La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a abordar "todo lo que quieran plantear las Comunidades" en el Consejo Interterritorial de Salud en su reunión de mañana, pero a continuación ha insistido una y otra vez en que el actual decreto proporciona a las distintas Comunidades los suficientes instrumentos para embridar al tercera ola de contagios.

"Aún tienen margen" con el actual decreto para evitar los contactos que no sean necesarios "y todas las Comunidades ajustan su situación a la intensidad de las actuaciones que tienen que poner en marcha", ha afirmado la ministra en su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Ministros. El actual decreto ya se aplica de forma "asimétrica" y en materia de restricción de movilidad "tienen que explorarlo". Cualquier otra decisión, "afecta a derechos fundamentales".

A pesar de que van creciendo las voces que piden ampliar el toque de queda a las ocho de la tarde, ha subrayado que "no hay ningún tipo de polémica salvo aquellos que quieren convertir todo en una lucha". Por su parte, el Ejecutivo "no va a entrar en ningún tipo de polémica por el coronavirus. Los ciudadanos nos piden que trabajemos juntos. Aquellos que quieran confrontar, no van a encontrar respuesta por parte de este gobierno", ha subrayado. En este sentido ha llegado a decir que "evidentemente", el Gobierno "no tiene ninguna posición prefijada. Lo que tiene que prevalecer son los criterios técnicos y científicos que aconsejan también a las autoridades autonómicas".

Por otro lado, interrogada sobre la decisión del TSJ de Cataluña respecto a la suspensión cautelar de las elecciones autonómicas de febrero, "es acatada por el Gobierno y hay poco más que añadir" ha dicho Montero sin querer entrar en si defiende, como el PSC, que la consulta se celebre el 14-F o, como muy tarde, antes de Semana Santa. "Son los tribunales los que tenían la responsabilidad en pronunciarse ante una cuestión recurrida y habrá que esperar al resultado definitivo. El debate está en torno a los partidos de Cataluña", ha contestado la ministra.

Desautorización de Pablo Iglesias

Bajo el telón de fondo de las polémicas declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, equiparando al prófugo de la justicia Carles Puigdemont con los exiliados por el franquismo, la mimistra ha defendido "con absoluta firmeza" que España "es un estado social y de derecho y estamos ante una democracia plena".

En una clara desautorización a su compañero del Consejo de Ministros, ha recordado como los exiliados "defendieron la legalidad vigente y otros la quebrantan" y ha pasado a enumerar las distintas medidas tomadas en estos años para "recuperar la dignidad de los que pusieron su vida en peligro y la de su familia por defender la libertad" como la Ley de Memoria Histórica o la actual de Memoria Democrática.