España EL GOBIERNO ABONA EL TERCER Y ÚLTIMO TRAMO DEL ACUERDO

Un policía en Cataluña cobrará 118 euros menos al mes que un 'mosso' tras la subida salarial

Interior completa el abono de los 807 millones comprometidos en marzo de 2018 para cerrar la brecha retributiva con las policías autonómicas: la equiparación total no se alcanza, pero policías y guardias civiles han logrado una subida histórica

Un policía de la escala básica destinado en Cataluña seguirá ganando 118 euros menos al mes que un mosso con nivel y responsabilidad similares después de que el Ministerio del Interior abone el tercer y último tramo del acuerdo de equiparación salarial. Los funcionarios del Cuerpo Nacional y de la Guardia Civil no habrán alcanzado la igualdad retributiva con la Policía de la Generalitat, pero sus nóminas reflejarán una subida histórica.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska desembolsará entre este viernes y el sábado los 247 millones de euros que se pactaron con sindicatos y asociaciones profesionales en el acuerdo de equiparación salarial firmado en marzo de 2018. Con esa cantidad se completan los 807 millones comprometidos, de los que 472,4 millones (58,53 %) habrán sido para los guardias civiles y 334,6 millones (41,46 %) para los policías.

El objetivo de la «equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares», como proclama el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no se alcanzará después de que Interior obligara a la consultora externa que contrató para comparar las retribuciones y los puestos de trabajo a circunscribir su análisis a los 807 millones. Con todo, la subida salarial es formidable.

A la izquierda, la nómina que ingresará un policía nacional destinado en Barcelona este mes (incluidos los 1.220,10 euros de atrasos correspondientes al tercer tramo de la equiparación salarial) y, a la derecha, la de un ‘mosso’.

El Independiente ha comparado la nómina que percibirá este mes un policía nacional destinado en el puesto fronterizo del aeropuerto de El Prat (Barcelona) y la de un mosso para calcular la diferencia que seguirá persistiendo. Descontados los 1.097,80 euros de los atrasos del complemento específico singular y los 122,30 euros correspondientes al 10 % que se destina a la productividad (el abono tiene carácter retroactivo desde enero), la cantidad bruta que recibirá el funcionario del Cuerpo Nacional (nivel 17) asciende a 2.678,79 euros, incluidos los 43,12 euros del denominado ‘complemento de territorialidad’. Esta cuantía es ligeramente inferior a la que perciben los funcionarios destinados en la capital catalana (57,11 euros).

639 euros más al mes que en 2018

En el caso del agente de la Policía de la Generalitat de Cataluña (nivel 14), la retribución bruta mensual se eleva hasta los 2.796,79 euros una vez descontadas las horas extraordinarias (107,80 euros) y los trienios de más que acumula respecto al policía (48,05 euros) a fin de que la comparación sea lo más homogénea posible, lo que arroja una diferencia entre ambos de 118 euros mensuales (1.650 euros al año). La disparidad varía en función de la escala a la que pertenece el funcionario y de la comunidad en la que ejerza, dado que la cuantía que la Dirección General de la Policía abona en concepto de ‘complemento territorial’ no es uniforme.

Este diario ha comparado también la retribución mensual de una policía adscrita a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de A Coruña antes de que se hiciera el primer pago de la equiparación (octubre de 2018) y una vez que se realice el tercero y último (noviembre de 2020). La diferencia es de 667,71 euros (brutos), si bien a esta cantidad habría que descontarle 28,59 euros correspondientes al trienio acumulado por la funcionaria en este periodo para que el análisis sea totalmente uniforme.

Nóminas de una policía nacional destinada en A Coruña antes de la equiparación salarial (izquierda) y después de los tres pagos (derecha). En la de noviembre de 2020 se incluyen los 1.220,10 euros de atrasos correspondientes al tercer tramo.

Desde que llegó Grande-Marlaska en junio de 2018, el Ministerio del Interior mantiene que los integrantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil verían incrementadas sus nóminas «en una media del 20 por ciento» cuando abonara el tercer tramo, satisfecho incluso en la difícil coyuntura económica que ha provocado la pandemia de coronavirus. Ello supone una inyección salarial que no ha recibido ningún otro colectivo profesional, pero no logra cerrar totalmente la brecha salarial con las policías autonómicas.

La equiparación total no se ha alcanzado, pero policías y guardias civiles han logrado una subida salarial histórica

Tanto los cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) como las asociaciones profesionales de la Guardia Civil que firmaron el acuerdo de equiparación salarial (AUGC, AEGC, Unión de Oficiales, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) eran conscientes de que los 807 millones que el Gobierno estaba dispuesto a desembolsar en el trienio 2018-2020 eran insuficientes para neutralizar la diferencia con los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza. Durante las negociaciones, de hecho, las organizaciones llegaron a cuantificar en 1.500 millones de euros el dinero que ineludiblemente se requería para alcanzar tal fin.

Para hacer posible el acuerdo a la vista de las diferencias entre lo que se exigía y lo que se ofrecía, el anterior equipo de Interior se comprometió a contratar los servicios de una auditora externa que fijara «criterios objetivos de análisis» para garantizar que los 807 millones prometidos suponían la igualdad salarial «total y absoluta». «Dicha consultoría analizará las cifras de equiparación puesto a puesto y fijará las correcciones que sean necesarias, que serán incorporadas una vez finalizado el trabajo de la consultora», detalla la cláusula primera.

Informe desvirtuado

Ese espíritu ha quedado diluido. La actual cúpula de Interior mantuvo la realización de la auditoría, pero desvirtuó el resultado del trabajo al obligar a los técnicos de la consultora a ceñir su análisis comparativo a la cifra de partida. En la primera versión de su trabajo, Ernst&Young Abogados SLP llegó a reconocer que los 807 millones eran insuficientes, pero el Ministerio le obligó a modificar el trabajo para adecuarse a la citada premisa.

El informe no sólo estaba hipotecado por esa condición. Tampoco ha respondido al encargo de que hiciera un estudio comparativo «puesto a puesto» entre los tres Cuerpos policiales, en gran medida porque la Generalitat de Cataluña se negó a facilitar el detalle de las «percepciones retributivas» de los Mossos d’Esquadra. La no disposición de esos datos invalida en gran medida cualquier conclusión. 

Asimismo, el número de funcionarios entre los que se repartirá el tercer tramo es muy superior al que se manejó en 2018, por lo que la cantidad a repartir por funcionario es ligeramente menor de la prevista. En el caso de la Guardia Civil, el cómputo se hizo sobre una plantilla formada por 75.773 agentes, cifra que ha crecido hasta los 80.283 con las incorporaciones derivadas de las últimas ofertas públicas de empleo. En la Policía Nacional se contabilizan hoy 68.960 agentes, frente a los 63.244 que había cuando se negoció el acuerdo.

La otra incógnita que no ha despejado aún Grande-Marlaska es si impulsará medidas legislativas para garantizar que en el futuro no se vuelva a producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones, como prevé el acuerdo en su cláusula octava. De todas formas, el actual titular de Interior tiene en su poder desde hace más de un año y medio un dictamen del Consejo de Estado que concluye que el compromiso asumido por su antecesor en el cargo no es «ni jurídicamente exigible ni vinculante».

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