Política

La investigación en Suiza sitúa contra las cuerdas al Rey emérito por las comisiones del AVE

La declaración que hizo el abogado Dante Canónica ante el fiscal Bertossa comprometen el futuro procesal de Juan Carlos I, al que ya investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo por la posibile comisión de delitos fiscal y de blanqueo de capitales

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La investigación en Suiza sitúa contra las cuerdas al Rey emérito por las comisiones del AVE
Juan Carlos I con Mohamed bin Salman, príncipe heredero saudí.

Juan Carlos I con Mohamed bin Salman, príncipe heredero saudí. EP

Resumen:

A finales de agosto de 2018, en vísperas de que Juan Carlos I se proclamara campeón de Europa de seis metros a la caña del Bribon Movistar en aguas de La Trinité-sur-Mer (Bretaña, Francia), el ya Rey emérito iniciaba sin saberlo un viaje que tendrá su última etapa en el Supremo. Con el impulso de las pesquisas que lleva a cabo un fiscal en Suiza, la Fiscalía del alto tribunal ha iniciado una investigación que determinará si presenta querella contra el monarca por delitos fiscal y blanqueo de capitales derivados del presunto cobro de comisiones por su intermediación en la concesión del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas.

Lejos de diluirse, los indicios y testimonios que incriminan al padre del rey van en aumento y comprometen muy seriamente su futuro procesal, después de que hubiera perdido la prerrogativa de la inviolabilidad que conllevó la abdicación a favor de Felipe VI en junio de 2014. Desde entonces puede ser investigado por el Supremo, al mantener el aforamiento ante dicho órgano jurisdiccional, concretamente ante la Sala Segunda de dicho tribunal.

El 24 de agosto de 2018, al inicio de las pesquisas que lleva a cabo el fiscal suizo Yves Bertossa, tuvo lugar una declaración que puede impulsar la querella contra Juan Carlos I. Aquel viernes, el abogado Dante Canónica contó al fiscal que el hoy Rey emérito le encargó «crear una estructura» para transferir una «importante donación» que iba a recibir del rey de Arabia Saudí, según ha desvelado este lunes El Español.

«Preguntó si existía la posibilidad de crear una estructura para recibir esta donación. Le respondí que era importante que supiéramos la cantidad y que también era importante crear una estructura totalmente transparente, es decir, que Juan Carlos I apareciera como beneficiario efectivo», declaró.

La donación era supuestamente el pago de 100 millones de dólares que el Rey emérito habría recibido y ocultado al fisco español por influir para que el megacontrato relativo a la ampliación de la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina -presupuestado inicialmente en 6.500 millones de euros- se adjudicara a un consorcio español formado por las empresas OHL, Indra, Cobra, Inabensa, Imathia, Copasa, Dimetronic, Renfe y Talgo. Ese encargo se dio a conocer en octubre de 2011, cuando Juan Carlos I estaba al frente de la Corona y gozaba aún de la inviolabilidad que consagra la Constitución en su artículo 56.3.

Dinero «por amor»

El dinero se ingresó inicialmente en una cuenta que la Fundación Lucum -de la que era beneficiario Juan Carlos I- tenía en un banco panameño. Fue a raíz del accidente de caza sufrido en Botsuana en abril de 2012 cuando la entidad bancaria le pidió que retirara los fondos por motivos reputacionales, momento en el que -según sospecha el Ministerio Público helvético- se transfirió a una cuenta abierta en el banco Gonet de Bahamas cuya titular era Corinna Larsen.

El 19 de diciembre de 2018, la ex amante del rey compareció en la sede la Fiscalía de Ginebra en calidad de investigada en el marco de las pesquisas que dirige Bertossa. Éste había iniciado ese verano una investigación contra el abogado Canónica y el gestor fiscal Arturo Fasana -las dos personas que habrían ayudado al rey emérito a ocultar el dinero procedente de presuntas actividades ilícitas- tras trascender el contenido de la grabación que de forma subrepticia hizo el comisario José Manuel Villarejo en Londres. En el audio, fechado en junio de 2015, la aristócrata confesaba que el monarca la había utilizado como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero y que contaba con cuentas en Suiza a nombre de su primo.

El abogado Canónica dio detalles al fiscal Bertossa del encargo que le hizo el Rey antes de recibir la donación millonaria

Según consta en el acta de su declaración, desvelada este domingo por El País, Corinna Larsen reconoció que Juan Carlos I le transfirió 64,8 millones de euros en 2012 «no para deshacerse del dinero» sino «por gratitud y por amor». «Todavía tenía la esperanza de recuperarme», mantuvo. Suiza ya ha enviado a las autoridades españolas las pesquisas que ha llevado desde hace casi dos años y que son determinantes para la investigación que dirige el fiscal de Sala del Tribunal Supremo experto en derecho penal económico Juan Ignacio Campos.

Después de que El Español y Okdiario publicaran el audio de la conversación entre Larsen y Villarejo se abrió una pieza separada en el caso Tándem. Accediendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Diego de Egea -entonces magistrado de apoyo en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional- archivó las diligencias al gozar Juan Carlos I de inviolabilidad como jefe del Estado en el momento de los hechos investigados.

Los letrados del Congreso de los Diputados interpretan de manera extensiva la inviolabilidad de Juan Carlos I y consideran que se mantiene durante todo el tiempo que fue Jefe de Estado, de ahí que rechacen que se tramite una comisión de investigación sobre el emérito en la Cámara Baja como pidieron Unidas Podemos, nacionalistas e independentistas. Habrá que ver si la Sala Penal del Supremo comparte esta interpretación.

El papel del embajador saudí

Pero, hasta ahora, la investigación de la Fiscalía suiza ha seguido su curso, reuniendo indicios que comprometen seriamente al rey emérito. La declaración como investigado de Dante Canónica en agosto de 2018 ante Yves Bertossa -cuyo contenido no ha trascendido hasta casi dos años después- sirve para encajar algunas piezas de este entramado puzle que cerca a Juan Carlos I, sin actividad institucional y sin asignación oficial desde el pasado mes de marzo.

El abogado precisó que fue el rey quien les dio las «coordenadas» del entonces embajador de Arabia Saudí en EEUU, Adel Al-Jubeir, intermediario en la transferencia del dinero. «Nos dijo que podíamos contactarle para saber el monto de la donación», aseguró.

Los letrados del Congreso creen que la inviolabilidad de Juan Carlos I se mantiene durante todo el tiempo que fue Jefe de Estado

Según el relato de Canónica, el diplomático saudí contactó con el gestor Arturo Fasana para conocer si se había abierto una cuenta bancaria para poder hacer la transferencia. «A petición mía, Fasana se reunió con Al-Jubeir en Basilea, en la terminal de Jet Aviation, para darle los detalles del IBAN de la cuenta que habíamos abierto», añadió.

Días después de aquel encuentro, el dinero llegó a su destinatario. No fue hasta entonces cuando se conoció el importe de la donación del rey saudí. «Llamamos a Juan Carlos I, que se quedó atónito al saber la cantidad que se había pagado. Pronunció una frase como ‘¡Oh, Dios mío! Han sido muy generosos», agregó.

La transferencia se materializó en junio de 2012, dos años antes de que el hoy emérito abdicara la Corona en favor de su hijo. Ese mismo año decidió cerrar la cuenta y hacerle el ingreso a Corinna Larsen. Según Canónica, Juan Carlos I «no se sentía cómodo con la cuenta en un banco suizo» y a medio plazo podía una ser una «bomba de relojería», a lo que se sumaba que la entidad helvética consideraba que era un «riesgo reputacional» que había que conjurar.

El avance de las pesquisas llevó a la Casa del Rey el pasado 15 de marzo a marcar distancias con Juan Carlos I y a anunciar que éste dejaba de recibir asignación oficial. En un comunicado de tres páginas, Felipe VI aseguraba desconocer su condición de beneficiario en las fundaciones presuntamente utilizadas por su padre para cobrar comisiones -Lucum y Zagatka- y renunciaba a la herencia que le pudiera corresponder. Ello incluye «cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada».

Rumbo a los 83 años y con una precaria salud, la investigación del fiscal Bertossa sitúa contra las cuerdas al rey emérito, que en su discurso de Navidad de 2011 -en pleno escándalo del caso Nóos– reclamó un «comportamiento ejemplar» a los servidores públicos para que la «desconfianza» en las instituciones no se extendiera entre la ciudadanía por conductas «irregulares». La investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Supremo será el primer paso para conocer si su actuación merece o no reproche penal.

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