España

El Gobierno delega en la Casa Real "las decisiones y su comunicación" en torno al emérito

La portavoz de Hacienda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La portavoz de Hacienda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

La ministra portavoz y el titular de Justicia, María Jesús Montero y Juan Carlos Campo, respectivamente, han salido en defensa de la monarquía parlamentaria y limitado sus diferencias con Unidas Podemos a una mera cuestión partidaria justo el mismo día en que el PSOE se unía a PP y Vox para rechazar la enésima comisión de investigación en torno a la Monarquía.

Montero ha defendido que Juan Carlos I disfruta de la presunción de inocencia. «A quien se juzga es a la persona, no a la institución», ha afirmado siguiendo el argumentario marcado por Pedro Sánchez. E interrogada sobre si la vuelta del emérito puede generar un problema, insistido en que «siempre nos hemos referido a lo que la Casa real disponga sobre esta cuestión. Queda en la Casa Real las decisiones y la comunicación de las decisiones».

«El Gobierno siempre va a defender y salvaguardar la Constitución española y desde el primer al último artículo», ha dicho la portavoz gubernamental para añadir que «tenemos un jefe de Estado contemporáneo que entiende los desafíos que tiene por delante nuestro país en términos de transparencia y de rendición de cuentas, y que tiene un compromiso rotundo con la ejemplaridad».

Por su parte, Campo ha señalado que «las constituciones son un marco de convivencia y que es la monarquía parlamentaria sobre la que se sustenta el modelo». Por eso, en la misma línea de lo manifestado por el presidente del Gobierno, ha apelado a diferenciar «lo que es una conducta personal de las instituciones, porque es un arco de bóveda y puede derrumbarse todo».

Respecto a la subida del salario mínimo interprofesional, que el Ministerio de Trabajo negocia con los agentes sociales, ha defendido Montero que «todo el mundo es consciente de que este gobierno tiene un compromiso firme» con las políticas sociales.

Pero tras recordar que en los dos últimos años el SMI se ha subido un 29 por ciento, matiza que «nos encontramos en una situación en la que el contexto de pandemia ha provocado una crisis de la que todos somos conscientes, por lo que hay que hacer un llamamiento a la prudencia para abordar decisiones económicas para que no se produzcan salidas del mercado laboral». En definitiva, ante las prisas de la ministra Yolanda Dñiaz, el Gobierno aconseja «prudencia». Tras las reuniones con la mesa de diálogo social «se tomará la mejor decisión».

Suministro de servicios básicos

En cuanto a otro tema en litigio entre los socios de Gobierno, esto es, la prohibición de suministros básicos hasta el fin del Estado de alarma, la portavoz ha confirmado que la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, «pretende trasladar en algunos de los decretos ley una disposición adicional en la que garantiza que ningún ciudadano vulnerable va a tener problemas de suministros». Serán todos aquellos que sean reconocidos por los servicios sociales, incluidos los que no son beneficiarios del bono social, aunque ha admitido discrepancias en este tema.

Interrogado Campo respecto a la renovación del CGPJ, ha defendido que el cumplimiento de la Constitución no puede quedar al albur de intereses partidistas, y la actitud el PP «provoca cierto sonrojo». En cuanto a la proposición de ley que se debate esta tarde en el Congreso para que el CGPJ en funciones tenga limitada su capacidad de actuación, cree que no choca con la visión del Consejo Europeo sino que responde a un concepto «claramente democrático».

Campo replica las acusaciones de Otegi sobre la repetición de su juicio

Además, y para disgusto de Unidas Podemos, no existe un plazo para esperar al PP antes de abordar un cambio en las mayorías parlamentarias reforzadas. Se limita a pedir Campo que el PP «se mire en el espejo y responda a si están cumpliendo con la Constitución», aunque sí ha advertido que se «agotan todos los plazos de gracia y cortesía».

Por otro lado, no ha querido valorar la repetición del juicio contra Arnaldo Otegi por el caso Bateragune, pero defendido que las decisiones se toman bajo el imperio de la ley «y sin ideas de criminalizar a nadie ni de desestabilizar nada» replicando a las palabras de Arnaldo Otegi en este sentido. También se ha mostrado muy cauto respeto al indulto a los presos del procés. «Hay que ver caso por caso, lo que dice el tribunal sentenciador, el fiscal… por eso no hay ningún apriorismo de por dónde deben ir».

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