España

Más allá de Lluch: 20 años del último comando Barcelona

El cuerpo de Juan Miguel Gervilla yace junto al coche bomba que ETA preparó para tentar contra del Olmo

«Gritad más, que gritáis poco. Que mientras gritáis no estáis matando». La provocadora frase de Ernest Lluch a los abertzales que le abucheaban en un mitin en San Sebastián en 1999 acabaría convirtiéndose en el epitafio del político catalán un año después, cuando fue asesinado por ETA en el parking de su casa en Barcelona.

Fue la víctima más célebre del último comando Barcelona, el comando Gaztelugatxe, integrado por Fernando García Jodrá, Jose Ignacio Krutxaga y Lierni Armendariz. Pero su rastro sangriento fue mucho más allá del ex ministro socialista. La última «ofensiva armada» de ETA en Cataluña dejó cinco víctimas mortales y dos heridos. La primera, en septiembre de 2000, fue el regidor del PP en Sant Adrià de Besós José Luis Ruíz Casado.

Las otras víctimas

Krutxaga y García Jodrá sorprendieron a Ruíz Casado en plena calle, a pocos metros de su casa, cuando se dirigía a coger su coche para ir a trabajar, a la misma hora de cada mañana. Jodrá le disparó en la nuca y luego le remató en el suelo con un tiro que le entró por la fosas nasales. Ruíz Casado tenía 42 años y dos hijos de 12 y 9 años.

Tres semanas después del asesinato de Lluch, un 14 de diciembre, moría otro concejal del PP. Francisco Cano era edil de Viladecavalls, una pequeña localidad próxima a Terrassa -algunos de los colaboradores captados por la banda en Cataluña procedían de esta localidad-. Murió tras tres horas agonía, después de que estallara la bomba lapa adherida a su furgoneta.

Armendáriz había forzado la cerradura de la furgoneta Citroën que utilizaba en su pequeño negocio de lampistería, su sustento. No vivía de la política. García Jodrá colocó en su interior la bomba lapa con un kilo de material explosivo que dejó el vehículo convertido en un amasijo de hierros. Tenía 45 años y dos hijas de 19 y 13 años.

Sin escolta policial

Ni los regidores del PP ni Lluch contaban con protección policial. En la Barcelona del año 2000 se creía que los regidores del PP solo estaban en peligro en el País Vasco. Hacía nueve años que Josep Lluís Carod-Rovira había «echado» a ETA de Cataluña desde las páginas del Avui, tras el sangriento atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic.

El guardia urbano de Barcelona Juan Miguel Gervilla fue una víctima inesperada del comando. El objetivo era el periodista Luis del Olmo, para el que García Jodrá y Krutxaga prepararon un coche con 13 kilos de explosivos. Pero del Olmo cambió su ruta ese 20 de diciembre, y cuando fueron a retirar el coche bomba de la Avenida Diagonal, el Fiat 1 robado se averió.

Fue entonces cuando Gervilla se acercó a los dos terroristas, que empujaban el vehículo por el lateral de la avenida. Al ver que se trataba de un coche robado intentó detenerlos. Krutxaga le disparó en la cabeza mientras el policía local forcejeaba con García Jodrá para evitar que sacara su pistola. Jodrá lo remató cuando ya estaba en el suelo. Gervilla tenía 38 años y dos hijos de 13 y 8 años de edad.

Meses después caería la última víctima de ETA en Cataluña, el mosso Santos Santamaría. Participaba en el desalojo de un hotel en Roses (Girona) que hospedaba a jubilados fuera de temporada alta, cuando explotó el coche bomba instalado por la banda terrorista.

Los Mossos d’Esquadra fueron advertidos de la colocación del artefacto, compuesto por unos 20 kilogramos de explosivos con temporizador a través de una comunicación de la Ertzaintza. Santamaría tenía 32 años cuando fue asesinado y llevaba tres años en la policía autonómica.

Los informadores catalanes

Tras el asesinato de Gervilla, la policía consiguió desarticular el comando Gaztelugatxe con la detención de Krutxaga y Armendáriz. Pero García Jordá huyó, para volver meses después a Barcelona y crear un nuevo comando, el Gorbea. En todo ese proceso fueron fundamentales las redes de apoyo de ETA en Cataluña, gracias al apoyo de miembros del movimiento okupa que permitieron a los terroristas recuperar su pulso sangriento nueve meses después de la penúltima tregua de la organización terrorista.

Cuatro nombres fueron claves en ese entramado: Zigor Larredonda, Laura Riera, Diego Sánchez y Marina Bernadó. Todos ellos han cumplido condenas por colaboración con banda armada, y algunos recibidos con calurosas bienvenidas por el por el movimiento antisistema catalán tras dejar la prisión.

Laura Riera trabajaba como administrativa en el Ayuntamiento de Terrassa y aprovechó ese trabajo temporal para hacerse con las matrículas de los coches de policías y políticos de la comarca. Fue determinante para señalar a Francisco Cano.

El terrorista hijo de policía

Larredonda fue su enlace con el comando etarra, el responsable de pasar esa información a los terroristas. Ambos pertenecían al movimiento okupa, como Marina Bernadó. Ella fue la que ayudó a huir a García Jodrá en enero de 2001, y en su regreso meses después para establecer un nuevo comando, el Gorbea, que sería desarticulado poco después.

Bernadó fue, además, quien señaló a Diego Sánchez, hijo de un comisario y de una funcionaria de la Policía, como posible colaborador de la banda terrorista, e informó a García Jodrá de dónde contactarlo. Sánchez aceptó colaborar con ETA y comprobar datos sobre un concejal del PP en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), sobre un militar y una matrícula.

Sin embargo, esos trabajos no llegaron a concretarse. Sí facilitó a los miembros del «comando» un manual de protección y seguridad de ese Cuerpo así como el contacto para el alquiler de la vivienda en la que residieron.

La bienvenida

Riera salió de prisión en agosto de 2010, tras cumplir cuatro años de reclusión. Para celebrarlo, la independentista Asamblea de Jóvenes de Gràcia organizó una fiesta de bienvenida en el marco de su celebración alternativa de la Fiesta Mayor del barrio. La fiesta fue finalmente prohibida por la Audiencia Nacional tras la quejas especialmente severas del PP catalán.

En boca de los grupos antisistema que la apoyan, Riera no es una colaboradora de ETA, sino una «presa política». Tampoco había permanecido nueve años en prisión, sino «secuestrada» en manos del Estado. Y no estuvo en la cárcel por facilitar matrículas de posibles objetivos del comando Barcelona, sino por defender «sus ideales y compromisos». Ni siquiera había sido juzgada por un tribunal democrático, sino por uno de «excepción», dispuesto a «reprimir a los movimientos sociales».

Marina Bernadó volvía a Barcelona en mayo de 2019 tras pasar «cinco años y medio en la clandestinidad y doce años en prisiones francesas por su militancia en ETA». Así lo explicaba ella misma en una entrevista en el digital independentista La Directa. Explicaba como una evolución «natural» su paso del movimiento okupa en Barcelona a ETA, «que siempre había sido un referente».

En esa entrevista, Bernadó seguía defendiendo la violencia: «Se ha hecho lo mejor que se ha podido, pero claro, la guerra hace daño, a todos los niveles. La violencia es una herramienta a la que nos abocaron». Y saludaba la aparición de los CDR en Cataluña.

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