España Últimos informes de la UDEF

Las acusaciones ven claro que el juez puede investigar los contratos de Aznar entre 2002 y 2004

Consideran que los delitos en los que se habría incurrido en las adjudicaciones que pide revisar la Policía aún no habrían prescrito

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El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. EUROPA PRESS

La Policía ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga si el Partido Popular se financió con donaciones de empresarios a los que posteriormente benefició con adjudicaciones públicas que revise hasta 23 contratos concedidos por ministerios del Gobierno de José María Aznar entre los años 2002 y 2004.

A pesar de que han pasado 19 años desde la concesión de dichos contratos, las acusaciones populares personadas en la pieza UDEF-Bla del caso Gürtel -donde se investigan las citadas presuntas irregularidades a raíz de las anotaciones de la contabilidad paralela del extesorero popular Luis Bárcenas (conocidos como los papeles de Bárcenas) – no tienen duda de que los indicios a los que apunta la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía pueden investigarse porque los delitos en los que habrían incurrido los implicados no habrían prescrito.

Concretamente, en el informe de la Policía entregado al juez y al que ha tenido acceso El Independiente, se hace referencia a adjudicaciones realizadas al empresario Alfonso García Pozuelo de Constructora Hispánica por parte de distintas administraciones cuando las gobernaba el PP entre 2002 y 2009. Puesto que el nombre de este empresario aparece en la contabilidad registrada en la contabilidad de Bárcenas como donante al partido de casi 260.000 euros entre 1998 y 2006, los investigadores creen que practicando una serie de diligencias de investigación podría acreditarse que las donaciones tienen una relación directa con las adjudicaciones.

Fuentes de las acusaciones populares consultadas por este diario explican que por la gravedad de los delitos que se podrían haber cometido -entre ellos prevaricación, malversación, cohecho o tráfico de influencias, aunque la instrucción aún está en un momento incipiente- éstos no prescribirían hasta pasados los 15 años de haberse cometido.

Puesto que García Pozuelo fue imputado en el año 2013 y posteriormente en 2017, cuando el juez José De la Mata reabrió la investigación de la Caja B tras la confesión de Francisco Correa en el juicio de Gürtel sobre la mecánica de corrupción entre sus empresas y administraciones del PP, el cómputo para la prescripción habría quedado paralizado en esa fecha.

En el Código Penal se establece que el momento inicial para comenzar el cómputo del transcurso del tiempo de prescripción es el de la comisión del delito (que en el caso de los contratos que pide investigar la Policía sería el año 2002 y posteriores) y se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito (en este caso sería el año 2017 contra García Pozuelo). Entre las dos fechas habrían pasado justo 15 años. Por lo tanto, los primeros contratos adjudicados al empresario durante el Gobierno de Aznar que la Policía pide investigar entrarían, por los pelos, dentro de los plazos sin que los delitos que se pudieran haber cometido, en caso de que se demuestre, hubieran prescrito. En los contratos adjudicados los años posteriores habría aún menos problemas de tiempo, según consideran las fuentes jurídicas consultadas.

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