Juan Carlos I no vuelve a casa por Navidad. La excusa oficial que ha dado a sus amigos y allegados se resume en el temor que siente como "persona de riesgo" a "la situación de la pandemia". No ha mencionado, por el contrario, las investigaciones de la Fiscalía que sobrevuelan su figura y la de la Casa Real. Comisiones por interceder en la adjudicación del AVE a La Meca, tarjetas black con dinero de su amigo Allen Sanginés-Kraus con las que parte de la familia del emérito costeó presuntamente viajes en Uber, compras en El Corte Inglés o clases de piano, y un trust en la isla de Jersey.
En una comparecencia excepcional de la fiscal general del Estado, la ex ministra Dolores Delgado, y del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se dio a entender que la causa relacionada con el AVE a La Meca había quedado desinflada en cuanto a la participación del emérito. Todas estas piezas se encuentran, por el momento, en fase muy embrionaria y podrían acabar archivadas sin llegar a ser judicializadas.
La investigación ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, el único juzgado con la capacidad de valorar asuntos del rey emérito por su actual condición de aforado, es el paso previo para buscar indicios para abrir una causa en la que Juan Carlos pudiese estar implicado. Si se encontrase algún elemento sólido contra el que fuera Jefe del Estado español durante casi 40 años, se interpondría una querella ante el alto tribunal. En caso contrarío, se daría carpetazo a las indagaciones y el exmonarca no habría sido investigado oficialmente nunca.
AVE a La Meca
Corinna Larsen, la ex amiga del Rey emérito, aseguró en una conversación con el excomisario José Manuel Villarejo que Juan Carlos se había llevado una comisión por mediar en la construcción del AVE que conecta La Meca y Medina. Las grabaciones de esa conversación, publicadas en el verano de 2018, pusieron el foco sobre el exmonarca, que habría jugado un papel importante en que la adjudicación de la obra que comunica «Los Dos Santos Lugares» -como reza la traducción del árabe de este conjunto de ciudades- recayese en un grupo de empresas españolas.
El rey emérito recibió en el año 2008, cuando todavía era monarca y mantenía su condición de inviolable, una transferencia desde el régimen saudí, con el que siempre ha mantenido una gran relación, de 100 millones de dólares. Ese dinero fue ingresado por quien entonces era su testaferro, la propia Corinna, en un banco suizo, según la versión de la examiga de Juan Carlos. Asimismo, la Fiscalía suiza había abierto una investigación paralela a la de Anticorrupción en el verano de 2018 para indagar acerca de dos fundaciones offshore de las que Juan Carlos I es beneficiario. En una de ellas, Lucum, de acuerdo con la investigación del fiscal Yves Bertossa, el emérito había recibido esos 100 millones de dólares del rey saudí Salman bin Abdulaziz. Tal y como informó El País, 65 de esos 100 millones habrían sido transferidos a una cuenta de la que fuera íntima del rey en 2012 a modo de «regalo».
Durante su etapa como Jefe del Estado, Juan Carlos I habría conseguido reducir el precio de la Fase II del proyecto de Arabia Saudí al ofrecer una oferta de bajo coste, la que recaía sobre el consorcio de compañías españolas, formado por Al Shoula, Al Rosan, Renfe Operadora, ADIF, Consultrans, Ineco, Indra, Imathia, Copasa, Talgo, Cobra, Inabensa (Abengoa), Invensys Rail Dimetronic y OHL Internaciona. El Ministerio Público designó en junio al experto penalista Juan Ignacio Campos y a otros tres fiscales de la más alta «cualificación y experiencia» para que valoren si los hechos que afectan a Juan Carlos después de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad de la que gozaba como rey, son constitutivos de delito.
En un primer momento, la teoría de Corinna llevó a que la Audiencia Nacional abriese una investigación que, finalmente, archivó por falta de indicios. No obstante, Anticorrupción continuó con sus indagaciones hasta que en junio de este año la fiscal general del Estado ordenó que fuera la Fiscalía del Tribunal Supremo la que asumiera las pesquisas sobre esta pieza. Todo apunta a que esta investigación previsiblemente será cerrada sin solicitar al Supremo, que es el único tribunal que puede juzgar al anterior rey por su actual condición de aforado, la apertura de causa penal alguna.
Tarjetas opacas
El empresario mexicano Allen Sanginés-Krause era el 'proveedor'; el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza actuaba presuntamente como 'intermediario' y el rey emérito y parte de su familia -entre las que no se encontrarían Felipe VI, doña Letizia ni las hijas de éstos- eran los 'receptores' de un dinero con origen en cuentas opacas. El Ministerio Público intenta esclarecer desde hace meses si los amigos del exmonarca pudieron haber cometido delitos fiscales y si el antiguo directivo de Goldman Sachs e inversor inmobiliario habría enviado grandes cantidades de dinero a modo de soborno a Juan Carlos.
El envío de dichos fondos comenzó presuntamente en el año 2016, cuando Juan Carlos llevaba dos años como emérito y aforado -que no inviolable-, y prosiguieron hasta 2018. El rey emérito no declaró ese dinero a Hacienda y esta acción no estaría amparada por la inviolabilidad con la que la Constitución protegía al padre del actual rey, ya que estos presuntos delitos habrían sido cometidos después de que Juan Carlos abdicase.
Los abogados del emérito en España presentaron a principios de diciembre una declaración voluntaria en la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid por importe de 678.393,72 euros, para regularizar su situación fiscal respecto a los fondos que percibió a través de Allen Sanginés-Krause. Con el abono de la cuota correspondiente a los ingresos no declarados el que fuera Jefe del Estado trata de esquivar las segundas diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo, dado que, al haber pagado antes de recibir la notificación de Hacienda, desactiva el delito fiscal o penal en el que habría podido incurrir. No obstante, el Ministerio Público continuará adelante con una «investigación más amplia».
Isla de Jersey
El 6 de noviembre, Delgado y Luzón revelaron un nuevo informe de inteligencia por parte del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que anunciaba la apertura de una tercera investigación al anterior rey, esta vez por la existencia de un trust se nutría de fondos provenientes de la isla de Jersey. El Banco de España lanzó una alerta a la Fiscalía Anticorrupción por la nueva fortuna escondida de la cual sería beneficiario don Juan Carlos.
Los gastos analizados de las cuentas serían numerosos, pero de una cuantía baja, por lo que no alcanzarían el mínimo para ser concebidos como un delito fiscal. En este supuesto entramado también aparecían los nombres de Sanginés-Kraus y de Mújica Murga. Si se demostrase que el empresario mexcano ingresaba ese dinero como posible pago de una comisión por algún favor del anterior rey, Juan Carlos ya no estaría protegido ni por el estatus de inviolable, ya que la actividad es posterior a 2014, ni por su régimen de aforado.
Antiblanqueo considera, según El Mundo, que este trust se encontraba «plenamente activo» en el momento en el que se dio a conocer la noticia y que era el anterior jefe del Estado español quien lo controlaba personalmente. Esta investigación la dirige el fiscal jefe de delitos económicos, Juan Ignacio Campos, que es el encargado a su vez de gestionar las pesquisas acerca de las tarjetas black, y el equipo lo integran, a su vez, los fiscales del Alto Tribunal Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig.
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