El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EUROPA PRESS

España

El reparto de los fondos europeos, la primera gran guerra política del 2021

El año nuevo arranca con el tablero político revuelto. Después de que en 2020 la gestión de la pandemia tensase hasta el extremo las costuras del Estado de las autonomías, 2021 arranca con una nueva batalla en ciernes entre el Gobierno central y los ejecutivos regionales tras las decenas de desencuentros que el año pasado se sucedieron sobre todo a cuenta de las restricciones para frenar la expansión del Covid. Esta vez, el «arbitrario» reparto de los 10.000 millones de euros de los fondos europeos y la «opacidad» en los criterios que algunas autonomías denuncian por parte de Moncloa ha desatado otra oleada de reproches y acusaciones entre Gobierno y CCAA, y más concretamente entre el Ministerio de Hacienda y el de Sanidad y el Partido Popular.

El tema que ocupa y preocupa es el reparto del fondo REACT-EU compuesto por un total de 10.000 millones de euros para paliar los efectos del Covid-19 -que se repartirán en dos tandas, con 8.000 millones a repartir en 2021 y otros 2.000 en 2022-, un capital que, a su vez, forma parte de un paquete de ayudas europeas más amplio, aquel aprobado por la Comisión Europea en julio de 2020 y alcanza la cifra total de 750.000 millones, de los que a España le corresponden, aproximadamente, unos 140.000 millones entre subvenciones y préstamos.

Quien prendió la mecha de la batalla por el «injusto» reparto orquestado por el departamento de María Jesús Montero en connivencia con el de Salvador Illa fue Isabel Díaz Ayuso. Desde hace días, la presidenta madrileña viene denunciando la «discriminación inaceptable e injusta» en «el momento menos adecuado» por el trozo del pastel que le corresponde a la Comunidad de Madrid de esos primeros 10.000 millones. Y ya avanzó que la batalla contra el Ejecutivo no se quedará en un par de ruedas de prensa y varios mensajes en Twitter: llevará su guerra particular a Bruselas.

Este lunes, la ministra de Hacienda informó de cómo se organizaría la asignación de esos recursos económicos excepcionales. Andalucía y Cataluña serán las comunidades autónomas más beneficiadas, con 1.881 y 1.706 millones de euros, respectivamente. Les siguen la Comunidad de Madrid, con 1.284 millones; la Comunidad Valenciana, con 1.254 y, ya más lejos, Canarias, con 630 millones de euros. María Jesús Montero defendió que el reparto de este nuevo fondo se había hecho en base a tres «criterios objetivos», entre los que mencionó el nivel de riqueza, de paro juvenil, o la caída del PIB en cada comunidad autónoma. No se ha tenido en cuenta, por ejemplo, el porcentaje poblacional, por lo que algunas comunidades autónomas, como Valencia, reciben más dinero del que les correspondería por población; y otras, como Castilla y León, cobrarán menos.

Pero las explicaciones de la titular de Hacienda no fueron suficientes para Ayuso. En el ejecutivo regional dicen no entender por qué Madrid percibirá 422 millones de euros menos que Cataluña cuando ambas comunidades autónomas tienen prácticamente el mismo peso en el PIB nacional y, además, Madrid ha sido una de las comunidades autonómas en que más se ha dejado notar el impacto del Covid-19 en sus dos oleadas. «El reparto está pensado contra los madrileños. Nunca se ha visto una arbitrariedad así», pronunciaba la propia Ayuso días atras.

La presión de parte de la Comunidad de Madrid a Moncloa ya ha comenzado. Este miércoles, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, enviaba una misiva al Ministerio de María Jesús Montero exigiéndole que proporcione «una explicación adecuada» en base al agravio, a juicio del ejecutivo regional, intencionado, de Sánchez contra Madrid a cambio de beneficiar a sus «socios independentistas». «No se puede entender cómo se ha calculado el impacto de la crisis en cada comunidad, dado que, a día de hoy, esa cifra no existe», exponía Lasquetty en la misiva. «Si no aclara en qué datos se apoya el reparto del fondo, tendremos que pensar que ha existido algún grado de arbitrariedad en su distribución», zanjaba. La consigna de la Comunidad de Madrid en los primeros días del año es clara: o aclaraciones o una batalla que puede acabar, de nuevo, en los tribunales.

El «robo» de Sánchez para «pagar» a Rufián y Otegi

Los barones del PP y el propio Casado se han puesto de perfil en algunas cuestiones que ha reivindicado Ayuso en su guerra particular contra Sánchez a lo largo de 2020, pero no ha ocurrido con el tema del reparto de los fondos. El grito ha sido unánime a lo largo y ancho de todas las autonomías comandadas por PP y Ciudadanos. Uno de los más críticos fue el vicepresidente de Andalucía, Juan Marín, pese a que la suya es la región más beneficiada por el reparto de las primeras ayudas europeas (18,8% del total) por el porcentaje de población que representa. El dirigente de Ciudadanos acusó a Sánchez directamente de «robar» a Andalucía para «pagar favores» a Rufián y Otegi y defendió que, según los criterios de Europa, a la Junta le corresponderían 3.200 millones. «Nadie va a estar contento» con el reparto, «salvo País Vasco y Cataluña» porque «es un traje a medida a las comunidades autónomas que les prestan su apoyo para seguir gobernando», zanjó.

También el popular Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, aseguró sentirse «muy decepcionado» por la recepción de unas ayudas que deberían haber sido de 500 millones y no de 335 como está estipulado para la comunidad autónoma. Es «una financiación según San Mateo: a quien más tiene, más se le dará. A quien menos tenga, incluso se le quita», lamentó en este caso el vicepresidente regional, Francisco Igea.

«Nos perjudicaron con el reparto de los fondos Covid, salimos especialmente perjudicados en los Presupuestos, y volvemos a estar perjudicados» con el fondo REACT-EU, sostuvo en este caso el líder de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó directamente a Sánchez de actuar en base a criterios «políticos» que «sirven exclusivamente para mantener la mayoría parlamentaria». «Nos dieron la información sin discusión», continuaba el líder gallego, en relación a la reunión que tuvo la ministra de Hacienda con varios cargos de su departamento y los directores de fondos europeos de todas las comunidades y ciudades autónomas el pasado lunes, antes de hacer público cómo se iba a organizar el reparto. «Si miran quién gana, siempre es la misma: Cataluña», sentenciaba.

El ambiente político ya está enrarecido no sólo entre el Gobierno y las CCAA del PP, sino también entre las propias comunidades autónomas en función de las siglas políticas que las ocupen. El choque de trenes ya se ha producido, y eso que sólo está decidido el destino de una décima parte de las ayudas, lo que augura un futuro negro en términos de conciliación política cuando haya que discutirse el destino del grueso de la partida presupuestaria, previsto para la próxima primavera.

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