España

Vocales del CGPJ se plantean llevar al TC el recorte de sus funciones

Ven razones para plantear un conflicto de atribuciones contra el Congreso de los Diputados ante el Alto Tribunal si la propuesta de PSOE y Podemos para limitar los nombramientos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sale adelante

Carlos Lesmes preside el Pleno del CGPJ. EP

Un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) críticos con la proposición que han registrado este miércoles PSOE y Unidas Podemos para limitar los nombramientos al órgano de gobierno de los jueces mientras esté en funciones consideran que se darían las condiciones para presentar un conflicto de atribuciones contra el Congreso de los Diputados ante el Tribunal Constitucional si acuerda impulsar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como avanzaron los portavoces de los dos partidos.

El conflicto constitucional de atribuciones está previsto cuando uno de los órganos constitucionales (en este caso el CGPJ) considera que otro de ellos (el Congreso) adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas. Los vocales consultados por El Independiente consideran que con la reforma que pretenden impulsar PSOE y Podemos estarían impidiendo la principal función que otorga la Constitución al órgano de gobierno de los jueces en su artículo 122: la de los nombramientos de la cúpula judicial.

Por lo tanto, consideran que la propuesta de los partidos del Gobierno de coalición, que busca presionar al Partido Popular para que se avenga a renovar ya el Consejo de jueces que está en funciones desde hace dos años, sería «inconstitucional». Para presentar el mencionado conflicto de atribuciones contra el Congreso por impulsar tal reforma haría falta una mayoría de 13 vocales de los 20 totales del CGPJ. Teniendo en cuenta el amplio consenso con el que los vocales del órgano (tanto del bloque progresista como conservador) han acordado los últimos nombramientos, las fuentes consultadas no ven imposible que se alcanzara un acuerdo si ven las funciones del Poder Judicial atacadas.

Algunos vocales del CGPJ, igual que las asociaciones judiciales, han visto en la iniciativa de PSOE y Podemos una nueva «injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial que ataca gravemente la apariencia de imparcialidad ya dañada del órgano porque los políticos lo han puesto en el foco de sus luchas», trasladan a este diario.

Tras el aviso de Europa

La propuesta de reforma de la LOPJ registrada este miércoles en el Congreso es, en realidad, uno de los puntos de la polémica reforma que ya propusieron ambos partidos con el fin de rebajar la mayoría de 3/5 de las Cámaras para renovar el órgano de Gobierno de los jueces. Las instituciones europeas advirtieron de que dicha reforma podía «violar las normas del Consejo de Europa» para garantizar la independencia del Poder Judicial respecto al Poder Legislativo, base de los estados democráticos de Derecho. Tras dicho aviso, los dos partidos han presentado la nueva propuesta que se centra en impedir que el CGPJ siga haciendo nombramientos mientras esté en funciones.

Para las asociaciones judiciales, esta propuesta es la muestra de que los partidos políticos buscan influir en los nombramientos de la cúpula judicial que haga el CGPJ por medio de «afinidades ideológicas» de sus miembros con los partidos a propuesta de los que fueron designados.

En el texto de la proposición, los dos partidos consideran que, puesto que la LOPJ no especifica cuáles son las funciones que el CGPJ tiene cuando está en funciones, se produce una «laguna jurídica» que hay que corregir: «Se colige la necesidad de las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato», se puede leer en la propuesta.

Algunos vocales del CGPJ insisten en que esa pretensión de limitar sus funciones, y sobre todo la de los nombramientos, sería inconstitucional y por eso ven posible el planteamiento de un conflicto de atribuciones.

Según prevé la LOTC, cuando uno de los órganos constitucionales considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas, lo hará saber al órgano invasor dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y le solicitará que la revoque. Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas.

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