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La justicia suspende cautelarmente el aplazamiento de las elecciones en Cataluña

El vicepresidente del Parlament, Josep Costa, de JxCat, reclama ya dimisiones por la suspensión de la prórroga electoral

Pere Aragonés firma el decreto de suspensión de las elecciones en Cataluña Rubén Moreno

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado la petición de medidas cautelarísimas para suspender el decreto aprobado el pasado viernes por la Generalitat que suspendía a su vez la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 14 de febrero. El tribunal advierte en su escrito que esta decisión no prejuzga su posición final sobre la prórroga electoral, que ha sido recurrida por un particular y tres partidos políticos extraparlamentarios: la Lliga, Pacma e Izquierda en Positivo.

De momento, por tanto, sigue vigente el proceso electoral en Cataluña y queda suspendida la prórroga hasta el 30 de mayo. El Tribunal ha dado traslado a la Generalitat de esta decisión. El Gobierno catalán tiene hasta el jueves por la mañana para presentar alegaciones. Será entonces cunado el TSJC resuelva sobre el fondo de la cuestión.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha advertido de que el ejecutivo «no comparte la decisión del TSJC». Budó ha defendido que la prórroga electoral «responde a criterios sanitarios que siguen plenamente vigente» y ha reclamado a la justicia que resuelva «con la máxima celeridad».

El Govern rechaza la decisión

El consejero de Relaciones Institucionales, Bernat Solé, ha explicado que el ejecutivo catalán retoma los preparativos electorales y ya ha avisado a los gobierno locales de que debe empezar el sorteo de miembros de mesas electorales. La Junta Electoral Central ha acordado, por su parte, publicar las candidaturas oficialmente validadas para el 14F tras la decisión del TSJC.

«Consideramos que el recurso perdería su finalidad si no se decreta la suspensión del Decreto impugnado» advierte la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del TSJC en los fundamentos jurídicos de su resolución. Recuerdan los magistrados que la tutela judicial «sería ilusoria» si no se suspende la prórroga electoral, «dada la imposibilidad de seguir con la tramitación del proceso electoral en los plazos establecidos en la legislación
orgánica».

En este contexto, «entendemos que debe adoptarse la medida cautelar de suspensión por causa de urgencia extraordinaria, con carácter instrumental o procedimental, continuando el proceso electoral convocado en tanto se sustancia esta pieza con la mayor agilidad».

El PSC ve ratificadas sus «dudas jurídicas»

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha señalado que su formación ya apuntó «serias dudas jurídicas» sobre el decreto de suspensión del Govern. Iceta ha recordado que propusieron un aplazamiento técnico de 4 ó 5 semanas que «hubiera salvado la necesidad de convocar elecciones fijadas por ley y dar plenas garantías» de seguridad sanitaria al proceso electoral. El Govern, sin embargo, impuso la propuesta de Pere Aragonés, de posponer las elecciones al 30 de mayo.

Ahora, ha añadido, toca esperar a que resuelva el TSJC. Iceta ha reclamado que mientras tanto el Govern debe seguir con los preparativos para que las elecciones se celebren con máximas garantías de seguridad para todos. «Los gobiernos tienen que resolver problemas no crear problemas y la mejor manera de hacerlo es ajustarse al máximo a la seguridad».

El más duro, sin embargo, ha sido el vicepresidente del Parlament y diputado de JxCat, Josep Costa, que ha exigido «dimisiones» por el fiasco de la prórroga electoral acordada por el Govern. Una petición de ceses que va dirigida a sus «socios» de ERC, puesto que la dirección de procesos electorales depende del republicano Bernat Solé, y Pere Aragonés fue el responsable de firmar el decreto de aplazamiento ahora suspendido.

Cuatro recursos

En sólo dos de las cuatro demandas presentadas contra el decreto de la Generalitat se planteaban medidas cautelarísimas. La primera de ellas, la que ha resuelto hoy el TSJC, es la presentada a título particular por Josep Asensio, un abogado que decidió recurrir la decisión del Govern por su «incongruencia», según ha explicado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Con la prórroga electoral, argumenta Asensio, «no podemos ir a votar pero podemos hacer exámenes presenciales en la Universidad o ir hacinados en el Metro» ha apuntado para explicar su recurso. En el caso de los recursos instados por La Lliga, Pacma e Izquierda en Positivo, se cuestiona especialmente el hecho de que el decreto no fundamente suficientemente la situación sanitaria que ha llevado a la suspensión ni las medidas adoptadas para evitar llegar a este punto.

Los recurrentes denuncian además que el decreto aprobado por el Govern el pasado viernes, en el que se apuntaba a elecciones el 30 de mayo, no fija las condiciones exigibles para que esos comicios se lleven a cabo, dejándolo de nuevo a decisión del gobierno autonómico.

Bronca entre Govern y Moncloa

La presentación de los recursos de la Lliga y Federalistas de Izquierdas llevó este lunes a ERC a denunciar una maniobra orquestada por Moncloa y el PSC para anular la prórroga electoral catalana. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, advirtió de un «155 electoral» del que acusó a los socialistas, porque la Lliga estuvo en negociaciones con ellos para concurrir juntos a los comicios y Federalistas cuenta entre sus filas con el presidente del Senado, Manuel Cruz, o la diputada autonómica Beatriz Silva, adscrita al PSC.

Los socialistas son el único partido con representación parlamentaria en Cataluña que se ha mostrado abiertamente contrario a la prórroga electoral. El PSC criticó además, especialmente, que el Govern pospusiera las elecciones al 30M, tras proponer sin éxito una «prórroga técnica» de un mes, hasta el 14 o 21 de marzo.

«Si el PSC hubiera querido recurrir lo habría hecho» ha respondido hoy Iceta, quien ha descartado presentar un recurso ahora, una decisión en la que habría participado el ministro y candidato, Salvador Illa, según ha explicado Iceta. «El PSC se abstendrá de añadir más elementos jurídicos, no queremos que nadie pueda interpretar que nos mueve interés electoralista».

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