho diputados no han votado. En concreto, PSOE y Podemos han contado con el apoyo de ERC, PNV, Más País y Compromís. En contra se ha posicionado toda la oposición -PP, Vox, Ciudadanos y UPN-, además de Coalición Canaria, el PRC y la CUP. Por último, tanto JxCat como el BNG, Teruel Existe y Bildu se han abstenido.

El texto pasará ahora al Senado, que podrá enmendarla o ratificarla para devolverla de nuevo a la Cámara Baja. Con todo, el Ejecutivo espera tener el texto completamente en vigor en un plazo aproximado de 30 días.

El debate del dictamen del proyecto de ley educativo, así como las enmiendas que aún quedaban 'vivas', al no haber sido incorporadas al texto durante la Ponencia en la Comisión de Educación, han evidenciado la división en torno a una reforma que al Gobierno le ha costado trabajo sacar adelante. El dictamen incluye polémicas enmiendas que, como la de la supresión del castellano, han servido como moneda de cambio de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Otros 'puntos calientes' de la ley son las limitaciones a la educación concertada y especial, ya que de cara al próximo curso estos centros no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito. Igualmente polémico es el intento por vaciar de forma progresiva los centros de educación especial; la posibilidad de pasar de curso con asignaturas suspensas; que la asignatura de Religión deje de contar para expediente; o la contratación de docentes sin máster específico.

Pero aún le quedan obstáculos que superar más allá del propio trámite parlamentario. El descontento social es evidente, y más allá de la manifestación que se ha convocado este jueves a las puertas del Congreso, se prevén decenas de concentraciones en los próximos días, empezando por las protestas de representantes de la educación concertada para este mismo fin de semana.

Toda la oposición sin excepción se ha mostrado radicalmente en contra con un rechazo que no sólo ha escenificado dentro del hemiciclo. Representantes de PP, Vox y Ciudadanos, entre ellos Pablo Casado, Inés Arrimadas e Iván Espinosa de los Monteros se han fotografiado este jueves con los manifestantes apeados justo frente al Congreso y han condenado públicamente la reforma. Tanto Vox como PP ya han confirmado su asistencia a las concentraciones previstas para este fin de semana, y los de Casado han iniciado además una recogida de firmas y una ofensiva que llevarán en última instancia tanto al Tribunal Constitucional como a Bruselas.