Los ministros Ábalos (Transportes) y Escrivá (Migraciones), junto al presidente de Canarias en una reciente visita a la capital grancanaria.

Los ministros Ábalos (Transportes) y Escrivá (Migraciones), junto al presidente de Canarias en una reciente visita a la capital grancanaria. EP

España

Inmigración, el último frente del Gobierno de coalición

El Ejecutivo defiende su política migratoria frente a las críticas de la oposición: achaca a la situación económica derivada de la pandemia el incremento de llegadas y admite que conocía desde febrero que aumentaría la presión sobre Canarias

«Las políticas migratorias no son de atajos, de brocha gorda, de una pincelada… Una política migratoria, que es lo que estamos haciendo desde hace dos años, tiene que ser integral y con una dimensión exterior: intervenir en el marco de la UE en proyectos de cooperación al desarrollo porque eso es adelantar las fronteras y haces frente a una de las causas principales de las salidas irregulares, luchar contra las mafias que ponen en riesgo y utilizan a estas personas y promover una migración legal, regular, segura y ordenada».

La presión que sufre Canarias desde el pasado verano por el cierre de las rutas del Mediterráneo está poniendo a prueba la estrategia en política migratoria que recita públicamente el ministro Grande-Marlaska, al que los grupos del PP y Vox han pedido esta semana que acuda al Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la llegada de migrantes a la península desde las islas en plena pandemia de coronavirus.

Las críticas le llovieron al Ejecutivo semanas atrás por el hacinamiento en el muelle grancanario de Arguineguín. Los reproches se han centrado en los últimos días en los traslados de migrantes a ciudades como Granada «en secreto y por la noche», según ha declarado el portavoz parlamentario de Vox (Iván Espinosa de los Monteros). El Ministerio del Interior se defiende asegurando que «ni organiza, ni gestiona, ni financia» estos desplazamientos. Es el último episodio, pero previsiblemente no será el último.

El pasado 6 de febrero, Grande-Marlaska realizó su sexto viaje a Marruecos desde que ocupa la cartera de Interior para reunirse con su homólogo del reino alauí, Abdelouafi Laftit. La cooperación en la gestión de los flujos migratorios fue uno de los asuntos abordados en aquel encuentro bilateral, celebrado cuando la covid-19 se veía aún como un problema lejano. La amenaza de la presión de las mafias sobre el corredor atlántico ya se intuía entonces.

De hecho, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el pasado 20 de febrero, Grande-Marlaska señaló como una de las prioridades para su departamento en esta legislatura «reforzar la labor que realizan las autoridades de coordinación de actuaciones frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho y de Canarias», tras destacar que las entradas de ilegales se hubieran reducido a la mitad durante 2019. En su opinión, la cooperación con los países de origen y tránsito es uno de los pilares de la estrategia a seguir, lo que explica que haya realizado una veintena de viajes a nueve países africanos (Argelia, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Marruecos, Mauritania, República de Guinea, Senegal y Túnez) en los casi dos años y medio que lleva como ministro.

El Gobierno achaca a la situación económica por la pandemia el aumento de llegadas, pero admite que desde febrero conocía que crecería la presión sobre Canarias

«En enero y febrero estuve en Canarias porque veíamos, no por la pandemia porque entonces nadie lo preveía, que podía tener un ligero incremento respecto a 2019″, declaró el ministro el pasado 2 de diciembre al programa Más de uno, de Onda Cero. A la luz de las estadísticas, el agravamiento de la situación económica en los países de origen ha hecho trizas las previsiones más pesimistas.

De acuerdo con los datos difundidos por Interior, el número de marroquíes y subsaharianos que llegó por mar a estas islas hasta el pasado 30 de noviembre ascendía a 19.566 personas, lo que representa un 881,7 % más que en el mismo periodo del año anterior. Desde la crisis de los cayucos de 2006, cuando arribaron 31.678 inmigrantes, Canarias no vivía un aluvión de estas dimensiones. Aquella le tocó gestionarla a otro presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

El pasado 20 de agosto, Cruz Roja instaló la primera carpa en el puerto de Arguineguín (Mogán) para atender a los migrantes. El buen tiempo había hecho que las llegadas se dispararan a partir de julio y el muelle grancanario empezaba a tener cada vez más ocupación. Hasta 2.500 personas se llegaron a concentrar en una superficie de 400 metros cuadrados bajo condiciones «deplorables», según describió la juez que instruyó la denuncia interpuesta por la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria). 

Arguineguín se vacía tres meses después

No fue hasta el pasado 18 de noviembre, después de que varios grupos de la oposición pidieran la destitución de Grande-Marlaska, cuando el Ministerio del Interior empezó a trasladar a migrantes desde Arguineguín hasta un campamento provisional habilitado en el antiguo polvorín militar de Barranco Seco. Fue después de que, a la vista de la descoordinación ministerial, la vicepresidenta Carmen Calvo hubiera convocado a una mantenido una reunión con los secretarios de Estado de los tres ministerios con competencias en materia migratoria (Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) para hacerles ver que el problema era del Gobierno y había que ofrecer una solución coordinada, según informó El País.

El de Barranco Seco es uno de los siete emplazamientos provisionales con 6.900 plazas que levantará el Gobierno en las islas -repartidos por Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Fuerteventura- para dar respuesta a la situación actual mientras construye una red más estable que permita hacer frente en mejores condiciones a futuras oleadas. Ello requerirá una inversión de 9,5 millones de euros.

Frente al llamamiento a la solidaridad de otros territorios realizado por el Gobierno de Canarias para repartir el peso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por concentrar a los migrantes en las propias islas en vez de propiciar derivaciones a otras comunidades que estaban dispuestos a realizar acogidas para evitar -entiende- que se produzca un ‘efecto llamada’. El cierre de las fronteras de los países de origen debido a la pandemia ha provocado que las devoluciones -concretamente a Marruecos, Mauritania y Argelia- se estén llevando a cabo a cuentagotas.

«Probablemente lo que debería haberse hecho es organizar traslados coordinados con los servicios sociales de las diversas comunidades autónomas. En lugar de ello, el Ministerio del Interior ha pretendido retenerlos en Canarias y anunciar que no permite el traslado», sostiene el vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas, Francisco Solans.

«Libertad deambulatoria»

La imposibilidad de ejecutar las órdenes de devolución por el cierre de fronteras está propiciando que centenares de migrantes se estén desplazando en avión -los que disponen de documentación y dinero para ello- desde distintos puntos de las islas a diversas ciudades de la península (como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Alicante, Granada, Valencia y Huelva, entre otras), lo que ha despertado el recelo de algún alcalde al entender que el Ejecutivo estaba llevando a cabo traslados ‘de tapadillo’ y que no se estarían respetando las medidas sanitarias necesarias para evitar los contagios.

Interior niega que esté financiando estos desplazamientos. Tan sólo admite que autoriza traslados a la península de personas en situación de vulnerabilidad con derecho a protección internacional, si bien es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esos casos el encargado de ofrecer soluciones de acogida en destino.

«Se ha impuesto el delirio de unos ‘traslados’ colectivos que no son sino viajes individuales. Se pretende que el Gobierno ejerza un control totalitario sobre personas que sólo han cometido un ilícito administrativo, y que ni están privadas de libertad ni sometidas a mayor control. Se le acusa de no haber avisado a alcaldes y a autoridades, cuando de nada hay que avisar porque son unas personas libres que ejercen su libertad deambulatoria», añade Solans.

De momento, el Ejecutivo no ha revelado cuántos de los migrantes que lograron arribar a las costas canarias continúan en las islas, cuántos han logrado entrar en la península y cuántos han sido deportados ya a sus países de origen en un año que, como el de la crisis de los cayucos, no se olvidará en Canarias.

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